El Derecho Laboral en El Salvador atraviesa un proceso de modernización profunda. La reciente aprobación de la Ley para la Protección de Datos Personales ofrece un hito importante: por primera vez el país cuenta con una norma integral que regula el tratamiento de información personal de trabajadores y empleadores, consolidando derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO-POL), así como obligaciones de custodia, seguridad y transparencia. Esta ley no es un accesorio: es una herramienta que reconoce la dignidad de las personas en un mundo laboral crecientemente digital y globalizado.
De igual forma, la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo consolida un compromiso internacional: visibilizar y sancionar conductas que vulneran la dignidad, la integridad física y psicológica de quienes laboran. Por primera vez, la normativa internacional exige que empleadores, sindicatos y Estado garanticen espacios laborales libres de violencia, sea en oficinas, casas, centros de trabajo o en entornos virtuales.
Existiendo, a nuestro criterio, una deuda pendiente con una normativa secundaria que desarrolle todos los derechos y obligaciones detallados en el Convenio referido. A ese impulso normativo se añade una práctica judicial moderna: cada vez con más frecuencia se admite la prueba digital en procesos laborales, reconociendo que las relaciones laborales, los contratos, las comunicaciones y hasta las evidencias de acoso o incumplimiento pueden residir en plataformas electrónicas.
Ese reconocimiento —aunque todavía con matices— desplaza la cultura del papel y consolida un enfoque de Derecho Laboral adaptado a la era digital. No obstante, más allá de estos logros, el escenario exige anticipación.
Tal como advierte un reciente artículo sobre empleos en riesgo para 2030, la automatización y el uso de inteligencia artificial (IA) amenazan empleos administrativos, de oficina, contables, teleoperadores y otras ocupaciones repetitivas. Esa tendencia obliga al país no solo a modernizar la regulación tradicional, sino a construir un marco jurídico capaz de responder a la transformación estructural del trabajo: modalidades transnacionales, teletrabajo mas flexible, colaboradores que prestan servicios desde otro país para empresas sin presencia local, jornadas asincrónicas, la desconexión digital, regulación de algoritmos y protección de Derechos Fundamentales en entornos virtuales.
En pocas palabras: el Derecho Laboral salvadoreño requiere Normas que garanticen Derechos ante la algorítmica, reglamentos claros para trabajadores remotos y transnacionales, protección frente a vigilancia digital, regulación sobre inteligencia artificial en la gestión del talento, así como estándares de formación continua. El camino recorrido en 2024–2025 demuestra voluntad normativa: protección de datos, dignidad, acoso cero, reconocimiento de lo digital.
Pero el desafío del futuro —una revolución en la naturaleza del trabajo— demanda visión, actualización constante y compromisos de largo plazo. Si logramos anticipar esos cambios con regulación adecuada, no solo preservaremos Derechos sino que construiremos un mercado laboral competitivo, justo y preparado para la economía del siglo XXI.
* Jaime Solís es experto en Derecho Laboral