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La Asamblea Legislativa reformó hoy, con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, el presupuesto 2026 para incorporar $6.2 millones del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la simplificación de trámites en instituciones del Estado.

Con los $6.2 millones, se contrataría los servicios para el desarrollo de sistemas informáticos de digitalización de trámites en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Los fondos provienen de un préstamo CFA-12061 del CAF, aprobado el 4 de julio de 2023, para financiar el “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador a través de la facilitación del comercio e inversiones”, que busca mejorar la infraestructura física y servicios informáticos, para atención a usuarios en las diferentes aduanas del país, la simplificación y digitalización de trámites, con intervención en 18 instituciones públicas y la creación de una plataforma digital para la implementación de la firma electrónica.

La Asamblea Legislativa reformó la autorización del préstamo de $195 millones del BID para la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador con el fin de que el Ministerio Hacienda, que suscribirá el crédito, done los fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y no exija el reembolso de los mismos como se había determinado en el decreto original.

Hubo 57 votos a favor y 1 en contra, de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Se reformó el artículo 2 del decreto aprobado el 18 de diciembre de 2025 que facultaba a Hacienda a suscribir con la CEPA un convenio para transferir «en carácter reembolsable bajo las mismas condiciones financieras del contrato de Préstamo». La reforma indica el convenio será de transferencia “no reembolsable” a CEPA.

El contrato de préstamo 6073/OC-ES fue suscrito por el Ministerio de Hacienda el 13 de enero de 2026 con el BID.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley de Procedimientos Administrativos para no exigir la apostilla en trámites comerciales aduaneros, con el fin de crear “un clima de negocios atractivo” para inversores nacionales y extranjeros.

La reforma también quita el requisito de presentar copias autenticadas impresas o firmas manuscritas.

En la reforma se incorporó un nuevo artículo 4-A para que, «cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero», no se exigirá su legalización o apostilla ni copias autenticadas, impresas o firmas manuscritas, «cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».

También establece: «Tampoco se exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero cuando cuente con mecanismos de verificación electrónica» o en base a convenios con las entidades extranjeras.

Actualmente el artículo 4 elimina requisitos considerados innecesarios entre estos documentos emitidos por la institución que los solicita o documentos ya proporcionados con anterioridad salvo se hayan vencido, o incluso elimina la exigencia de presentar documentos que obren en registros públicos.

En el pleno, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, aseguró: «No estamos eliminando el control de la apostilla por ejemplo, sino que se racionaliza el momento en que se exige. Pasamos de un control rígido y previo, que puede y retrasa y frena la actividad económica a un control que es inteligente y que es verificable».

La diputada dijo que esto impacta en inversionistas que están «interesados de hacer negocios» en El Salvador. «Busca reducir las barreras formales y mejorar la competitividad del país frente a otras naciones y fortalecer la atracción de inversión», opinó.

Señaló que la base de esta reforma es el principio de «antiformalismo». «No estamos haciendo una reforma menor, dado que estamos ajustando la forma en cómo interactúa la administración pública con la sociedad y la ciudadanía», indicó. Aseveró que la reforma «no contradice el derecho internacional».

Para la diputada Marcela Villatoro, de Arena, se podrían violar los principios de transparencia y rendición de cuentas en el tema de las compras públicas. «Debería de haberse estudiado un poquito más», observó. Señaló que cuando la facilidad se le da a una empresa que «falsifica sus documentos», la culpa no sería de la empresa sino del Gobierno. «Al final, es un daño a la transparencia», dijo en declaraciones a periodistas.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una autorización a Hacienda para que suscriba el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones para financiar el proyecto denominado “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador”.

El decreto legislativo 520 fue aprobado con 57 votos a favor y 1 en contra.

Con los fondos se financiará la rehabilitación de los sistemas de drenaje de las colonias Médica y Santa Lucía, construcción de lagunas de laminación en la quebrada de Buenos Aires, Santa Tecla, y la quebrada Merliot, en La Libertad; rehabilitación de bóvedas en la quebrada El Piro y bulevar Constitución; actualización del plan maestro de drenaje del área metropolitana de San Salvador (AMSS) y estudios de preinversión para proyectos de drenajes.

También se financiarán cursos de capacitación técnica en materia de gestión de riesgos de inundaciones, campañas de sensibilización para la disposición adecuada de residuos sólidos, el fortalecimiento de alerta temprana, la incorporación de sensores para la medición y transmisión de datos, el equipamiento para el sistema de monitoreo, y las auditorías respectivas del proyecto.

El Ministerio de reconoció el lunes en Comisión de hacienda que “los sistemas de drenaje urbano compuestos en gran medida por bóvedas y colectores antiguos” están obsoletos, así como el “acelerado proceso de urbanización que reduce áreas permeables” y reiteró que hay una «inadecuada disposición de desechos sólidos que ocasionan inundaciones recurrentes».

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la “Ley reguladora de la producción y comercialización de alcohol y de bebidas alcohólicas” para disminuir las alicuotas del impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas, concretamente el whisky con grado alcohólico volumétrico superior al 60 % y otros, el ginebra y la partida arancelaria de «licores».

Actualmente los cuatro grupos de licores afectados por la reforma pagan 16 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro de bebida.

El impuesto baja a 9 centavos para whisky con grado mayor al 60 % y otros; para el ginebra y la partida de “licores”; y disminuye a 5 centavos para la partida arancelaria de “licores”.

En la reforma, no se afectan los vinos, el vermut, la cerveza, bebidas como sidra, el ron y tampoco el vodka o aguardientes obtenidos por fermentación con grado superior al 60 %. Estos licores mantienen su alicuota de 9 centavos.

La solicitud enviada por el Ministerio de Hacienda y aprobada con dispensa de trámites señaló que esto se deriva “de la evolución del comercio y de la aplicación del principio de trato de nación más favorecida”.

Los cambios en detalle fueron:

Al whisky con con grado alcohólico volumétrico superior a 60 % vol, se reduce de $0.1600 a $0.0900 la alicuota sobre cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida. Se trata de la partida arancelaria 22.08.30.10. El whisky es la partida 22.08.30.

A “otros” siempre en la categoría de whisky, se baja de $0.1600 a $0.0500 sobre cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida. Se trata de la partida arancelaria 22.08.30.90.

A la partida de “Gin y ginebra”, que paga actualmente $0.1600 por cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida, el impuesto se baja a $0.0900. Es la partida 22.08.50.00.

A los “Licores”, se baja de $0.1600 a $0.0900. Es la partida 22.08.70.00.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó que en el momento de la votación acababan de recibir el documento. “Yo no sé si mis colegas diputados ya tienen el diputado, si les interesa tenerlo o van a pushar el botón, este no es un buen procedimiento para aprobar leyes”, cuestionó a Nuevas Ideas.

La diputada Suecy Callejas le respondió que la diputada Elisa Rosales lo leyó y que por eso es “un acto notorio y público”. Ortiz le respondió que la “simple lectura” no equivale “a tener acceso para poder analizar, leer y tomar una decisión responsable”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también pidió el documento. “Me resulta contradictorio que ningún diputado pudiera explicar a qué se debe, cuál es la finalidad, me atrevería a decir que si yo pregunto al azar, tampoco tienen conocimiento de lo que se busca o la finalidad de este documento”, cuestionó.

Castro lo sometió a votación. Ortiz votó en contra. Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor de la reforma.