El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador decidió, en audiencia de imposición de medidas que 30 personas acusadas de facilitar resultados de examen para tramitar licencias de conducir permanezcan en prisión provisional, mientras el caso pasa a fase de instrucción.
La resolución de la audiencia inicial se emitió luego de dos días desde que se presentaron a los acusados y que se iniciara el proceso judicial.
«Es una decisión que la defensa técnica no compartimos, sin embargo, no significa que se nos han agotado las oportunidades para que más adelante se logre que a nuestros clientes se nos brinden medidas sustitutivas a la detención provisional», dijo uno de los abogados de la defensa.
Al margen de la reserva, el abogado señaló que de la persona que defiende se han tenido de manera indiciaria los delitos y que hay participación de los demás acusados.
En el caso están implicados 30 personas, 24 presentes y seis ausentes, a quienes la Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho propio, cohecho activo, incumplimiento de deberes, estafa informática, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad documental agravada vía falsedad ideológica.
De acuerdo con el Ministerio Público, las personas procesadas conspiraron para poder emitir una serie de licencias falsas a cambio de cantidades de dinero exageradas de $200, $1,500.
Asimismo, señalaron que entre los acusados se identificaron a personas que usaron las licencias falsas con las que se determinó el momento de procesar el chip de esos permisos de conducir de forma ilegal.
La Fiscalía aseguró que la red estaba conformada por personal de escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del Viceministerio de Transporte y habrían cometido los ilícitos desde el 2023 hasta este 2025.
Capturas
Los procesados fueron detenidos el pasado 19 de febrero, durante un operativo por presuntamente pertenecer a una red de corrupción que omitía los exámenes para obtener la licencia de manejo.
Ese mismo día, la FGR allanó las instalaciones del Viceministerio de Transporte (VMT) en San Miguel y San Salvador, luego de abrir una investigación contra una presunta red de corrupción que involucra a empleados de escuelas de manejo y empresas examinadoras.
Además, giró 28 órdenes de captura en contra de las personas presuntamente señaladas de solicitar dinero adicional para falsificar los resultados de los exámenes y beneficiar a las personas en el proceso de emisión de licencias de conducir.
Al momento de las capturas, la Fiscalía dio los nombres de los primeros detenidos en San Miguel, que corresponden a empleados del VMT, en dicho departamento, así como a los detenidos de las examinadoras Escoprond y Atlantic Seguridad, conocida por TE y M.
En la investigación también están implicadas tres escuelas de manejo: López, Génesis y Shalom, además de tramitadores independientes y de la examinadora Escoprond.
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