El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar la investigación en contra de exconcejales de la alcaldía de Soyapango durante la gestión de Nercy Montano por el caso de incumplimiento de deberes en el pago de salarios a los trabajadores.
Durante la lectura del fallo, el Tribunal condenó a la exalcaldesa Montano a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes en el pago de salario de los empleados de la comuna y por negociaciones ilícitas tras favorecer contrataciones.
El Tribunal determinó que Montano incumplió sus deberes al no garantizar el pago puntual a los empleados, mientras paralelamente se incrementaron los fondos para las fiestas patronales que la comuna celebra en los meses de octubre. Sin embargo, aclaró que no eran decisiones individuales de la exedil, sino junto al concejo municipal.
Pruebas periciales demostraron que en diciembre de 2021 el concejo municipal de la alcaldía de Soyapango aprobó $300,000 para los gastos de fiestas patronales, pero en agosto de 2022 se autorizó un aumento de $400,000 a los fondos para las festividades, quedando un total de $700,000.
«Cómo es posible que había problemas de falta de liquidez para pagar salarios y cómo es posible que el concejo municipal apruebe aumentar el presupuesto de las fiestas patronales, cómo es que no prioricen el salario de los trabajadores», criticaron los jueces.
Ante ello, el Tribunal cuestionó fuertemente a la Fiscalía por una corta investigación y les señaló que las aprobaciones ocurrían por concejo. «Desconoce este tribunal por qué la
Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal. Desconoce el tribunal porque la fiscalía se quedó tan corta en esta investigación», señalaron.
El Tribunal consideró que «no había un control rígido», pero no se demostró de donde salió el dinero para aumentar el presupuesto de las fiestas.
«Desconoce este Tribunal de dónde sacaron el dinero para las fiestas patronales pero no hay registro que se modificaran los salarios para aumentar los fondos para fiestas patronales», argumentaron los jueces.
En ese sentido, los jueces del Tribunal afirmaron que la Fiscalía «tiene la obligación de buscar responsabilidad», no solamente en contra de la exalcaldesa sino también contra los exconcejales que avalaron con sus votos el aumento al presupuesto de las fiestas patronales.
Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre del año de 2022, provocando protestas de los empleados.
La exedil fue absuelta de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, debido a que se comprobó que en la municipalidad había una falta de liquidez para la cancelación de los salarios, situación que impidió que se realizarán los pagos correspondientes a los trabajadores.
Otra investigación
Por otra parte, el Tribunal también se refirió a la declaración de un perito con respecto a la firma de un documento que se le atribuía al abogado Ricardo Roque Baires, implicado en el mismo caso.
Según se explicó durante el juicio se tomó la declaración de un notario y un perito quienes revisaron una carta jurada con la supuesta firma del Roque Baires, el primero dijo que en efecto se trataba de la firma del ahora condenado, mientras que el perito dijo que no era del abogado.
«Este tribunal ha dado credibilidad al perito, no obstante Fiscalía extrañamente intenta desacreditar al perito bajo argumentos que si conoce las firmas y él examina la firma estampada y llega a la conclusión que no es la misma, pero el notario dice que no», explicaron los jueces.
En ese sentido, manifestaron que «hay un problema y esto no puede quedar si como que no nos interesa, para los juicios y para levantar justicia también debemos buscar la responsabilidad».
«En ese orden de ideas, la Fiscalía debería abrir un expediente tanto por el caso de falso testimonio de parte del notario y que realice una investigación también en las áreas administrativas porque no es posible que ante los ojos del tribunal que busca encontrar objetividad y la verdad se venga a falsear. La Fiscalía tiene esas tareas, esperemos que no pase inadvertido», informó el Tribunal.
Roque Baires fue condenado a dos años y ocho meses por negociaciones ilícitas y tres años por falsedad ideológica, además de una condena de responsabilidad civil en abstracto. Sin embargo, la pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
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