El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, de San Salvador, decretó en audiencia de imposición de medidas, que seis extranjeros ligados al caso de estafa mediante la agencia de carros Venicars, sigan en prisión preventiva, mientras el caso avanza a fase de instrucción.
La resolución de la audiencia inicial se emitió este viernes, luego que el jueves se iniciará el proceso judicial en contra de los acusados, según informaron equipo de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR) a Diario El Mundo.
Los procesados son Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, además de Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana.
Los seis sudamericanos son acusados de los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas.
Durante el proceso de investigación, la Fiscalía señaló que en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.
Además, de que las víctimas entregaron diversas cantidades de dinero que iban desde los $5,000 a $10,000 y nunca recibieron el vehículo y tampoco la devolución del dinero.
El 18 de marzo de 2025, la entidad fiscal realizó un allanamiento en la agencia de Venicars, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica; al igual que en la oficina administrativa de la empresa, en calle La Mascota, ambas en San Salvador, ante la denuncia de 10 personas que aseguraron haber sido estafadas por la empresa.
En dichos allanamientos se congeló la suma de $848,359.79 distribuidos en cinco cuentas en diferentes entidades bancarias de El Salvador y actualmente, se estima que el total de dinero estafado asciende a $2,500,000.
A la fecha, la Fiscalía señala que en el caso ya se contabilizan más de 1,000 denuncias de víctimas.
La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento y detención.
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