A pocas horas de conocerse el fallo del juicio en contra de los ambientalistas de Santa Marta, observadores internacionales que participaron en la vista pública declararon que no existen evidencias sólidas en contra de los acusados, y que se trata de una criminalización de defensores ambientales.
«En el juicio que yo observe con los demás, encontraron que la Fiscalía (General de la República) no había comprobado que había habido un crimen, mucho menos que los cinco (acusados) de Santa Marta lo había cometido», dijo vía videoconferencia una de las observadoras identificada como Yvette Borja.
El juicio repetido se realizó entre el 29 y 31 de julio de 2025, en San Salvador, donde los acusados Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio fueron procesados en calidad de ausentes por el delito de asesinato y agrupaciones ilícitas.
Según las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son los responsables del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de la Resistencia Nacional. Durante el juicio, quedó pendiente a resolver si se les sumará una tercera acusación por privación de libertad.
De acuerdo con los observadores, el caso contra los cinco ambientalistas no es un hecho aislado, sino que se trata de un tema político en contra de la Ley de la Minería Metálica, ya que aseguraron que los líderes comunitarios, han sido reconocidos por su participación en la histórica lucha en contra de la minería en El Salvador.
«Los cinco (ambientalistas) no es que sean culpables de haber cometido el asesinato, pero de lo que si son responsables es de la prohibición histórica de la minería metálica en el país y esta persecución es un ejemplo de tratar de silenciar a los ambientalistas en El Salvador», expresó Borja.
Los observadores manifestaron que los ambientalistas acusados permanecieron ocho meses encarcelados, incomunicados de sus familias, y según testimonios, habrían enfrentado malos tratos durante la detención, como pasar una noche sin comida, pese a que algunos padecen enfermedades crónicas como diabetes.
En ese sentido, esperan que en el veredicto del Tribunal de San Vicente se absuelva de los cargos a los acusados, ya que sostienen que «no hay evidencia en contra de los ambientalistas acerca de esa muerte», dijo Bernie Hammond, de la Universidad de Western Ontario, en Canadá.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente programó, para este 24 de septiembre, la lectura del fallo del caso Santa Marta, en el cual el Ministerio Público ha solicitado penas entre los 39 y 41 años de cárcel para los imputados.
Un proceso «prolongado e injusto»
Por su parte, Vidalina Morales, presidenta y dirigente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES), calificó el proceso como “prolongado e injusto” no solo para los acusados, sino también para la comunidad de Santa Marta y el movimiento ambientalista salvadoreño, debido a que consideró que ha sido un «golpe a la resistencia antiminera en El Salvador».
«Lo que se vivió el año pasado en octubre fue una muestra de que hay jueces que todavía están apegados a la justicia y justo por eso los compañeros quedaron en libertad porque no encontraron prueba alguna para sostener ese caso que a todas luces desde que inició el proceso no tiene fundamentos, no tenía razón de ser, es un proceso prolongado e injusto para nuestros compañeros, para nuestra comunidad Santa Marta y para nuestra organización», expresó Morales
Asimismo, la vocera de la organización añadió que «estamos a la expectativa de que el fallo sea favorable y libere plenamente a nuestros compañeros”, pese a que manifestó su preocupación ante un posible fallo condenatorio, y señaló que el “panorama que vive El Salvador es tener un control totalmente absoluto” por parte del Gobierno, y que la lucha por los derechos humanos y ambientales continúa siendo “cuesta arriba”.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.