El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró este miércoles que las autoridades policiales y otros cuerpos de seguridad pública reportan 89,000 detenciones de presuntos pandilleros desde la implementación del régimen de excepción, a finales de mayo de 2022.
“Casi con 89,000 mil registros de detenciones, esos van. De un planteamiento criminal que se dividían en 360 clicas, que eran las organizaciones de la Mara Salvatrucha y canchas que eran las del Barrio 18 y que estas a su vez estaban conectadas con 32 programas”, explicó Villatoro en el programa de entrevistas matutinas Frente a Frente.
Villatoro detalló que estas detenciones se lograron gracias a la cooperación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y otras entidades judiciales junto a sus reformas.
Asimismo, el funcionario aseguró que:“Además hemos logrado capturar la mayor cantidad de miembros, los cual nos tiene en ese sitio donde ahora nos encontramos en materia de seguridad”.
Por otro lado, Villatoro no detalló el número exacto de presuntos pandilleros que aún no han sido capturados, pero afirmó que las autoridades mantienen su enfoque en lograrlo, y tildó la pregunta de “amarillista” al entrevistador. En marzo de 2023, el ministro de la Defensa, René Merino, aseguró que faltaban detener a cerca de 30,000 pandilleros, mientras que en junio reciente, el excomisionado colombiano Andrés Guzmán aseguró que faltan 40,000.
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo de 2022 y a principios de agosto, los diputados aprobaron la prórroga número 41 que vence la próxima semana.
Con esta medida continúan restringidos tres derechos constitucionales: la privacidad en las telecomunicaciones, el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa y la garantía de defensa.
Por todo lado, cabe explicar que la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, vigente desde el 15 de agosto, extendió por dos años más la posibilidad de mantener detenidas a personas capturadas en el marco del régimen de excepción sin ser remitidas a un tribunal.
Según la organización Cristosal, esta disposición, publicada en el Diario Oficial el 15 de agosto, abre la puerta a que los arrestados permanezcan hasta cinco años en la cárcel sin haber recibido una sentencia.