El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó hasta abril de 2026 la instalación del juicio en contra de cuatro exfiscales y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos de omisión de investigación y sustracción de fondos, vinculados al caso denominado “Corruptela”.
La realización de la vista pública estaba prevista para desarrollarse del 18 al 28 de noviembre de 2025, sin embargo, fue reagendado debido a que aún hace falta la obtención de unas pruebas con respecto a unos audios, según informaron abogados del proceso penal a Diario El Mundo.
En ese sentido, el referido tribunal estableció que el caso se ventile del 13 al 24 de abril del próximo año, cinco meses más para que se termine con la recolección de las pruebas y se avance a la etapa de juicio.
En julio de este año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó la designación del juez del tribunal que presidirá la vista pública, luego de una resolución emitida por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
El juicio ha sido aplazado desde el año 2024, cuando se tenía previsto que se realizaría entre el 18 y 27 de junio de ese año. En un inicio el caso sería enjuiciado por el Tribunal Primero de Sentencia, sin embargo, una de las juezas se excusó del caso por ser amiga de una de las exfiscales procesadas.
Los acusados
En este proceso penal están acusadas las exfiscales Yesenia Carolina Aguilar y Caroline Janette Nóchez, por los delitos de omisión de investigación y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
También enfrentan cargos los exfiscales Mauricio Alberto Aguilar, acusado de omisión de investigación, y Marta Cecilia Colindres, por privación de libertad por funcionario o empleado público.
A ellos se suman dos empleados de la Fiscalía: Edwin Geovanny Hernández, acusado del delito de peculado por culpa y falsedad documental agravada, y Damián Cabrera Bernal, por peculado por culpa.
De acuerdo con la acusación fiscal, los empleados administrativos habrían colaborado con el exfiscal general Luis Martínez para sustraer aproximadamente $400,000 de la institución.
Por su parte, los exfiscales habrían incurrido en múltiples irregularidades procesales, como la omisión de investigaciones, el archivo injustificado de diligencias y la creación de casos con documentos falsos.
La Fiscalía también les atribuye la emisión de órdenes de captura presuntamente ilegales, promovidas por el empresario Enrique Rais.
Entre las personas afectadas se encuentra el abogado Mario Calderón, quien participó como querellante en el proceso penal contra el exfiscal general Luis Martínez, recién condenado a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación.