La exdiputada Rina Araujo, quien en las elecciones de 2024 fue electa como diputada para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el periodo 2026-2031, devolvió la credencial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de que el órgano electoral le solicitara devolverla y ahora evalúa la interposición de una demanda ante una de las salas de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.
Araujo, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es una de los 20 legisladores propietarios que fueron electos el 3 de marzo de 2024 para el periodo que iniciaba el 28 de octubre de 2026 y finalizaba el 28 de octubre de 2031, y a quienes la gestión anterior del TSE entregó credenciales y los juramentó como diputados del Parlacen el 25 de abril de 2026.
«La devolví básicamente por temor, yo sabía que estaba en mi pleno derecho de retenerla, porque fue entregada a tiempo y fue una votación pública, pero bajo el régimen de excepción me dio miedo, por eso la entregué», dijo a Diario El Mundo.
La legisladora aseguró que sacó algunas copias de su credencial y que evalúa recurrir ante la Corte Suprema y, si no le resuelven, cree que puede recurrir a una instancia internacional.
«Saqué algunas copias, me las autenticaron algunos abogados para tener la potestad de decir que esa es en base a la original… Vamos a apelar a través de la Corte Suprema de Justicia y luego a las instancias internacionales correspondientes para que esto no le vaya a ocurrir a otras personas», expresó.
El pasado 25 de septiembre, el TSE declaró sin eficacia jurídica las credenciales entregadas a los diputados propietarios y suplentes electos para el Parlacen del periodo 2026-2031 y les dio cinco días hábiles para poder devolverlas, argumentando que actualmente ya no tienen fundamento constitucional debido a la reforma a los artículos 80 y 133 de la Constitución.
La reforma constitucional aprobada el 31 de julio eliminó toda referencia al Parlacen. Además, otra reforma, artículo 34 del Código Electoral, aprobada el 14 de mayo de 2026, derogó todas las disposiciones relativas al Parlamento Centroamericano contenidas en las leyes generales o especiales.
El Parlacen, un organismo cuyas resoluciones no son vinculantes, está compuesto por 20 diputados de El Salvador, 22 diputados de Guatemala, 20 diputados de Honduras, 20 diputados de Nicaragua, 20 diputados de Panamá y 22 diputados de República Dominicana. La bancada actual de El Salvador concluye sus funciones el próximo 28 de octubre de 2026. El 3 de octubre pasado, Nicaragua denunció su tratado constitutivo y anunció su salida del organismo regional.
Chevron anunció este jueves que invertirá $90 millones en El Salvador en el próximo quinquenio para reforzar su capacidad de almacenamiento de combustibles y abrir nuevas estaciones de servicio, luego de cerrar un ciclo de $55 millones ejecutados desde 2020.
El anuncio de inversión se dio a conocer en el marco del 90.º aniversario de Chevron en El Salvador, que administra la marca estadounidense Texaco desde 1936 y es actualmente la de mayor peso en el mercado automovilístico.
“Sin combustible no podíamos mover a El Salvador”, afirmó Miguel Ramos, gerente de Chevron El Salvador.
“Una inversión trae una cadena de beneficios”, afirmó. “Se generan empleos directos e indirectos, se mejora la vida de las personas y, lo más importante, construye futuro”, dijo.
Destino de la inversión
El portafolio de nueva inversión se destinará a proyectos de modernización y ampliación de capacidad en la terminal de combustibles y la planta de lubricantes de la compañía, ubicadas en Acajutla.
Actualmente, el tanque en Acajutla tiene una capacidad de almacenamiento de 450,000 barriles. Con la ampliación de dos nuevos tanques para los próximos cinco años, se duplicará y llegará a 710,00o barriles.
Estos tanques se encuentran en proceso de construcción y, según Ramos, estarían listos en 2027.
Ramos detalló que el paquete de inversiones abarca también la puesta en marcha de nuevas estaciones de servicio, con una proyección de 60 nuevos establecimientos en los próximos cinco años.
«Cada estación requiere de un estudio exhaustivo de tráfico, de ubicación estratégica; van a estar distribuidas básicamente en todo el país», afirmó.
Según el ejecutivo, han mapeado polos de desarrollo, como en Nejapa, donde se establecen zonas francas o corredores logísticos, así como en las playas de Surf City. Cada estación de servicio genera 60 empleos, entre directos e indirectos.
Chevron detalló que desde 2020, año de quiebre por el impacto de la pandemia de covid-19, ha invertido $55 millones en proyectos enfocados en garantizar el suministro de combustible a través de la infraestructura de la terminal de combustibles y la planta de lubricantes.
Lionel Messi agradeció este jueves a los aficionados argentinos por el apoyo recibido durante su trayectoria con la selección nacional, después de disputar el martes su último partido con la albiceleste, en una despedida que reunió a sus compañeros, familiares y miles de seguidores en el estadio Monumental de Buenos Aires.
El futbolista de 39 años compartió en Instagram una fotografía en la que aparece con la cabeza inclinada y sosteniendo una camiseta argentina con el número 10 en la espalda y la palabra «Gracias» en lugar de su apellido. La misma camiseta lo esperaba sobre el césped del estadio durante el homenaje organizado por su despedida.
«Las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina», escribió el delantero del Inter Miami junto a la publicación, en la que también expresó: «Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho», para cerrar su etapa como jugador de la selección argentina.
El homenaje se realizó durante el encuentro amistoso contra Benín, que terminó con una victoria argentina de 3-0 y un gol del propio Messi. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) preparó una celebración que incluyó presentaciones musicales, fuegos artificiales y un espectáculo de drones dedicado al histórico capitán.
Messi cerró su carrera internacional con dos récords
Con su última aparición frente a Benín, el delantero completó 208 partidos con la selección argentina y alcanzó los 126 goles, dos registros que lo consolidan como el futbolista con más encuentros disputados y más anotaciones en la historia del combinado nacional.
«Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta”, dijo Messi después del encuentro, cuando tomó la palabra en el centro del campo, acompañado por sus compañeros de selección y su familia, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de despedida.
El atacante reconoció que abandonar la selección argentina representa «un dolor muy grande» y admitió que le habría gustado continuar defendiendo los colores de su país «toda la vida«. Sin embargo, explicó que considera adecuado cerrar su trayectoria internacional después de más de dos décadas y seis participaciones en Copas del Mundo.
El miércoles, Messi también expresó en Instagram que ya extraña vestir la camiseta albiceleste, aunque mantiene la convicción de estar tomando “la decisión correcta”. En su mensaje de despedida, reiteró su agradecimiento a los aficionados que lo acompañaron durante su carrera: «Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado», agregó.
Francia vivió este jueves una nueva jornada de protestas estudiantiles salpicadas por enfrentamientos entre policía y manifestantes y por episodios como el saqueo de un instituto en Burdeos, al tiempo que el Gobierno francés ultima las respuestas concretas para aplacar la revuelta.
Tras las masivas movilizaciones del 6 de octubre, donde se registraron hasta 450,000 personas -según los sindicatos-, la de hoy, sin tener el mismo alcance, logró reunir a millares en diferentes puntos de Francia. Las protestas de París fueron las más numerosas.
A la plaza de la Bastilla, confluyeron miles de manifestantes para reivindicar una mejora en las condiciones de estudio para los 2.7 millones de estudiantes de institutos en Francia.
🇫🇷 | URGENTE: La policía se enfrenta a los manifestantes en la Plaza de la Bastilla en París. https://t.co/WccDCCJgPB
«Necesitamos ya medidas concretas. Mientras no se pongan encima de la mesa 10,000 millones de euros, no pararemos la movilización», advirtió en declaraciones a la prensa la portavoz de la Unión estudiantil, Sabrine Kharbach, quien habló de una lucha «histórica» que va más allá al agregar reivindicaciones que van desde los agricultores, pasando por los bomberos y los profesores.
La representante anunció la convocatoria de otra jornada de movilizaciones el 13 de octubre.
Al final de la protesta de la Bastilla, la policía lanzó gases lacrimógenos y realizó cargas para dispersar a los concetrados. La jefatura de policía denunció que ciertos manifestantes lanzaron adoquines y pirotecnia contra los agentes.
Acusado de azuzar las protestas, el candidato presidencial para 2027 Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa, LFI) celebró «una nueva toma de la Bastilla», en alusión a la fortaleza tomada por el pueblo parisino el 14 de julio de 1789, hito que marcó el inicio de la Revolución francesa.
Mientras, el ministro de Educación, Édouard Geffray, adelantó que este mismo jueves detallará un plan de reemplazos de profesores, uno de los reclamos de los jóvenes, quienes se quejan de no contar con docentes suficientes. Esta medida, según los organizadores de las protestas, no será suficiente para suspender las movilizaciones.
Numerosos incidentes
Varios incidentes relacionados con las protestas se registraron en el país. En Reims (noreste), un policía fue ingresado de urgencia tras recibir el impacto de un proyectil. Un joven fue puesto bajo custodia policial tras este hecho.
Un liceo en Lormont, cerca de Burdeos, resultó vandalizado por un grupo de personas encapuchadas, según un vídeo difundido en las redes sociales. El director evaluó los daños causados entre 100,000 y 200,000 euros.
Por otro lado, hoy se supo que el jefe de la policía municipal de la pequeña localidad Port-de-Bouc (sureste) fue suspendido de sus funciones después de que fuese filmado el pasado 2 de octubre intentando atropellar a un grupo de estudiantes de instituto.
La movilización estudiantil, que comenzó en las afueras de París a mediados de septiembre, ha estado salpicada por acusaciones mutuas de violencia entre manifestantes y policías y por graves destrozos materiales que ascienden ya a decenas de millones de euros.
Desde mediados de septiembre, al menos 6,600 personas han sido arrestadas por las protestas –la mayoría menores de edad- y unos 700 policías y gendarmes y algo más de 200 manifestantes han resultado heridos.
Debido a emblemáticos casos de adolescentes gravemente heridos durante los piquetes tras intervenciones policiales (uno perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula), madres y padres se han asociado a las manifestaciones tanto para respaldar las reivindicaciones, como para proteger a sus hijos.
El Gobierno francés, por su parte, ha asegurado que las fuerzas del orden se han visto ante situaciones de extrema de violencia por parte de los manifestantes.
Las epidemias y pandemias han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Una epidemia se produce cuando una enfermedad se propaga rápidamente en una región o país, mientras que una pandemia afecta a varios países o continentes al mismo tiempo. Aunque ahora muchas personas asocian este riesgo únicamente a la covid-19, existen numerosos ejemplos como la gripe española de 1918, que causó millones de muertes en todo el mundo, o la epidemia de enfermedad por virus del Ébola en África occidental. El cólera, la mpox, el sarampión, la meningitis, la fiebre tifoidea y el dengue también causan brotes epidémicos en diferentes partes del mundo.
Pese a los recientes avances de la medicina, las enfermedades infecciosas continúan representando una amenaza para la salud pública. La globalización, los viajes internacionales, el crecimiento de las ciudades y los cambios ambientales favorecen su aparición y propagación. Sabemos que en el futuro se producirán nuevas epidemias y que también es probable que surjan pandemias. Lo que desconocemos es cuándo aparecerán, dónde lo harán y cuál será su gravedad.
Cómo se gestionan y cómo se previenen
Aunque la mejor forma de afrontar una epidemia sería prepararse antes de que ocurra, no siempre es posible adelantarse. Como afirmó el político estadounidense Donald Rumsfeld, “hay cosas que sabemos que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos y hay cosas que no sabemos que no sabemos”.
En cualquier caso, la gestión de cualquier medida preventiva en salud pública requiere una planificación adecuada y una comunicación clara. Un buen ejemplo lo encontramos en la epidemia anual de gripe, una enfermedad que, aunque es estacional (otoño-invierno), siempre resulta imprevisible hasta cierto punto: no podemos adelantar qué tipo o tipos concretos de virus van a circular, ni el número de casos, ni tampoco la gravedad de los mismos, ni por supuesto la efectividad real de las vacunas en cada temporada.
Manejando estas incertidumbres, cada otoño los sistemas sanitarios ponen en marcha campañas de vacunación de la gripe dirigidas a los grupos más vulnerables. Las vacunas antigripales, que se actualizan periódicamente para adaptarse lo mejor posible a las cepas que parece más probable que circulen, reducen el riesgo de enfermedad grave, complicaciones, hospitalización y muerte.
Al mismo tiempo, se recomienda a la población tomar medidas preventivas básicas como la higiene de manos, la ventilación de espacios cerrados, quedarse en casa mientras duran los síntomas y, en determinadas circunstancias como el transporte público, el uso de mascarillas efectivas.
Que estas intervenciones contribuyan o no a reducir el riesgo de transmisión del virus depende, en buena medida, de cómo se transmiten a la población. Hay que explicar qué se recomienda pero también por qué se recomienda y cómo llevarlo a cabo correctamente. Cuando la información es comprensible y coherente, aumenta la aceptación de las medidas propuestas.
La experiencia anual con la gripe demuestra que la salud pública consiste en buena parte en lograr que la sociedad comprenda, confíe e incorpore las medidas recomendadas a su vida cotidiana. Una buena comunicación es fundamental.
Obviamente, el riesgo principal de una epidemia es la enfermedad y, en los casos más graves, la hospitalización, discapacidad o, incluso, fallecimiento del paciente. Pero también tienen “efectos colaterales” como la saturación de los servicios sanitarios (que no dan abasto para atender otras patologías, quedando enfermos desatendidos), el aumento de problemas de salud mental o el absentismo laboral y escolar.
Aunque normalmente cualquier persona puede contagiarse, existen grupos más vulnerables. Entre ellos se incluyen los niños de corta edad, las personas mayores, los enfermos crónicos, las personas inmunodeprimidas, las embarazadas y algunos profesionales especialmente más expuestos a los agentes infecciosos, como los sanitarios. Dar pautas claras a estos colectivos resulta esencial.
La ciencia es fundamental
La ciencia es la base tanto de la prevención como de la gestión de epidemias y pandemias. Gracias a la investigación biomédica podemos identificar nuevos microorganismos, estudiar cómo se transmiten las enfermedades y desarrollar pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas.
La ciencia también permite evaluar qué medidas son más eficaces en cada situación y proporciona a los responsables políticos la evidencia necesaria para tomar mejores decisiones. Invertir en preparación y prevención es comparable a contratar una póliza de seguros a todo riesgo: esperamos no tener que utilizarla, pero resulta esencial cuando surge una emergencia.
Qué idea del riesgo debe transmitirse
Comunicar correctamente el riesgo es siempre un desafío. La población debe comprender que las epidemias son una amenaza real, pero sin generar alarmismo innecesario. El experto en comunicación de riesgos Peter Sandman resumió esta idea en una fórmula: Riesgo = Peligro + Indignación.
En una crisis sanitaria suelen coexistir ambos elementos: existe una amenaza real para la salud y, al mismo tiempo, preocupación, incertidumbre o desconfianza entre la población. Además, las situaciones de crisis alteran la forma en que las personas reciben y procesan la información. La atención disminuye, los mensajes negativos adquieren más peso y la capacidad de comprensión puede verse reducida. Por ello, los mensajes deben ser breves, relevantes, indicar claramente qué acciones se recomiendan y repetirse de forma consistente.
Generar confianza resulta esencial. Autoridades y profesionales deben comunicar con rapidez y transparencia, explicando qué se sabe, qué se desconoce y qué medidas se están tomando. Es muy importante escuchar y respetar las preocupaciones de la ciudadanía y, cuando corresponda, rectificar, reconocer errores y pedir disculpas.
En una crisis sanitaria, la comunicación no es un complemento de la respuesta: forma parte de ella. De hecho, una crisis mal comunicada puede llegar a causar más daño social que el propio problema sanitario.
La importancia de informar y formar a la ciudadanía
Una población bien informada es una de las mejores defensas frente a las epidemias. Es importante que sepamos identificar fuentes fiables de información y distinguirlas de rumores o noticias falsas. Las epidemias suelen ir acompañadas de desinformación.
Algunos de los bulos más habituales son negar su existencia o gravedad, recomendar supuestos tratamientos milagrosos sin evidencia científica, afirmar que las vacunas son innecesarias o peligrosas sin pruebas o atribuir las epidemias a conspiraciones o intereses ocultos. Estos mensajes reducen la confianza en las medidas de prevención y dificultan el control de una epidemia. En salud pública, la falsa ciencia y la desinformación producen siempre daños reales.
Qué podemos mejorar
Podemos y debemos reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, invertir en investigación biomédica, fortalecer los servicios sanitarios, coordinar mejor la respuesta internacional, mejorar la comunicación clara y basada en evidencias, aumentar la educación sanitaria de la población y combatir activamente la desinformación.
Las epidemias y pandemias forman parte de los riesgos globales del siglo XXI: tenemos un solo mundo y una sola salud. La mejor forma de reducir sus potenciales consecuencias es combinar preparación, ciencia, comunicación eficaz y participación ciudadana. Una ciudadanía bien informada y unos sistemas de vigilancia y de salud sólidos y preparados constituyen la mejor defensa para proteger la salud colectiva.
Antoni Trilla, Médico Epidemiólogo. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina i Ciencias de la Salud, Universitat de Barcelona
El Observatorio Regional de Derechos (ORD), a través de su Centro de Monitoreo de violaciones a derechos humanos de personas defensoras ambientales y comunicadoras en El Salvador, documentó seis casos de supuestas agresiones a personas y comunidades defensoras ambientales del 1 de julio al 31 de agosto de 2026.
Los seis casos de supuesta agresión se originaron de movimientos que se generaron frente a la minería metálica y proyectos energéticos, así como por la defensa del agua, el territorio y ecosistemas.
El observatorio indica que la documentación de los casos permite identificar posibles patrones de vigilancia, intimidación, criminalización y restricción de la participación de las comunidades.
Tres incidentes fueron identificados por el observatorio como hostigamiento y vigilancia, dos como amenazas u órdenes de desalojo; y uno como detención arbitraria.
Según el observatorio, las consecuencias de las agresiones fueron en su mayoría afectaciones psicológicas, seguidas de afectaciones en la comunidad, físicas, económicas, familiares y limitaciones a la actividad de defensa, por lo que recomendaron al Estado adoptar medidas para garantizar que personas, organizaciones o comunidades puedan defender derechos ambientales, garantizar “el derecho a la vivienda adecuada” y evaluar impactos ambientales y sociales de los desalojos.
Los seis casos son los siguientes:
22 de julio: vigilancia policial en conferencia por el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, en el triángulo del desvío entre Ilobasco y Sensuntepeque, departamento de Cabañas.
23 de julio: amenaza de desalojo a comunidad defensora del territorio en zona de manglar, en la comunidad Cuatro Vientos, cantón El Zapote, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz. La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura para el 31 de julio contra más de 150 familias. Según el observatorio, la comunidad se encuentra en el entorno de la Costa del Sol y del estero de Jaltepeque, y es una zona de alto interés turístico.
27 de julio: comunidades del distrito de San Isidro, Cabañas Este, denuncian supuestas amenazas por desarrollo de actividades mineras, intentos de desalojo, posible tala de 15,000 árboles para ampliar una vía de acceso hacia terrenos de interés minero.
28 de julio: habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente Sur, protestan contra la construcción de un relleno sanitario, ante presencia policial.
19 de agosto: habitantes de la comunidad Santa Marta protestan contra la captura de Miguel Ángel Callejas Hernández, detenido el 7 de octubre de 2025 por agrupaciones ilícitas y que según la organización había sido sobreseído definitivamente el agosto de 2022. Señalan que es criminalización y lo vinculan con los procesos penales contra líderes comunitarios y ambientales del lugar.
29 de agosto: comunidades indígenas y el Movimiento Indígena para la Articulación de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunciaron hostigamiento y vigilancia durante una actividad pacífica para declarar una zona de la Finca Santa Adelaida, Izalco, Sonsonate, como zona de interés ancestral ecológico y cultural indígena. En el lugar, hay oposición de la comunidad contra el proyecto del parque fotovoltaico de Volcano Energy. En el lugar tres agentes de civil se acercaron a la actividad y manifestaron que actuaban bajo órdenes superiores para prevenir hechos de violencia, algo que las organizaciones consideran parte de un patrón de vigilancia e intimidación.
El juez federal Timothy J. Kelly prorrogó este jueves la suspensión del veto que impuso el presidente de EE.UU., Donald Trump, a medios de comunicación para acceder a la Casa Blanca hasta el próximo lunes, a falta de tomar una decisión sobre la legalidad de la prohibición prevista para el martes.
«La orden de restricción temporal que bloqueaba la prohibición debía expirar al finalizar el día de hoy, pero Kelly dijo que se prorrogaría hasta las 11:59 p.m. del lunes», informó sobre la vista celebrada hoy MS NOW, uno de los medios afectados junto a la cadena CNN y el digital Politico.
Durante la audiencia, el juez trató de analizar los argumentos de la Administración que llevaron a prohibir el acceso de los medios de comunicación a la Casa Blanca, tanto las relacionadas con la seguridad nacional como por las normas periodísticas.
Además, Kelly preguntó si criticar al Gobierno constituye alguna violación de las reglas informativas, al tiempo que consideró que «se han barajado muchos conceptos diferentes» para justificar el veto.
Según la opinión del abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, a Trump no le importan las noticias negativas contra él en la prensa «si se las merece».
El medio afectado MS NOW añadió que Velchik se centró en su argumentación en lo que, según él, son «noticias falsas», en lugar de criticar puntos de vista concretos, cuando los tres medios implicados consideran que la prohibición responde a una violación de la Primera Enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y prensa.
Para el abogado principal que representa a los medios afectados, Theodore Boutrous, todo se debe a que Trump «se levantó con el pie izquierdo y prohibió» el trabajo de sus representados porque, a su modo de ver, «no le gusta el escrutinio» que hacen de su trabajo como presidente.
El presidente de Estados Unidos anunció el pasado 18 de septiembre un veto con efecto inmediato contra CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir «noticias falsas».
Los tres medios demandaron al Gobierno alegando vulneración de la Primera Enmienda y el juez decretó la suspensión temporal del veto hasta dirimir el fondo del litigio.
Kelly tiene previsto pronunciarse sobre la legalidad de la prohibición el próximo martes.
Un hombre identificado como José Antonio Rochac Telule, de 36 años, fue condenado a ocho años de prisión debido a que fue encontrado culpable del delito de apropiación indebida de vehículo automotor por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, informó Centros Judiciales de El Salvador este jueves.
Según la información brindada sobre el caso por los Juzgados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el hecho aconteció el 16 de agosto de 2022 en las inmediaciones de Ciudad Merliot, jurisdicción de Santa Tecla, perteneciente al municipio de La Libertad Sur.
De acuerdo con los datos brindados sobre el proceso judicial, el ahora condenado alquiló un carro perteneciente a la víctima, dedicada al alquiler de coches, formalizando un acuerdo por diez jornadas. Transcurrido dicho lapso, el procesado no entregó el transporte ni atendió los intentos de comunicación efectuados por el afectado.
Frente a la falta de devolución, el perjudicado logró ubicar la unidad por medio del rastreo GPS en Usulután, al oriente del país. Al desplazarse al sitio junto a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), comprobó que el procesado ya había comercializado el automóvil con otra persona.
#JusticiaSV ⚖️| Sujeto condenado a ocho años de prisión por apropiación indebida de vehículo
—Arrendó el automotor por diez días y posteriormente lo vendió a un tercero.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de prisión a José Antonio Rochac Telule, de 36 años, por el delito de apropiación indebida de vehículo automotor.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, la acción delictiva se registró el 16 de agosto de 2022, en Ciudad Merliot, distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur. El imputado alquiló un vehículo propiedad de la víctima, quien se dedicaba al arrendamiento de automotores, y suscribió un contrato por un plazo de diez días. Al vencer el período acordado, Rochac Telule no devolvió el automotor ni respondió a los llamados de la víctima.
Ante el incumplimiento, la víctima rastreó el automotor mediante el sistema GPS y determinó que se encontraba en Usulután. Con el acompañamiento de agentes policiales, se trasladó a la zona y constató que el imputado había vendido el vehículo a un tercero.
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) October 8, 2026
En otro caso similar, pero ocurrido el pasado agosto, otro hombre identificado como Josué David Alfaro Velásquez, recibió cinco años de cárcel debido a que alquiló un vehículo a una empresa de arrendamiento y lo vendió a una persona con quien mantenía una relación de confianza desde hacía más de ocho años, por un monto de $7,800.
Tras concretar la comercialización, Centros Judiciales verificó que el imputado no proporcionó el documento de circulación, argumentando su pérdida y que tramitaba la reposición. De esta forma, el comprador únicamente abonó la cantidad de $7,000, dejando pendiente la suma restante hasta la entrega de la documentación.
Luego del hallazgo, el afectado constató que la unidad poseía denuncia por hurto, motivo por el cual procedió con probidad a entregar el coche a la entidad automotriz e interponer la demanda correspondiente por el delito de estafa, informó Centros Judiciales.
El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este jueves la petición de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, para quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que enfrenta en Estados Unidos.
Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando el delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.
El magistrado consideró que Flores representa un «fuerte riesgo» de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión, según explicó durante la vista.
Durante la vista, Flores se mostró más delgada que en sus anteriores comparecencias. Al principio apareció sonriente, aunque su semblante se volvió posteriormente más serio.
La decisión del juez se conoció el mismo día en que la Fiscalía presentó una nueva acusación contra Maduro y Flores que amplía los cargos que afrontan en Estados Unidos.
El nuevo texto los acusa de conspiración para cometer torturas contra opositores y personas detenidas por las autoridades venezolanas durante el Gobierno de Maduro.
Según la acusación, Maduro autorizó y supervisó un sistema de detenciones arbitrarias, violencia y torturas utilizado para reprimir a la oposición, mientras que Flores participó presuntamente en ese entramado.
La acusación sostiene además que entre las víctimas hubo al menos tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según los documentos judiciales.
El nuevo cargo de conspiración para cometer tortura se suma a los de conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer armas que ambos ya afrontaban, así como al de narcoterrorismo que pesaba sobre Maduro y que ahora también enfrenta Flores.
La Asamblea Legislativa reformó el miércoles la Ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres para agregar a la titular o a un representante del Ministerio de Vivienda entre los integrantes de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Esta reforma se debe a que en la ley actual aún se incluía el «Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano», cuando el Ministerio de Vivienda, antes Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, fue creado en 2019 en la primera gestión gubernamental de Nayib Bukele. La subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano fue creada en 1979 bajo el Ministerio de Obras Públicas. La misma solicitud argumenta que es necesario “actualizar la conformación de la Comisión Nacional de Protección Civil”.
La ley de protección civil es la que regula el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que se activa en un estado de emergencia nacional, como el aprobado desde el 7 de octubre debido a la sequía meteorológica y agrícola en El Salvador.
Además de Vivienda, la Comisión Nacional ya estaba integrada por el ministro de Gobernación, que la preside, el director de Protección Civil, y los titulares o representantes de Cancillería, Salud, Agricultura, Medioambiente, Obras Públicas, Defensa, Educación, Policía, dos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y tres de asociaciones relacionadas al tema de las zonas occidental, central y oriental.
La Comisión Nacional tiene como funciones diseñar la política nacional de protección civil, supervisar la ejecución de los planes de protección civil, dictar las medidas en emergencia nacional, recomendar construcciones o demoliciones, y coordinar el trabajo de las comisiones departamentales, municipales y comunales de protección civil.
Una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo del 2 de junio de 2019 reagrupó a diferentes dependencias del Estado. Esta reforma facultó al Ministerio de Vivienda a planificar el desarrollo integral de los asentamientos humanos en todo el territorio nacional y evaluar las competencias de las municipalidades en gestión territorial y planes de desarrollo urbano.