La Unión Europea (UE) y los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) defendieron este miércoles la labor del tribunal y de su presidenta, Tomoko Akane, quien ha sido sancionada por Estados Unidos en el último episodio de la campaña de Washington contra la corte de La Haya.
Los representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, así como la Asamblea de los Estados Partes de la CPI -donde están representados 125 países-, se pronunciaron este miércoles en apoyo de Akane y del tribunal, tras el anuncio el martes de las nuevas sanciones de Estados Unidos.
Los Estados integrantes de esta instancia acusaron además a Washington de «erosionar el Estado de derecho» y el «orden internacional basado en reglas».
La Administración que lidera Donald Trump decidió, en concreto, sancionar a la jueza japonesa y a Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, limitando las operaciones en cuentas asociadas a ambos, al considerar que la CPI es un tribunal «corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad» y «se ha extralimitado en su mandato», según dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.
«Un riesgo para el orden jurídico internacional»
Las nuevas sanciones «constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de las funciones encomendadas para investigar y juzgar casos que involucran los peores crímenes conocidos por la humanidad», señaló la Asamblea de la CPI este miércoles en un comunicado.
La «escalada» de medidas punitivas contra funcionarios y personal de la CPI por parte de EE.UU. «corre el riesgo de socavar las investigaciones en curso y de dificultar los esfuerzos globales orientados a garantizar la rendición de cuentas y a hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto», alertaron los países miembros de la CPI.
«Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional», había señalado en la misma línea el tribunal en un breve comunicado el martes.
Bruselas, Berlín y Tokio cierran filas con la CPI
Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, publicaron un mensaje idéntico este miércoles en sus redes sociales en el que mostraron su apoyo al tribunal y defendieron su labor.
«Nos mantenemos firmemente junto a la CPI, a la presidenta Tomoko Akane y a los funcionarios que defienden su misión. La CPI ayuda a brindar justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo. Para llevar a cabo esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas», dijeron Von der Leyen y Costa.
El Gobierno alemán también expresó su respaldo a Akane, al tiempo que ensalzó la tarea de un tribunal «que ha sacado a la luz los peores crímenes contra la humanidad, como el reclutamiento de niños soldados en guerras civiles, y ha hecho rendir cuentas a los culpables de los delitos más graves», según un portavoz del Ministerio de Exteriores.
Asimismo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó hoy de «muy desafortunadas» las sanciones que afectan a la jueza nipona y añadió que su Gobierno «continuará respondiendo a esta situación» en coordinación con los países implicados.
La guerra de Trump contra el tribunal internacional
Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional.
Akane y Seye se suman ahora a la ‘lista negra’ de Washington, donde ya había nueve jueces y fiscales, en represalia por dos investigaciones de la CPI: la de crímenes de guerra en Afganistán, que podría afectar a militares estadounidenses, y la de Palestina, que incluyó la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos.
La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
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