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Miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), integrantes de sindicatos de trabajadores del Seguro Social, manifestaron este miércoles su respaldo al médico Rafael Aguirre y a la enfermera Madaí Santos como candidatos a presidente y vicepresidente del país por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La conferencia fue dirigida por Modesto Díaz Jovel y Juan Carlos Hernández, de Conadesa; Roxana Quintanilla, del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss); y Mirna Perla, de Conadesa; y miembros del Sindicato para la Defensa de los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Sidetisss).

En un comunicado, exigieron el pago inmediato de las indemnizaciones a todo personal despedido, agilización la entrega del Fondo de Protección del ISSS, el cese de los despidos arbitrarios y del acoso laboral, y el respeto a la libertad y a la asociación sindical, y revisión de los despidos así como restitución si legalmente procede.

El respaldo difiere de la aclaración que hizo el pasado 16 de julio la junta directiva del Simetrisss en un comunicado de prensa, en el cual aclaró que la candidatura era una “decisión personal” y no representaba al Simetrisss. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que integra Conadesa, también se distanció de la candidatura de Aguirre.

Para el candidato presidencial, esta no es una división de Conadesa sino muestra de pensamientos diversos.

“Más que divisiones son pensamientos. Nosotros toleramos el disenso, nosotros toleramos que una persona piense diferente”, indicó, después de la conferencia de respaldo.

Díaz aseguró que hay “un cierre del diálogo con el gobierno central” pero que ven como “punto de inflexión” a la candidatura de Rafael Aguirre. Según el sindicalista, el candidato del FMLN tiene respaldo de los trabajadores del ISSS en distintas zonas del país.

Aguirre exhortó a tener un diálogo “respetuoso, sincero y resolutivo”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestionó al presidente de la Corte de Cuentas de la República, Walter Sosa Funes, por qué la institución dejó de publicar desde el año 2024 los informes de auditorías realizados por la institución en cumplimiento pese a que se lo obliga el artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

“Quisiera saber por qué no conoce la población porque, siendo los que ven cómo se manejan los fondos públicos, pues, hay que comenzar dando el ejemplo, también”, dijo la legisladora, en la reunión de Comisión el lunes, cuando entrevistaron a los primeros cinco candidatos a la CCR, de un listado de 18.

Sosa Funes reconoció que el artículo 46 de la ley de la Corte de Cuentas establece que los “informes son públicos”. “Efectivamente así es, pero recordémonos que tenemos la Ley de protección de datos personales, tenemos la Ley de acceso a la información pública y la Ley de la Corte de Cuentas. Al armonizar estas leyes con los informes, lo que nos impide es no publicar información sensible”, dijo.

“No podemos poner información confidencial en los informes”, respondió el presidente de la Corte de Cuentas, y que deben armonizar los informes de auditorías con esas normativas.

La Corte de Cuentas no publica informes de auditorías desde el año 2024.

La diputada Villatoro también cuestionó que mayoría de jefaturas de la Corte de Cuentas forma parte de la asociación de la Asociación Salvadoreña de Abogados Empleados Judiciales (Asajelp), una asociación creada en 2017 por el abogado Luis Enrique López Jerez.

“Quisiera saber por qué esa buena relación con miembros de esa asociación para darles las jefaturas”, cuestionó.

“Esto nos refleja que vivimos en un país con libertades, un país con libertades de reunirnos, de asociarnos, yo creo que todos los que estamos acá y el pueblo salvadoreño, que nos mira, ya vivimos en un país de libertad, en el que nos podemos asociar libremente, en el que no nos pueden juzgar porque yo pertenezco a una asociación o a un partido político. Y doy gracias a dios que sé que a eso no vamos a retroceder nosotros”, afirmó.

“¿No sé, diputada, si es delito asociarse?, cuestionó el presidente de la CCR.

La legisladora también cuestionó también por qué desde 2021 no se fiscalizaba los vehículos nacionales, algo que fue informado en la Comisión por el titular de la CCR.

“La Corte de Cuentas estaba a cargo de la actual magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Prácticamente me dijo que hizo una mala gestión en su tiempo. Es triste saber que alguien que no hizo su bien trabajo dentro de la CCR pues se le haya premiado por esta Asamblea Legislativa para darle la presidencia del TSE”, señaló Villatoro. El funcionario no respondió.

La Corte de Cuentas es dirigida actualmente por Walter Sosa Funes, quien sucedió en el cargo a Roxana Soriano, ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral y quien en el pasado fue excandidata a diputada por Nuevas Ideas.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con una delegación de la Asociación Mundial de Juristas integrada por su presidente, Javier Cremades, y Aranzazu Calvo-Sotelo y Aaron Feldman.

Según la Vicepresidencia, la visita de representantes de la Asociación Mundial de Juristas tenía el propósito de conocer la realidad del país y “ampliar el intercambio en temas vinculados con la gobernanza democrática”, ya que, aseveró el gobierno, esta organización desarrolla “procesos de certificación”. Según la Vicepresidencia, la Asociación también explora “posibles áreas de cooperación de interés común”.

Esta organización desarrollará en mayo de 2027 el 30º Congreso Mundial de Derecho, para el cual ya se acordó la “Declaración de Tirana para el Futuro del Estado de Derecho” que busca fijar estándares globales para la independencia judicial.

La Asociación Mundial de Juristas también se reunió con la Corte Suprema de Justicia, algo que “fortalece los vínculos” y “abre oportunidades de cooperación en áreas estratégicas” según la Vicepresidencia.

La Asociación Mundial de Juristas es una organización sin fines de lucro que reúne a jueces, abogados y académicos, desde su fundación en 1963. En su sitio web, dice ser una organización que “trabaja para construir un mundo gobernado por la ley, no por la fuerza” y que reúne a jefes de Estado, presidentes de tribunales supremos y constitucionales, jueces de tribunales internacionales, ministros de justicia, entre otros en torno a un foro de diálogo sobre los desafíos legales actuales, como la independencia judicial, la estabilidad constitucional, la protección de derechos humanos, la resiliencia democrática, entre otros.

En uno de los más recientes eventos organizados por la Asociación fue la sesión de apertura del Congreso de Apertura del Congreso Mundial de Derecho 2027, que reunió a unos 500 juristas y en el cual el presidente de la Asociación, Javier Cremades, dijo: “Vivimos en un momento en el que las democracias están cansadas y las autocracias se vuelven cada vez más funcionales”.