El juez federal Alvin Hellerstein emitió una orden que regula el manejo del material confidencial en el proceso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, en una decisión que endurece el control sobre las pruebas del caso.
La disposición, firmada esta semana en Nueva York, adopta el esquema propuesto previamente por la Fiscalía de Estados Unidos, que justificó la necesidad de proteger la evidencia ante posibles riesgos para testigos y la integridad de la investigación.
La medida surge en el contexto del proceso de ‘discovery’, mediante el cual la defensa accede a las pruebas antes del juicio. Sin embargo, la orden establece criterios estrictos sobre cómo puede utilizarse y compartirse ese material.
Uno de los puntos centrales prohíbe a los abogados de Maduro y de Cilia Flores compartir evidencia con otros acusados que permanecen prófugos, entre ellos Diosdado Cabello y otros señalados en el expediente.
“El material no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados”, establece la orden judicial.
Asimismo, el juez determinó que la evidencia entregada por la Fiscalía solo podrá utilizarse “para propósitos de defensa”, lo que impide su divulgación en internet, redes sociales o medios de comunicación.
El documento también contempla niveles adicionales de confidencialidad, permitiendo que ciertas pruebas sean presentadas bajo sello o incluso restringidas únicamente al equipo legal, sin acceso directo para los acusados, como parte de un sistema más riguroso de protección.
Estas restricciones responden al temor de las autoridades de que la divulgación de información sensible pueda poner en riesgo a testigos o afectar el desarrollo del proceso, en un caso que involucra acusaciones de narcoterrorismo y crimen organizado.
Finalmente, la orden establece que las limitaciones sobre el material confidencial continuarán vigentes incluso después de concluido el juicio, bajo supervisión del tribunal, lo que refuerza el carácter excepcional y de alto riesgo del proceso judicial.
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