Allanan siete negocios que vendían celulares robados por banda de carteristas del transporte público

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este martes allanamientos en siete establecimientos del centro de San Salvador, donde se comercializaban celulares y aparatos tecnológicos hurtados por una banda de carteristas, recién desmantelada, que operaba en el transporte público. 

Los operativos se desarrollaron en siete establecimientos ubicados en los mercados Hula Hula y Sagrado Corazón, así como en la plaza cercana al Parque Libertad, en pleno Centro Histórico de San Salvador.

Durante los registros, las autoridades capturaron a:

  • Juan Carlos Bautista Sánchez,
  • Julio César Pérez Pérez,
  • Adrián Pérez Hernández,
  • Gregorio Antonio Pacas López,
  • Luis Ernesto González Esquivel
  • y Vides Hernández Erazo, quienes serán procesados por el delito de receptación.

De acuerdo con un fiscal que participó en el operativo, los capturados recibían los celulares y aparatos tecnológicos hurtados por la estructura de carteristas —detenida el pasado 31 de octubre— y los revendían sin documentación que acreditara su propiedad.

Entre los artículos incautados se encontraron celulares y tablets, algunas de las cuales fueron identificadas como parte del equipo entregado por el Ministerio de Educación a estudiantes para uso escolar.

La FGR continúa con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en la red de comercialización de dispositivos robados en el transporte público y en distintos puntos del centro capitalino.

Entre los robos estaba una tablet del Ministerio de Educación. FGR

El pasado 3 de noviembre, el gabinete de Seguridad presentó a al menos 37 personas ligadas a esta banda de carteristas que robaban en autobuses de las rutas 29, 38, 101 B, 41 A, 45 AB , 91 y en otras que circulan en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad.

Entre los capturados se reportan 17 hondureños, 11 salvadoreños, 8 nicaragüenses y un guatemalteco. Uno de los indicios para investigar a los acusados es que remesaban todos los días entre $80 y $120 hacia otros países. Hasta el momento, este caso no ha sido judicializado.