El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, en La Libertad revocó la orden de desalojo en contra de los habitantes de la Cooperativa El Bosque, en el cantón El Triunfo, de esa localidad.
La abogada de Socorro Juridico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar confirmó a Diario El Mundo sobre la nueva resolución del juzgado, que ocurre luego que la ministra de Vivienda, Michelle Sol se reuniera con los habitantes del lugar y se comprometiera a ayudarlos.
Son alrededor de 300 familias que el 7 de mayo, recibieron la notificación de desalojo para el 22 de mayo.
Tras conocer dicha resolución, el 12 de mayo residentes de la comunidad participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia presidencial, para pedir ayuda al Gobierno ante la orden de desalojo.
En dicha concentración fue detenido el líder comunitario, Ángela Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), según las imágenes difundidas por medios de comunicación en redes sociales.
Asimismo, se reportó la captura del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez en la afueras de las instalaciones de dicha organización, en la colonia Miramonte de San Salvador.
Posterior a las detenciones, los habitantes de la Cooperativa El Bosque denunciaron la presencia de agentes de la PNC en la comunidad y expresaron temor por su seguridad debido a que mencionaron llegaban en busca de otras personas sin órdenes de captura.
Ante ello, las organizaciones civiles y de derechos humanos realizaron un nuevo plantón en las cercanías de las bartolinas de la policía, conocidas como “El Penalito” en Lourdes, libertad de los dos detenidos a quienes se les acusa por el delito de desórdenes públicos. En el lugar, se visualizó una gran presencia policial, que no permitió el paso para dichas instalaciones.
Tras las capturas, el presidente Nayib Bukele, dijo que los eventos de la noche del pasado lunes fueron debido a “manipulaciones” de organizaciones hacia los residentes de la comunidad y que su objetivo “real” era “atacar el gobierno”.
Por lo que anunció que envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para aplicar un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales.
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