La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) y habitantes de la comunidad Santa Marta solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que no apele la resolución judicial del Tribunal de San Vicente que absolvió a ocho personas, acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado.
La comunidad celebró el fallo emitido por el referido tribunal, el cual determinó que no existían pruebas suficientes para vincular a los acusados con los hechos. Los señalados, todos miembros de Santa Marta y líderes comunitarios vinculados a luchas ambientales en contra de la minería.
«Nosotros aplaudimos la posición del tribunal porque es lo que hemos esperado desde hace más de 2 años en el que hemos venido demandando la libertad de los compañeros ya que hasta este momento la fiscalía no ha podido demostrar ni siquiera que el caso existió mucho menos vincular a los compañeros y eso nos satisface y celebramos como comunidad que el caso se cierre», expresó Alfredo Leiva, representante de ADES a las afueras del Juzgado Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, donde se realizó el juicio y se conoció el veredicto.
El Tribunal de San Vicente absolvió, por segunda vez a los procesados del caso Santa Marta, que fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989.
En ese sentido, las organizaciones comunitarias instaron al Ministerio Público a no apelar la decisión judicial, la cual en segunda ocasión exonera de los cargos a los ambientalistas de Santa Marta.
«Llamamos a la fiscalía que no apele esta decisión de este tribunal y que respete esta decisión y que ya no siga consumiendo recursos del Estado para financiar esta farsa»
Alfredo Leiva, representante de ADES
Según la valoración de los jueces, las pruebas presentadas en la vista pública fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de estos acusados, motivo por el que fueron absueltos de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas. Mencionar que la representación fiscal solicitó agregar un tercer delito, por privación de libertad, sin embargo, los jueces dijeron que no aplicaba porque no fue el fin del supuesto crimen y que al agregarlo sería tergiversar la exposición de la Fiscalía.
Los procesados en el caso fueron Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, todos exonerados de todos los delitos. Para ellos, la Fiscalía pedía hasta 41 años de cárcel.
«Creo que no ha sido nada fácil para la familia pasar todo esto. Me emociona mucho que la respuesta ha sido favorable para nosotros», dijo Vanessa Laínez, hija de Alejandro Laínez, uno de los acusados que fue absuelto por segunda vez en caso Santa Marta.
Proceso civil
No obstante, pese a fallo absolutorio, los jueces emitieron una condena por responsabilidad civil de manera abstracta en el sentido de que serán los ofendidos, los que deberán liquidar la cantidad correspondiente ante el juzgado de civil competente, «para que sean efectiva porque hay que establecer la indemnización en daños y perjuicios».
Ante ello, los representantes de Santa Marta manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se inicie un proceso civil contra los ambientalistas, ya que afirman que no existe razones para que los ambientalistas enfrentes un nuevo proceso, cuando ya fueron exonerados de los delitos de manera penal.
«Para nosotros es un sin sentido que los hayan absuelto, no haya encontrado pruebas sobre la acusación penal de los compañeros y se abra esa posibilidad para que pueda haber un proceso civil en contra de ellos, sabemos que al no existir el delito o los delitos por los que se les acusaba es un sin sentido de que se abra la posibilidad de un proceso civil»
Alfredo Leiva, dirigente de ADES
La organización sostuvo que la repetición del juicio se trató de una persecución en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes encabezaron la lucha en contra de la minería metálica en El Salvador.
Asimismo, los observadores internacionales que participaron en la vista pública declararon recientemente que no existían evidencias sólidas en contra de los acusados, y que las acusaciones eran vinculadas a una criminalización en contra de los defensores ambientales del país.