Doce años después de la noche de Iguala (Guerrero, sur), en la que desaparecieron 43 estudiantes, sus padres y madres volvieron este sábado a las principales calles del corazón de la Ciudad de México para exigir verdad y justicia, mientras advierten que algunos de ellos están muriendo sin conocer qué ocurrió con sus hijos y las preguntas centrales del caso siguen abiertas.
La marcha partió del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo, la principal plaza pública del país.
En el trayecto, frente al Antimonumento +43 y en la llamada «glorieta de los desaparecidos» en la avenida Paseo de la Reforma, los familiares y estudiantes realizaron el conteo del uno al 43 para recordar a los desaparecidos antes del mitin final.
“Nos llena de coraje porque no hemos podido avanzar y tener información del paradero (de los 43)”, dijo Isidoro Vicario Aguilar, abogado y representante de las familias, quien insistió en que siguen esperando datos que los acerquen a saber dónde están los jóvenes.
«Hoy 26 de septiembre es un día importante que debemos seguir levantando la voz para seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa», exclamó.
Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos, también subrayó que la protesta era pacífica y que el mensaje central continúa siendo encontrar con vida a los normalistas.
Sus palabras devolvieron el caso a sus interrogantes esenciales: qué ocurrió con los 43 tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 y dónde están.
El tiempo de familias se agota
Las familias advirtieron que el tiempo se agota para ellas, mientras algunos de sus compañeros de lucha, otros padres y madres de los jóvenes desaparecidos, han perdido la vida sin conocer la justicia en su caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó a Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, fallecido este año, y a otras madres y padres que murieron sin conocer la verdad sobre sus hijos.
La CIDH pidió preservar los avances, acelerar la búsqueda y profundizar las investigaciones sobre la cadena de mando político, los órganos de seguridad del Estado y posibles vínculos de agentes militares y policiales con grupos criminales.
También expresó preocupación por narrativas que cuestionan o minimizan la participación de las fuerzas militares.
El organismo recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó la llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia calificó la desaparición como un crimen de Estado y hasta ahora se han identificado restos de tres estudiantes.
Amnistía Internacional denunció que persiste el ocultamiento de información militar y reclamó al Ejército entregar los documentos generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, incluidos 853 folios solicitados por las familias y cuya entrega fue ordenada por un juzgado.
Nuevo informe en la puerta
El Gobierno presentará el lunes un informe sobre nuevas líneas de investigación, basado, según la presidenta Claudia Sheinbaum, en comunicaciones telefónicas, evidencias científicas, búsquedas y nuevas detenciones.
La presentación, cuyo plazo original era antes del aniversario del sábado 26, fue postergada al lunes 28.
Sheinbaum explicó que el viernes había “demasiadas actividades” y que el sábado era la marcha, por lo que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán expondrán los nuevos avances.
El nuevo informe llegará así después del aniversario que el Gobierno se había fijado como límite original, mientras las familias mantienen la misma exigencia que abrió su lucha: conocer el paradero de sus hijos y obtener justicia.
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