El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó la entrega de la sentencia escrita, donde absolvió, a los ocho acusados del asesinato de una mujer, en el caso denominado Santa Marta.
Esta es la tercera ocasión donde los jueces reprograman el escrito donde constan los argumentos de la absolución, y que habilita el plazo para que tanto la Fiscalía General de la República como la defensa, puedan apelar.
En esta ocasión, el Tribunal argumentó que la sentencia no fue entregada este 19 de diciembre, fecha que se había estipulado, «dado que la misma se encuentra en revisión, en este sentido no es posible entregar una copia de la misma», dice el escrito entregado a las partes.
Por ello, el tribunal estableció que la nueva fecha para la entrega del escrito será el próximo 9 de enero del 2026 a las 2:00 de la tarde.
En un inicio la entrega de la sentencia absolutoria estaba prevista para el 8 de octubre de 2025, luego que en el mes de julio se realizará el juicio y en septiembre se diera a conocer el fallo, donde los procesados fueron exonerados del delito de asesinato y asociaciones ilícitas. En esa ocasión se mencionó que la sentencia aún estaba en etapa de redacción. Posteriormente fue reprogramado para el 19 de diciembre de 2025.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado de El Salvador.
Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
Según las acusaciones, los exguerrilleros del FMLN sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.
No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.
Tras la lectura del fallo, miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) revelaron que los ambientalistas involucrados en el caso se encuentran fuera del país, y que no tienen pensado regresar hasta que la sentencia absolutoria quede firme.
Dilatación
Ante esto, la comunidad Santa Marta aseguró que el juzgado sigue «dilatando» la entrega de la sentencia, un acto visto como un «alargamiento del sufrimiento de los procesados».
«Denunciamos ante el país y el mundo que, ante la imposibilidad de condenar a los activistas ambientales debido a la falta de pruebas, instancias del sistema judicial salvadoreño, en contubernio con el gobierno de turno, se ha quedado a postergar el mayor tiempo posible el cierre definitivo de este espurio proceso penal que busca debilitar la resistencia comunitaria contra la explotación minera», dice un comunicado de la comunidad.
Y añadieron: «Por tanto, no descartamos la posibilidad de demandar a los jueces integrantes de dicho tribunal ante la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia y ante instancias internacionales por retardación de justicia».