En el último día del juicio por el caso de negociaciones con pandillas, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, admitió haber sostenido reuniones con miembros de estructuras criminales en nombre del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pero rechazó haber concretado algún pacto o entrega de dinero a favor de los grupos delincuenciales.
“Yo siempre he aceptado que me reuní con representantes de las pandillas, nunca lo he negado, nunca he escondido mis motivaciones, ni de en nombre de quien lo hice, lo hice en nombre de Arena, así como en 2015 por la candidatura de Edwin Zamora para la alcaldía de San Salvador a quien estaba bloqueando las pandillas”, afirmó Muyshondt durante su intervención en los alegatos finales ante el Tribunal Primero de Sentencia.
Muyshondt argumentó que el objetivo de las reuniones era para facilitar que la población salvadoreña fuera a votar en las elecciones presidenciales de 2014 y legislativas y municipales en 2015 sin ser acosados por las pandillas.
“Mi motivación de todas las reuniones fue que la gente pudiera votar libremente, trabajar en el territorio libremente sin ser amenazado o coaccionado o intimidado por las pandillas”.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.
El exalcalde relató que sostuvo al menos siete reuniones con dichos grupos, dos en el año 2014 y cinco más en 2015, en las que el testigo criteriado con nombre clave “Noé” lideraba los encuentros mientras portaba un carnet de una organización no criminal.
Según explicó, las personas con las que se reunió nunca se identificaron como líderes pandilleros, sino como «mediadores y miembros de un proceso de pacificación”. Además que ninguno portaba ningún tatuaje visible alusivo a las pandillas.
El exedil capitalino afirmó que todas las reuniones eran del conocimiento del entonces presidente del partido tricolor, Jorge Velado.
Por otra parte, manifestó que nunca ofreció cerrar el centro penitenciario de Zacatecoluca, en La Paz, y menos de prometer dinero a pandillas a cambio de un apoyo para las elecciones de 2014 y 2015, como fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo que hicimos fue exponer el plan de gobierno de Arena, para que la gente lo conociera. Nunca les prometí beneficios carcelarios, ni cerrar ‘Zacatraz’, ni mucho menos les di dinero”, sostuvo Muyshondt ante los jueces de sentencia.
Muyshondt también cuestionó la versión de la Fiscalía, que lo acusa de entregar $138,000 a las pandillas a cambio de votos electorales, a lo que Muyshondt respondió que eran mentiras. «Es mi palabra contra la palabra de un terrorista»
“Yo no solo soy inocente como se ha demostrado en esta audiencia, sino además estoy orgulloso de lo que pude hacer para que la gente pudiera votar sin ser coaccionado por las pandillas”.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.
Además, Muyshondt negó haber tenido contacto con Raúl Mijango o Paolo Lüers, este último procesado en el mismo caso.
El exfuncionario consideró que el caso tiene motivaciones políticas y que su detención ya supera los 50 meses y más de 1,500 días, violentando su derecho a la defensa.
“No me fui porque decían que el que nada debe nada teme, por eso me quedé y siempre me presenté hasta que me dejaron detenido”, cerró Muyshondt.
Por último, cuestionó que no se haya procesado a otras figuras políticas mencionadas por el testigo, como el excandidato Edwin Zamora y el extesorero del partido Arena, quien sería el encargado de conocer los desembolsos del partido de derecha.
Al exedil se le procesa por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en los años de 2014 y 2015. La Fiscalía solicitó 24 años de cárcel por dichos delitos.
Benito Lara: “Ni cinco centavos» para las pandillas
Por su parte, el exministro de Justicia Benito Lara, también acusado en el caso, expresó que no entregó «ni un cinco» a las pandillas a cambio de apoyo electoral, sino que en su periodo como diputado de la Asamblea Legislativa promovió leyes en favor de la población.
“Por mis manos no pasaron nunca ni cinco centavos para la delincuencia. Nunca ha pasado una idea en mi mente, ni ninguna iniciativa en el caso legislativo que haya favorecido a la delincuencia, mi conducta ha sido distinta», dijo el exministro Lara previo a la audiencia del martes.
El exministro alegó que como diputado por el partido FMLN votó para la aprobación de la Ley de Contra las Pandillas, así como para la implementación de escuchas telefónicas para una mejor investigación e iniciativas para aumentar penas y combatir a los grupos criminales en el país.
“Como ministro hicimos acciones en centros penales, eso debe valorarse. Estoy con la frente en alto porque estoy convencido que por mis manos no ha pasado ni cinco centavos para las pandillas”, aseguró Lara.
En su declaración final, el exministro de Justicia negó haber tenido vínculos con pandillas y haber cometido fraude electoral, así como agrupaciones ilícitas, como lo acusa la Fiscalía.
La defensa
Durante los alegatos finales, las defensas de los acusados insistieron en la falta de pruebas materiales, la dudosa autenticidad de los videos presentados por la Fiscalía y las contradicciones en los testimonios del testigo “Noé”, con respecto a las presuntas reuniones.
Según destacaron peritos señalaron que los videos que forman parte de la prueba documental del Ministerio Público fueron descargados de internet y no pueden verificarse su autenticidad por presuntas alteraciones.
La defensa sostuvo que no se comprobó la participación activa de los acusados con estructuras criminales, ni que sus acciones hayan influido directamente en los resultados electorales de 2014 y 2015, ya que el sufragio de ambos años se desarrolló sin irregularidades.
En el caso también se procesa al exministro de Gobernación Arístides Valencia, Wilson Alvarado y Paolo Lüers, a quienes se les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal de Sentencia programó la lectura del fallo para el próximo 19 de septiembre a las 10:00 de la mañana, mientras mantiene la detención provisional en el caso del exministro Benito Lara, quien habría solicitado la sustitución por arresto domiciliario.