Este martes 2 de diciembre se cumplieron 45 años de la captura, la violación sexual y el asesinato de Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan. Creo no equivocarme al afirmar que con el sacrificio de estas cuatro religiosas estadounidenses, culminaron las muertes violentas más sonadas en el país y conocidas en el mundo durante 1980. La primera víctima fue Mario Zamora Rivas; este era hermano de Rubén, quien quizás por ser crítico de Nayib Bukele está siendo procesado de la manera más estúpida en el caso de la masacre en El Mozote. Tras la muerte de Mario, procurador general de pobres y dirigente del Partido Demócrata Cristiano, hubo más ejecuciones; monseñor Óscar Arnulfo Romero y otros nombres engrosaron la larga lista. Entonces no existía la figura estatal del “ombudsman”, cuya traducción al español es “defensor del pueblo”.
Pero esos crímenes no fueron los únicos. Según la Comisión de la Verdad, citando al Socorro Jurídico Cristiano, la matancinga en ese año sumó casi doce mil personas entre la población civil no combatiente; la inmensa mayoría asesinadas a manos de fuerzas gubernamentales, pero también las hubo producto del accionar guerrillero. Además, una gran cantidad de gente fue detenida arbitrariamente y torturada; también abundaron las desapariciones forzadas. Junto con otras atrocidades ocurridas antes y durante la guerra, a excepción del caso de la masacre de los periodistas holandeses, quienes ordenaron y planificaron la barbarie así como quienes la financiaron y encubrieron permanecen protegidos por la impunidad.
Solo que ahora, existe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como institución encargada –entre otras funciones– de asistir a “presuntas víctimas”. Al menos aún aparece en nuestra ninguneada y violada Constitución. Y todas las personas que sobrevivieron a los atropellos contra su dignidad junto a aquellas familias de las que no, no son “presuntas víctimas” sino víctimas reales que sufrieron antes por dichos vejámenes y han seguido siendo ultrajadas hasta la fecha al negarles siempre el conocimiento de la verdad sobre los hechos que las afectaron, la justicia que debió ser impartida y la reparación que les es debida.
Fuera de algunos informes puntuales y bastante contados, como en el caso de la masacre dentro de la universidad jesuita perpetrada hace más de 36 años, la PDDH no ha estado a la par de esa parte de nuestro pueblo sufriente que en su mayoría habitó y habita el abajo y el adentro nacionales. Podríamos imputar a sus anteriores titulares de haber pecado por omisión, con o sin mala leche, al no agarrar por los cuernos al toro de la arbitraria protección de los autores imprescindibles de las canalladas del pasado.
Pero ni el primer procurador –Carlos Mauricio Molina Fonseca, buena persona pero desconocedor en su momento de la materia– ni Eduardo Peñate Polanco, exjuez y exmagistrado cuestionado por su pasado en la judicatura y sancionado internamente dentro del Órgano Judicial que renunció al cargo, ni Marcos Valladares quien por ser su adjunto lo sustituyó, hicieron lo que Raquel Caballero de Guevara hizo y está haciendo: arrodillarse sin vergüenza ante el poder y ser tapadera de los malacates oficialistas y sus maldades mientras se dedica a ofender con su desprecio hacia las víctimas y hasta burlarse de estas.
A sus actitudes y expresiones bayuncas –como enojarse y no responder en una entrevista al preguntarle por el nepotismo comprobado durante su primer mandato o presumir de su “linda cara” mientras “comparecía” ante la comisión legislativa respectiva al cuestionarla por sus viajes al exterior durante el segundo– debe sumarse algo más reciente e infame: la repartición de los premios y reconocimientos institucionales que acostumbran realizar anualmente desde hace un buen tiempo. ¿Por qué? Pues, entre otras razones, por haber galardonado a la Policía Nacional Civil siendo acusada de violar derechos humanos en el marco del régimen de excepción
Además, por haberle entregado una estatuilla a Carlos Marroquín –alias “Sliptone”– nombrado por Bukele como director de Reconstrucción del Tejido Social y mantenido en el cargo hasta la fecha pese a que hace unos años escuchamos una grabación nunca desmentida en serio, no obstante la anuencia del medio que lo publicó a someterla a un peritaje para demostrar su autenticidad. En este, Marroquín se oye conversando con un desconocido integrante de una mara acerca de la protección y la ayuda que le brindó a un destacado líder pandillero para huir del país.
A él, junto a la citada corporación policial y otras objetadas entidades estatales, la “defensora del puesto” le agradeció “por cada palabra y acción” buscando “proteger la vida, acompañar el sufrimiento, promover la justicia y sembrar esperanza”. ¿Proteger a quiénes? ¿A los liderazgos de esas agrupaciones criminales? ¿Sembrar esperanza entre una población desesperada por tantas causas? Debería ella responder tales interrogantes. Y usted que leyó estas líneas, me gustaría que respondiera esta: ¿Esta doñita es impresentable?