No sé ustedes cómo están percibiendo este nuevo 2026; en mi caso ha comenzado intenso y cargado de temas fuertes. Una de esas experiencias la viví en plena época navideña, conversando con una pareja de salvadoreños que reside en Estados Unidos y que, según comentan, ya son también ciudadanos de ese país. El tema espinoso fue la supuesta transparencia de los documentos en salud que el actual gobierno dice haber instalado, y la reacción de mis “conocidos” fue desproporcionadamente intensa, casi visceral, en defensa de su ídolo político. Esta experiencia me llevo a reflexionar sobre si la salud es un derecho o un beneficio para el ciudadano salvadoreño.
Durante décadas se repitió que la salud era un asunto técnico: números, protocolos, presupuestos, eficiencia. Hoy esa afirmación resulta cada vez más insostenible. La salud es, y siempre ha sido, un territorio político. No porque los hospitales voten o los médicos legislen, sino porque decidir quién accede, cuándo y en qué condiciones es una forma directa de ejercer poder.
En El Salvador, los cambios recientes en el sistema nacional de salud se presentan bajo un lenguaje cuidadosamente elegido: modernización, optimización, reordenamiento. Palabras neutras en apariencia, casi asépticas. Pero detrás de ellas se juegan preguntas profundamente políticas: ¿qué se entiende por derecho?, ¿qué se considera gasto?, ¿quién asume el riesgo cuando el sistema falla?
La salud deja de ser un derecho cuando se gestiona como un servicio y se comunica como un favor. No es una afirmación ideológica; es una constatación histórica. Cuando el acceso depende de la capacidad de pago, de la afiliación o de la “prioridad” definida desde arriba, el vínculo entre Estado y ciudadano se transforma. El paciente deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser usuario, cliente o beneficiario temporal.
Este desplazamiento no ocurre de golpe. No hay un decreto que anuncie: “la salud deja de ser un derecho”, aunque quizá —y sin que lo notemos— los “sabios” diputados ya lo hayan pronunciado. Ocurre de manera gradual: externalización de servicios, alianzas público-privadas opacas, reducción silenciosa de prestaciones, énfasis en indicadores de productividad más que en resultados sanitarios reales. Todo ello amparado por un discurso que erige la eficiencia como valor supremo, como si la eficiencia fuera políticamente neutra. Pero la eficiencia siempre responde a una pregunta previa: ¿eficiencia para qué y para quién?
Un sistema puede ser eficiente reduciendo costos a corto plazo y, al mismo tiempo, generar más enfermedad, más desigualdad y más gasto a largo plazo. También puede ser eficiente desde el punto de vista administrativo y profundamente injusto desde el punto de vista social.
Pero hay un elemento, el cual trataba de argumentar con mis “conocidos”, y el cual suele quedar fuera del debate: el silenciamiento de la deliberación. Las reformas sanitarias más profundas no deberían hacerse a puertas cerradas ni presentarse como hechos consumados. Sin embargo, el clima político actual favorece la rapidez sobre el debate, la decisión centralizada sobre el consenso, la obediencia sobre la crítica. En ese contexto, cuestionar cambios en salud pública se interpreta fácilmente como resistencia al progreso o, peor aún, como oposición política. Y así se me percibió en mi intercambio de opiniones, yo estaba alineado con la “oposición”, según ellos.
Este es un error peligroso. La salud pública no se defiende con consignas ni con lealtades partidarias, sino con datos, ética y participación social. Cuando los gremios médicos, las universidades o las organizaciones civiles expresan inquietudes, no están “obstaculizando” el desarrollo; están cumpliendo una función democrática esencial: advertir sobre riesgos que no siempre son visibles desde el poder. La pandemia dejó una lección que parece olvidarse con rapidez: los sistemas de salud frágiles no fallan de manera abstracta, fallan en cuerpos concretos. En ancianos que no acceden a atención oportuna, en pacientes crónicos que interrumpen tratamientos, en familias que se endeudan para pagar lo que antes era público. Cada decisión administrativa tiene una traducción clínica. Además, la salud es uno de los últimos espacios donde el Estado se encuentra con la ciudadanía de manera directa y cotidiana. Un hospital público no es solo un edificio: es una promesa. Cuando esa promesa se debilita, también lo hace la confianza social. Y sin confianza, ningún sistema —por eficiente que se declare— puede sostenerse en el tiempo.
Defender la salud como derecho no implica negar la necesidad de reformas, controles o mejoras. Implica algo más básico: reconocer que no todo lo valioso es cuantificable y que no todo lo medible es justo. Implica aceptar que la salud no puede reducirse a un balance financiero sin perder su sentido humano.Convertir la salud en territorio político no es un acto de confrontación; es un acto de responsabilidad cívica. Porque allí donde se decide quién vive mejor, quién espera más y quién queda fuera, ya no estamos ante un problema técnico. Estamos ante una decisión moral, y por tanto, política.