La organización Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentaron este miércoles un escrito ante la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar lo que calificaron como «deficiente atención» a víctimas y familiares afectados por el régimen de excepción.
El abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, informó que el documento fue dirigido al procurador general José Gustavo Escobar, a quien señalan de no garantizar una adecuada defensa de derechos humanos.
«Este día venimos a presentar un escrito al procurador general de la República… a tres años del régimen, la atención que brinda la Procuraduría a las víctimas es deficiente», declaró Díaz.
El abogado advirtió que, ante los juicios masivos que proyecta realizar la Fiscalía General de la República, podrían condenarse a personas inocentes. Por ello, solicitaron al procurador agilizar procesos y fortalecer los servicios de la institución. Además, exigieron celeridad en la entrega de antecedentes penales y policiales a los familiares de los detenidos, así como la unificación de criterios para presentar arraigos, y la liberación de personas que aseguran son inocentes.
El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, fue más enfático al acusar a la institución de omitir su rol constitucional.
«Más bien parece cómplice de quienes están reprimiendo a la población… haciendo capturas arbitrarias, capturas ilegales, torciendo la ley, inventando delitos a las personas», denunció.
Mauricio también criticó los procesos colectivos impulsados por el sistema judicial: «Un principio del derecho penal es probar la responsabilidad individual. ¿Por qué hacer procesos colectivos? Porque no tienen pruebas».
Según datos oficiales del gobierno, desde que entró en vigor el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, han sido capturadas más de 85,900 personas en todo el país.
Sin embargo, Tutela Legal y el Movimiento de Víctimas del Régimen sostienen que al menos 4,000 personas habrían muerto bajo custodia del Estado durante la aplicación del régimen, por lo que piden frenar las detenciones arbitrarias y garantizar el debido proceso para los capturados.
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