Los representantes de la Asociación Protectora de Aves de El Salvador (Aproaves), José Edgardo Kamen Mejía y Érika Carla Juárez enfrentarán este martes, la audiencia inicial, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusara de presuntamente hurtar aves silvestres.
La audiencia está prevista para este martes a las 2:00 de la tarde ante el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menendez.
Kamen y Juárez son procesados por los delitos de hurto simple, depredación de fauna protegida, ejercicio ilegal de la profesión y extorsión. Según las acusaciones del Ministerio Público, ambos acusados se hacían pasar por veterinarios y por miembros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) para hurtar aves.
«Se hacían pasar por médicos veterinarios y autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y bajo esa falsa autoridad ingresaban a las propiedades manifestando, evaluaban el estado de salud de los animales y les decían que debían trasladarlas a un supuesto resguardo”, expuso la FGR al momento de la captura.
Los acusados fueron arrestados el pasado 9 de octubre de 2025, en el distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste, y tres días después fueron puestos en libertad, mientras siguen las acusaciones en su contra.
Tras su liberación, Alison Kamen, hija de ambos procesados manifestó que Aproaves rechazó las acusaciones del Ministerio Público, al asegurar que desde que la asociación inició en el año 2019, se dedica al rescate, rehabilitación y protección de aves en El Salvador, todo desde un marco legal y transparente.
Kamen sostuvo que la labor que se desarrolla desde la organización siempre ha sido con fondos propios, producto de un pequeño negocio, apoyo voluntario y colaboraciones con asociaciones solidarias, por lo que aseveró que las acusaciones en contra de sus padres es falsa.
La hija de Kamen declaró que el proceso judicial que enfrentan sus padres se debe ante problemas con el Ministerio de Medio Ambiente, debido a que señaló que en reiteradas ocasiones, personal de dicha entidad se presentaba al refugio con la intensión de llevarse las aves sin presentar ningún documento legal, que su única intención era apropiarse de los ejemplares y del trabajo que realiza la organización. Y a pesar de interponer una denuncia en la Fiscalía en contra de dichos actos aseguró que «nunca fue procesada».