Con tasas de interés que alcanzan niveles impensables y condiciones abiertamente abusivas, el crédito informal o usura se ha consolidado como el principal obstáculo para el desarrollo de un amplio segmento de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en El Salvador. Lejos de ser un fenómeno marginal, la usura se ha convertido en un componente estructural del ecosistema financiero nacional, sosteniendo el funcionamiento cotidiano de miles de empresas a costa de erosionar sus márgenes de rentabilidad, restringir la inversión productiva y perpetuar la informalidad.
En 2024, las MYPES salvadoreñas obtuvieron de prestamistas informales o usureros un estimado de US$ 1,251.5 millones, monto que equivale al 7.4 % del crédito total otorgado por el sistema financiero formal a sus diferentes clientes. Esta cifra corresponde únicamente al financiamiento dirigido a las MYPES y no al conjunto de la economía, lo que subraya la magnitud del problema. Su persistencia confirma el fracaso de la Ley Contra la Usura, promulgada en 2013 con el propósito de proteger a los prestatarios más vulnerables y reducir las prácticas abusivas.
Las condiciones bajo las que operan estos préstamos son abiertamente desproporcionadas. Las encuestas revelan que las tasas de interés promedio anual alcanzaron 2,628 % en 2019 y 1,869 % en 2022, con casos extremos que superan el 13,500 %, es decir, más de veinte veces las tasas promedio del crédito formal. En la práctica, estos préstamos se conceden por montos pequeños —frecuentemente menores a US$ 500—, con plazos de menos de 30 días y pagos diarios.
Las garantías exigidas van desde pagarés y letras de cambio hasta hipotecas o firmas solidarias, exponiendo a los empresarios al riesgo de perder sus activos ante cualquier incumplimiento. Pese a ello, ocho de cada diez MYPES recurren a los prestamistas informales, atraídas por la exclusión del sistema financiero formal, la inmediatez del desembolso, la ausencia de trámites burocráticos y una flexibilidad que las instituciones financieras formales no les ofrecen. Este círculo vicioso revela una contradicción: el crédito informal es simultáneamente un mecanismo de sobrevivencia y una trampa que impide el crecimiento.
El desglose de las estimaciones evidencia las distintas formas en que las MYPES se vinculan con la usura. De los US$ 1,251.5 millones anuales, alrededor de US$ 661.3 millones provienen de empresas que se autoexcluyen del sistema financiero formal, convencidas de que este resulta inaccesible para su realidad. Otras MYPES —por un monto cercano a US$ 432.4 millones— combinan crédito formal e informal para completar su capital de trabajo, lo que refleja la insuficiencia de la oferta regulada.
Finalmente, unas US$ 157.8 millones corresponden a MYPES que, tras ser rechazadas por las instituciones formales por falta de garantías o historial crediticio, no tienen otra opción que recurrir a los usureros. En todos los casos, la usura se impone como la opción “rápida y segura”, pero a un costo devastador. Estas prácticas drenan la liquidez de los negocios, reducen su capacidad de reinversión y, a mediano plazo, los empujan a la informalidad o al cierre definitivo. La magnitud del fenómeno evidencia que la exclusión financiera no es una excepción, sino una regla en el funcionamiento del sector MYPE salvadoreño.
A una década de su promulgación, la Ley Contra la Usura no ha logrado frenar las prácticas abusivas que pretendía erradicar. El 62.2 % de las MYPES sigue recurriendo a prestamistas informales y pagando tasas exorbitantes. Esta ineficacia se explica por tres debilidades estructurales. Primero, el diseño legal excluye del cálculo de los topes máximos al mercado informal, dejando fuera precisamente el segmento donde la usura opera con mayor intensidad. Segundo, la supervisión estatal es prácticamente inexistente en los territorios y circuitos financieros donde los prestamistas actúan con total impunidad. Y tercero, la ley carece de incentivos para que las instituciones financieras amplíen su cobertura hacia segmentos de mayor riesgo, lo que termina reforzando el círculo de exclusión.
En la práctica, la normativa ha servido más para delimitar los márgenes del crédito formal que para proteger efectivamente a los prestatarios del abuso. Al no atacar la raíz del problema —la falta de acceso y de productos financieros adecuados—, la usura sigue expandiéndose, con una sofisticación creciente en sus mecanismos de cobro y en su capacidad para evadir la acción de las autoridades.
La usura aplicada a las MYPES no es solo un problema financiero, sino un obstáculo estructural para el desarrollo. Constituye un mecanismo de financiamiento de altísimo costo que asfixia la productividad, reduce la inversión y limita la generación de empleos de calidad. Sus efectos multiplicadores son devastadores: impide el encadenamiento productivo, frena la innovación y perpetúa la desigualdad entre empresas formales e informales. Este fenómeno debe entenderse como una señal de alerta para el país. El crédito informal revela la incapacidad del sistema financiero para responder a la realidad de miles de microempresarios que operan con ingresos irregulares, escasa documentación y necesidades de liquidez inmediata. No se trata solo de sancionar la usura, sino de construir alternativas viables que la hagan innecesaria.
Enfrentar este problema requiere una estrategia de múltiples dimensiones. En primer lugar, una revisión integral de la Ley Contra la Usura que incluya mecanismos efectivos de supervisión y sanción en el mercado informal. En segundo lugar, la creación de instrumentos financieros adaptados a las características de las MYPES, con mayor flexibilidad en plazos, garantías y montos, pero dentro del marco regulado. En tercer lugar, el fortalecimiento de la educación financiera, de modo que los empresarios puedan comprender los riesgos de la usura y tomar decisiones informadas. Finalmente, se requiere una alianza entre el Estado, las instituciones microfinancieras formales y la banca de desarrollo para canalizar recursos hacia segmentos actualmente excluidos. Mientras estas reformas no se materialicen, la usura seguirá consolidándose como uno de los principales frenos al desarrollo económico y social de El Salvador: un cáncer financiero que alimenta la desigualdad y erosiona el potencial de miles de MYPES.
* William Pleites es director de FLACSO El Salvador