El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó el martes que cuatro extranjeros vinculados a la empresa Venicars continúen en detención provisional, mientras enfrentan nuevas acusaciones por múltiples delitos relacionados a una presunta estafa masiva.
Los procesados son los venezolanos Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Álvarez, así como el ecuatoriano Gabriel Alexander Ponce Ruiz. Se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, estafa agravada, captación ilegal de fondos, defraudación a la economía pública y agrupaciones ilícitas.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía detalló que los imputados enfrentan ahora 10 nuevas denuncias, que se suman a otras 10 ya admitidas en el proceso judicial. Además, los fiscales aseguraron que hay 580 denuncias certificadas y más de 1,000 bajo investigación, todas relacionadas con el mismo esquema fraudulento.
Según la acusación, los implicados ofrecían vehículos a través de la empresa Venicars, con una supuesta alternativa “más económica” para personas sin acceso a crédito bancario. Las víctimas debían pagar una “suscripción” y luego abonar cuotas, con la promesa de recibir el automóvil en un plazo máximo de 20 días, lo cual nunca ocurrió.
El juez admitió los nuevos indicios presentados y ordenó que las denuncias adicionales se integren al expediente principal del caso, manteniendo la medida de detención para los imputados mientras continúa el proceso penal.
El caso salió a la luz el pasado 18 de marzo, cuando la Fiscalía General de la República allanó dos sucursales de Venicars ubicadas en Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo y en calle La Mascota, en San Salvador. Las investigaciones comenzaron tras las denuncias de al menos 10 personas que dijeron haber sido estafadas al pagar por vehículos que nunca recibieron.
Durante los operativos, las autoridades congelaron fondos por un total de $848,359.79 en cinco cuentas bancarias. Se estima que el monto total defraudado supera los $2,500,000. Venicars operó en el país entre octubre de 2024 y marzo de 2025, cuando fueron ejecutadas las capturas.
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