La principal fuerza de oposición en Bolivia, Alianza Libre, anunció que promoverá la creación de una comisión especial en el Senado para investigar la presunta influencia ejercida por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en favor de una empresa peruana que enfrenta procesos judiciales en ese país.
La iniciativa surge un día después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española señalara en un informe que el exmandatario habría recibido €200,000, equivalentes aproximadamente a $234,000, entre 2024 y 2025 como presunta contraprestación por realizar gestiones ante el entonces Gobierno del presidente Luis Arce.
La senadora Tomasa Yarhui, jefa de la bancada de Alianza Libre, informó que solicitarán la conformación de una comisión especializada para esclarecer los hechos y obtener información oficial de las investigaciones desarrolladas en España.
«Vamos a pedir, como bancada Libre, la conformación, en la Cámara de Senadores, de una comisión especializada para la investigación y así solicitar, a través de la Cancillería, toda la documentación de las investigaciones (que se realizaron) en España», declaró Yarhui.
La legisladora sostuvo que el caso debe investigarse antes de emitir conclusiones y aseguró que el objetivo es determinar si existieron actuaciones irregulares relacionadas con la presunta intermediación del exjefe del Ejecutivo español.
«Para nosotros es de vital importancia este tema para que se pueda investigar y sancionar. Estamos estableciendo que primero se deben investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos», agregó.
Según el informe elaborado por la UDEF, el pago habría sido canalizado mediante un supuesto contrato de asesoría firmado con la empresa Focus Social Research, considerada por los investigadores como una sociedad utilizada para justificar la operación.
La investigación policial sostiene además que Rodríguez Zapatero habría realizado gestiones para organizar reuniones entre directivos del Grupo Gloria y autoridades bolivianas, incluido el entonces presidente Luis Arce, con el propósito de favorecer los intereses de la compañía peruana en litigios mantenidos con el Estado boliviano.
El documento también indica que el exmandatario español sostuvo contactos con altos funcionarios del Gobierno de Bolivia durante un viaje realizado a La Paz en septiembre de 2024, como parte de las diligencias señaladas en la investigación.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial en España y no existe una resolución firme sobre los hechos atribuidos al expresidente, mientras el caso comienza a generar repercusiones en el ámbito político boliviano.
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