El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, recibió 12 apelaciones por la elevación a plenario que hizo la jueza a finales de noviembre sobre el caso de la masacre de El Mozote.
En un escrito de recepción, el juzgado enlistó los 12 escritos recibidos y notificó que los ha enviado a la Cámara de lo Penal de la Tercera sección de oriente para que resuelva las impugnaciones presentadas.
El documento, del cual Diario El Mundo tiene copia, indica que las quejas presentadas por los abogados y algunos acusados que ejercen su defensa es que la jueza Mirtala Portillo no ha individualizado la participación de cada uno de ellos, y que, en el auto de elevación a plenario no constan pruebas que los señalen en la participación de los hechos.
Tal es el caso del escrito presentado por el abogado Francisco Rodolfo Garay Pineda, quien defiende a Roberto Antonio Garay Saravia y Rafael Santiago del Cid Aguirre, en el cual, indica que «existe agravio para sus representados porque no existen testigos que señalen la presencia de ellos en los lugares de los hechos, no existen documentos que los vinculen con la operación militar en el periodo de la ocurrencia de los hechos».
También, los abogados Manuel Edgardo Acosta Oertel y José Manuel Cruz Azucena expusieron que en el caso de su defendido, Mauricio Isaac Duke Lozano, «no se ha logrado establecer la autoría o coautoría de su defendido en los hechos de asesinato, tentativa de asesinato, coacción agravada, a pesar de estar de alta como miembro del extinto Batallón BIRI Atlacatl».
Por otro lado los cuatro abogados, Miguel Arturo Girón Flores, Martín Francisco Jiménez Moreno, Roberto Girón Rivera y Martín Salvador Morales Somoza, quienes defienden a Rubén Ignacio Zamora Rivas, reclaman que la jueza no puede elevar a plenario porque «se encuentra pendiente otro proceso de apelación sobre excepciones de falta de competencia judicial y falta de jurisdicción del juez, el cual, se encuentra en trámite ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente».
El caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fue elevado a fase plenaria, luego que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera emitiera una resolución y la notificara el pasado 26 de noviembre de 2025.
A partir de la notificación del escrito del 22 de diciembre, la jueza da seis días hábiles para que los afectados comparezcan ante la cámara referida para argumentar sus agravios. El juzgado también anuncia que pondrá a disposición de la cámara el expediente en digital, debido a que existen folios que datan de hace 35 años y que su manipulación podría dañarlos.
Los acusados
La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.
Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.
Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería; el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.
El pasado 1 de diciembre, la jueza fue notificada que el coronel Luis Adalberto Landaverde Barrera, también acusado, murió en junio de este año, por ello, fue sobreseído definitivamente de la causa.
No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.
Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.