La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta, junto a otras organizaciones sociales manifestaron, este martes, que respaldan la decisión de los cinco ambientalistas, de no presentarse al juicio repetido, donde son acusados por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado.
El representante de ADES Santa Marta, Alfredo Leiva, señaló que se trata de un doble juzgamiento en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes ya fueron señalados como inocentes en un primer juicio.
“Debido a esta falta de garantías de respeto a su integridad y a su vida, decidieron no validar más un proceso viciado realizado por un sistema judicial cooptado por el gobierno de turno y al servicio de los interés extractivistas que están detrás de la reactivación de la minería metálica”, expresó Leiva en la lectura del comunicado.
Las organizaciones condenaron el actuar de las autoridades judiciales y se sumaron a la decisión de los acusados como un acto de “resistencia contra la arbitrariedad y asumimos su llamado a cerrar filas contra la amenaza de la explotación minera”.
“Al Estado no le interesa saber si son culpables o inocentes, lo que les interesa es callar estas voces de una manera, como en toda Latinoamérica se les esta dando tratamiento a todos los ambientalistas, que es el asesinato”, expresó Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud.
Los ocho acusados del asesinato son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
En el comunicado, enviado el pasado 3 de febrero de 2025, cuando estaba previsto la instalación del juicio en el Centro Judicial de Cuidad Delgado, los acusados aseguraron que no se presentaron al juicio debido a que no confían en el proceso judicial, “ya que no existe garantía de un juicio justo y legal, y exponernos a una decisión política arriesgando nuestras vidas”.
Asimismo, manifestaron que en diciembre de 2024 tuvieron información que la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaba “en el montaje de un nuevo caso” donde se pretendían que personas de la comunidad de Santa Marta sirvieran “de testigos”, “para lo cual tienen un listado de posibles líderes a capturar entre los cuales estamos nosotros”, aseguran.
En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio contra ocho personas por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.
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