Para miles de microempresarios, el acceso al crédito no es una herramienta para crecer, sino una condición mínima para seguir operando. Sin financiamiento, el negocio se detiene; sin ingresos, el hogar colapsa. Sin embargo, según los datos del informe El estado de la MYPE 2025. La otra cara de la economía, preparado conjuntamente por el Observatorio MYPE de FUSAI y FLACSO, este vínculo vital entre crédito y supervivencia se ha vuelto cada vez más frágil durante los últimos años. A partir de 2023, el fuerte aumento de los microcréditos castigados revela un deterioro profundo en la salud financiera del segmento de microempresarios de subsistencia, consecuencia directa de los efectos acumulados de la pospandemia y del encarecimiento sostenido de los alimentos entre 2021 y 2024.
Durante la emergencia sanitaria, las medidas de alivio financiero proporcionadas por el gobierno ofrecieron un respiro inmediato y necesario. Pero ese alivio tuvo un costo oculto: postergó el reconocimiento del daño real sobre la viabilidad de miles de negocios. Hoy, la oleada de créditos castigados muestra que el sistema financiero formal está empezando a asumir pérdidas que se habían acumulado silenciosamente. La recuperación de muchos microempresarios de subsistencia nunca llegó, y la fragilidad estructural de sus actividades quedó expuesta cuando el entorno económico se volvió más adverso.
La exclusión financiera de estos microempresarios emproblemados, sin embargo, no ocurre de manera repentina. Es un proceso progresivo y, en muchos casos, invisible. El microempresario no es expulsado de inmediato del crédito formal; primero enfrenta un deterioro gradual de su perfil, lo que lo obliga a migrar hacia otras instituciones formales aceptando condiciones más costosas. Cuando esas opciones también se agotan, la puerta que queda abierta es la del crédito informal. Lejos de ser una decisión libre, se trata de una respuesta desesperada para sostener la operación diaria del negocio.
Esta transición no implica necesariamente una ruptura total con el sistema formal. Muchos microempresarios combinan préstamos de bancos, cooperativas, cajas de crédito, sociedades de ahorro y crédito, con financiamiento informal, construyendo un patrón de sobreendeudamiento diversificado. Esta coexistencia refleja una lógica de supervivencia, no de planificación. La urgencia por pagar proveedores, cubrir gastos básicos o refinanciar deudas previas empuja a asumir obligaciones simultáneas, sin acceso a mecanismos de alivio estructurado ni acompañamiento técnico.
En ese contexto, el crédito informal opera como última opción, pero también como una trampa. Las tasas abusivas, la ausencia de contratos formales y la falta de protección legal exponen a los prestatarios a prácticas de acoso, amenazas e incluso violencia. Más allá del impacto económico, esta dinámica deteriora la estabilidad emocional y física de los microempresarios, profundizando su vulnerabilidad y reduciendo sus posibilidades reales de recuperación.
La persistencia de estas prácticas revela el fracaso de la Ley contra la Usura. La falta de control efectivo ha consolidado un mercado distorsionado en el que el crédito informal opera sin límites, mientras el sistema formal, regulado y restringido, se retira de los segmentos más vulnerables, dejándolos atrapados entre la exclusión financiera y la usura.
A ello se suma la fragmentación del mercado crediticio. Las instituciones evalúan el riesgo con información parcial o desactualizada, lo que permite que un mismo prestatario acceda a múltiples fuentes de financiamiento sin que ninguna tenga una visión completa de su carga financiera. La falta de trazabilidad no solo incrementa el riesgo individual, sino que erosiona la calidad de cartera y eleva el riesgo sistémico.
En este contexto, la deserción del crédito formal no debe interpretarse como una simple pérdida operativa. Es un síntoma estructural que revela fallas en la regulación, en la protección al cliente, en el diseño de productos y en la gestión del riesgo. Sin una estrategia coordinada de inclusión financiera, la deserción seguirá funcionando como un mecanismo de exclusión permanente, empujando a los microempresarios hacia circuitos cada vez más precarios.
Frente a este escenario, la respuesta institucional no puede seguir siendo fragmentada ni reactiva. Los hallazgos del informe El estado de la MYPE 2025. La otra cara de la economía reclaman una agenda nacional de inclusión financiera centrada en la sostenibilidad del cliente. Esto implica programas de reestructuración y saneamiento financiero, sistemas unificados de información crediticia, regulación más eficaz del crédito informal, educación financiera con acompañamiento continuo y una revisión profunda del marco legal contra la usura. Sin estas reformas, el microcrédito seguirá siendo un instrumento de sobrevivencia de corto plazo, pero también un factor que empuja a los microempresarios más vulnerables fuera del sistema, del mercado y, en muchos casos, del país.