La cartera de depósitos en los bancos miembros de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) cerró 2025 con un crecimiento histórico del 18 % y superó los $20,061 millones, informó la gremial el jueves en un comunicado.
Este crecimiento equivale a $3,056 millones adicionales depositados en las cuentas bancarias, en un año marcado por un récord de remesas familiares, uno de los principales motores del ahorro de los salvadoreños.
“Cuando el ahorro crece, significa que más personas y empresas confían en mantener su dinero en el sistema bancario”, señaló Abansa en el comunicado, en el que destacó que el sistema cerró con resultados sólidos producto de la dinámica económica.
Crédito como respaldo a la economía
La gremial detalló que el saldo de la cartera de préstamos alcanzó $17,568 millones al cierre de 2025, con un crecimiento del 9.4 %. “Más crédito significa más oportunidades para comprar casa, mejorar el hogar, invertir o crecer en un negocio, estudiar o enfrentar emergencias”, explicó Abansa.
La cartera de crédito a empresas sumó $8,858 millones, con un crecimiento del 14.2 %. Según la gremial, los sectores que más destacaron en 2025 fueron construcción, con un repunte del 29.5 %; servicios, con 20.7 %; y comercio, con 10.1 %.
Además, los bancos miembros de Abansa destinaron $2,737 millones en crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), un saldo que creció 11 % respecto a 2024.
Gráfico creado NotebookLM
“Esto es importante porque cuando una empresa invierte dinamiza la actividad económica”, indicó la gremial.
La banca cerró 2025 con una solvencia de 14.06 %, por encima del mínimo requerido por ley, mientras que la mora se situó en 1.45 %, menor al 1.8 % registrado en 2024.
Abansa detalló además que la red de atención bancaria alcanzó 8,900 puntos a nivel nacional, 1,200 más que en 2024, lo que representa un crecimiento del 18.2 %.
Con el avance de la tecnología, los canales móviles crecieron 32 % y se registraron 198 millones de nuevas transacciones. En este segmento, las mujeres destacaron como nuevas usuarias, con un aumento del 23 % en banca por internet y del 20 % en banca móvil.
Las mujeres de El Salvador están entre las que menos hijos tienen en Centroamérica, con un promedio de 1.8 hijos, según el anuario estadístico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El documento, publicado el 18 de febrero, señala que la tasa global de fecundidad en América Latina y el Caribe fue de 1.8 hijos por mujer en 2024. Este indicador se refiere al número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil, sin estar expuesta a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el final del período reproductivo.
En Centroamérica, según la CEPAL, Costa Rica registra la menor tasa, con 1.3 hijos por mujer.
Le siguen Panamá, con un promedio de 2.1 hijos por mujer; Nicaragua, con 2.2; Guatemala, con 2.3; y Honduras, que presenta la mayor tasa, con 2.5 hijos por mujer.
Aunque el anuario no detalla los motivos por los cuales las mujeres tienen cada vez menos hijos, en publicaciones anteriores la CEPAL ha explicado que la transición hacia bajos niveles de fecundidad en América Latina y el Caribe se produjo de manera acelerada desde la segunda mitad del siglo XX.
Según el informe Observatorio Demográfico 2025: América Latina y el Caribe ante la baja fecundidad, tendencias y dinámicas emergentes, publicado en octubre del año pasado, se observa un desplazamiento de la maternidad por una combinación de factores, como mayor acceso a la educación, participación femenina en el mercado laboral, avances hacia una mayor igualdad de género y disminución de la mortalidad infantil.
Las mujeres salvadoreñas tienen menos hijos
De acuerdo con el VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda, las mujeres salvadoreñas tienen menos hijos, aunque hay más mujeres en edad fértil.
La proporción de mujeres en edad fértil respecto a la población total de El Salvador aumentó de 26.9 % en 2007 a 27.5 % en 2024, equivalente a más de 1.6 millones de mujeres.
En promedio, las mujeres tienen 2.2 hijos, una tasa inferior al 2.8 registrado en el censo de 2007.
Antes era común que las mujeres tuvieran varios hijos, algo que ha cambiado en los últimos 17 años. El censo de 2024 encontró que el 70.1 % de las mujeres en edad fértil han tenido de uno a dos hijos, un porcentaje mayor al 53.8 % reportado en 2007.
Entretanto, las mujeres que han tenido de tres a cuatro hijos pasaron de representar el 32.7 % al 25.5 %, mientras que las que tienen más de cinco hijos bajaron del 13.5 % al 4.4 % en los últimos 17 años.
“A perro flaco, todo son pulgas”, dice el refrán, que quiere significar que cuando los problemas abundan, siempre aparecen más. El mundo intelectual ya estaba enredado y, para colmo, irrupción la inteligencia artificial. No estoy en contra del desarrollo tecnológico, pero pienso que no podemos ser ingenuos ante su potencial.
En la historia de la filosofía se considera que estamos en la postmodernidad, época descrita por Gianni Vattimo como la época del “pensamiento débil”. Llevamos algunos años en los que se ha buscado debilitar los fundamentos absolutos y violentos de la modernidad. Desde los años ochenta, esta idea se volvió clave para entender la fragmentación y la falta de certezas en el mundo contemporáneo. Según Vattimo, vivimos en una especie de “Babel informativa” donde los medios y la comunicación ocupan un lugar central.
No llegamos de la noche a la mañana a este ambiente intelectual y cultural. Con el ocaso de la metafísica —ese largo intento de encontrar fundamentos sólidos y universales— la modernidad abrió paso a la sospecha como método.
En el siglo XVII, René Descartes (1596 -1650) considerado el padre de la filosofía moderna, fue el primero en utilizar la duda como punto de partida. Frente a la inseguridad del conocimiento heredado, propuso poner en duda todo lo que pudiera ser falso o incierto, hasta encontrar una verdad indudable: el famoso “pienso, luego existo”. Con este giro, la razón humana se convirtió en el nuevo fundamento del saber, inaugurando una época que busca certezas individuales.
Por su parte, Nietzsche (1844-1900) proclamó la “muerte de Dios” y la disolución de los valores absolutos. Heidegger (1889-1976) habló del “fin de la metafísica” y de la necesidad de pensar el ser no como fundamento, sino como apertura e historicidad. La filosofía del lenguaje subrayó que todo conocimiento es interpretación situada en un horizonte histórico.
En este marco, Vattimo sostiene que la posmodernidad no es simplemente “lo que viene después” de la modernidad, sino una época marcada por la desaparición de la pretensión de una verdad única y universal. La realidad ya no se concibe como un bloque sólido, sino como una red de interpretaciones y discursos.
Este ha sido el caldo de cultivo para un ambiente relativista, agnóstico, nihilista… que Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) en una homilía memorable del 18 de abril de 2005, lo describe de la siguiente manera: “Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas, cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas del pensamiento… La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia ha quedado agitada por las olas, zarandeada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo (…). Mientras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar zarandeado por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud que está de moda. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que sólo deja como última medida el propio yo y sus ganas”.
Es justamente en este ambiente intelectual, que renuncia voluntariamente a fundamentos fuertes, donde aparece la inteligencia artificial. No creo que sea una consecuencia lógica, sino una coincidencia inquietante. Primero, nos hemos desprovisto de las herramientas intelectuales o instrumentos lógicos para conocer la realidad y poder interactuar con ella. Una vez desarmados de cualquier confianza en el conocimiento, surge un instrumento tecnológico que crea aparentes verdades en dónde es evidente que no existen, pero que convencen hasta los más versados. En otras palabras: mientras el pensamiento humano se ha debilitado, las máquinas se han fortalecido para crear una supuesta realidad.
Es tiempo de regresar a los clásicos, de apoyarnos en fundamentos firmes, de recuperar la confianza en la razón y en el Ser como base de todo conocimiento. Poder decir con Aristóteles: “Decir de lo que es que es, y de lo que no es que no es, es verdadero; y decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es falso.” (Metafísica: Libro IV, 7, 1011b25-27).
* Fernando Armas Faris, Sacerdote y Doctor en Filosofía
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró el jueves que “es una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción. Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportó 470 muertes bajo custodia estatal de 2022 a 2025.
Según Ulloa, Centros Penales le reportó entre 200 y 350 muertes anuales de reos durante la última década. “Las personas se mueren en la cárcel, se mueren en el hospital, se mueren en todo sitio, pero no es que por el régimen de excepción han muerto 348. Es una leyenda que se ha desarrollado, no sé cómo”, dijo, en la tribuna organizada por EFE en Madrid, España.
Según Ulloa, el gobierno tiene un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que puedan vigilar presencialmente cada uno de los centros penitenciarios y sostuvo que “son ellos” quienes les han recomendado mejoras y soluciones para mejorar condiciones pero “no en hotel de cinco estrellas”.
“Son ellos los que nos han señalado y recomendado las reformas, las mejoras y las soluciones que hay que hacer para que los reos estén en condiciones, no de hotel cinco estrellas… No tenemos ese tipo de prisiones, pero sí prisiones seguras donde la dignidad humana se respeta, donde la Cruz Roja certifica condiciones de salud, de internamiento”. Félix Ulloa, vicepresidente salvadoreño.
Ulloa mencionó en Madrid, ante las preguntas de periodistas sobre las muertes en las cárceles salvadoreñas, que en los últimos tres años las cárceles de España han tenido 602 muertos de los cuales 345 fueron forma violenta.
“Que la gente se muere en la cárcel, se muere. La mayor denuncia que yo escuché era que habían muerto 348 muertos durante el régimen de excepción, o sea, en cuatro años”, expresó.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) publicó en enero el “Informe de muertos en prisiones de El Salvador durante el régimen de excepción 2022-2025” que indica tienen un registro informal de 470 muertes de detenidos en los diferentes centros penitenciarios del país. En enero esta entidad reportaba 480 fallecidos.
La organización, que recolectó los datos de información brindada por familiares y fuentes abiertas, detalla que el 31.8 % murieron por causa violenta, el 31.6 % por falta de atención médica a enfermedades y el 4.7 % por enfermedad terminal. Un 62.6 % de las muertes ocurrieron en los hospitales, un 30.4 % en el centro penal y un 3.8 % en su vivienda luego de ser liberados, según el SJH. El informe sostiene que el 94 % no eran pandilleros.
Durante ese periodo el SJH registró 192 casos en el centro penal de Izalco, 89 en la penitenciaría La Esperanza o Mariona, 49 en el penal de Apanteos, 34 en el penal de Quezaltepeque, 20 en bartolinas policiales, 18 en la granja de Zacatecoluca, 15 en el centro de cumplimiento de penas de Santa Ana, 5 en Ilopango, 5 en la Granja de Santa Ana, 4 en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), 3 en el penal de San Vicente, 3 en el penal de Ciudad Barrios, 2 en Zacatecoluca, 2 en San Miguel, 1 en Ilobasco, 1 en San Francisco Gotera, 1 en El Espino y en 24 dice que el centro de reclusión se desconoce.
El Salvador exportó menos energía eléctrica en 2025, un rubro del comercio exterior que cerró con una caída del 30.4 % y llegó a su nivel más bajo en cuatro años, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
Al cierre de 2025, las exportaciones de energía sumaron $26.55 millones, es decir, $11.59 millones menos en comparación con 2024, cuando superaron los $38.15 millones.
Los ingresos por este concepto son los más bajos desde 2021, cuando superaron los $2.03 millones. En 2022 aumentaron a $39.9 millones y en 2023 alcanzaron un récord de $74.6 millones; sin embargo, en los dos años siguientes se registraron caídas consecutivas.
Las exportaciones de energía eléctrica se realizan a través del Mercado Eléctrico Regional (MER), creado para que los países centroamericanos vendan o compren electricidad a precios más bajos o cuando enfrentan problemas de generación. No obstante, el BCR también registra despachos a “otros países”, sin detallar los destinos.
Al menos cinco países recibieron energía generada en El Salvador. Guatemala fue el principal comprador, con más de $21.21 millones, equivalente al 79.8 % del total exportado.
También se despachó energía a Honduras por $4,479.3; a Nicaragua por $8,217.1; a Costa Rica por $116,249.5; y a Panamá por $70,997.1.
De acuerdo con el BCR, la categoría de “otros países” representó exportaciones por $5.1 millones, un resultado que no se había documentado en la base de datos hasta 2025.
Importaciones
Por otro lado, El Salvador importó $23.4 millones en energía eléctrica, $4.4 millones más que los $18.9 millones registrados en 2024, lo que representa un crecimiento del 23.7 %.
Usualmente, El Salvador y Guatemala han sido los principales actores del mercado regional, donde las centrales guatemaltecas figuraban como los mayores proveedores. El BCR documenta que en 2019 se alcanzó el nivel más alto de importaciones, con $176.5 millones, de los cuales $154.3 millones correspondieron a Guatemala.
A partir de entonces se observó una desaceleración en las importaciones y Guatemala fue perdiendo participación hasta ubicarse en $16.7 millones en 2025.
El gobierno salvadoreño atribuye la menor dependencia de las importaciones a un aumento en la generación interna, donde la hidroeléctrica y el gas natural se posicionan como las principales fuentes de producción.
El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) registró una amortización efectiva de $7 millones a la “deuda previsional” de un presupuesto que ascendió a $814.5 millones según su propio informe de ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre de 2025.
El informe indica que tenía presupuestados $7.4 millones para “amortización deuda previsional” de los cuales usó $7 millones.
Los mayores gastos del ISP fueron $357.5 millones en el rubro de “prestaciones de la seguridad social” y $222.8 millones para transferencias corrientes.
De acuerdo al informe semestral de ejecución presupuestaria publicado en enero por el Ministerio de Hacienda, las transferencias corrientes del ISP consisten en el traslado de recursos a la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS) para el pago de pensiones.
Los gastos financieros del ISP sumaron $166.4 millones, una erogación que el informe de Hacienda la ubica en “intereses y comisiones de títulos valores en el mercado nacional”.
Además, el ISP también destinó $6.4 millones a remuneraciones, $3 millones a bienes y servicios. El informe puede ser encontrado en el Portal de Transparencia del ISP en el apartado de balances financieros.
El ISP fue la institución creada que sustituyó al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) pero con una nueva facultad de emitir Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para poder pagar las pensiones de aproximadamente 88,000 beneficiarios del sistema público.
Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Estado debía $11,241.13 millones al Fondo de Pensiones, de los cuales $8,394.19 es deuda heredada antes de la reforma de 2022 (Certificados de Inversión Previsional, ahora Certificados de Fondos de Transición) y $2,846.94 millones en COP, después de la reforma.
Las AFP están pagando las pensiones de 128,000 jubilados y perciben cotizaciones de unos 950,000 trabajadores, según el FMI.
Según el informe semestral de ejecución presupuestaria de Hacienda, el ISP tuvo un presupuesto votado de $855.3 millones para 2025, de los cuales devengó $789.3 millones, siendo la institución autónoma con más ingresos ejecutados.
El ISP es una entidad descentralizada no empresarial cuyo presupuesto no está incluido en la Ley de presupuesto general del Estado.
Ejecución presupuestaria del Instituto Salvadoreño de Pensiones. / ISP.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reveló este jueves que el país ya decomisó más de siete toneladas de droga en lo que va el año 2026, tras la reciente incautación de 6.6 toneladas de presunta cocaína, el pasado 13 de febrero, en una operación que ha sido catalogada como la más grande hecha en el país.
Ayer, durante una conferencia en la base naval de La Unión, el ministro indicó que éstas más de siete toneladas equivalen a 22 millones de porciones o dosis que no llegarán a la calle. El ministro de la Defensa Nacional, René Merino, precisó que se trata de 7.41 toneladas equivalentes a $184.5 millones.
Solo la última incautación está valorada en $165 millones y afirmó que equivalen a 19,800,000 dosis de cocaína.
“Estos resultados están sirviendo de ejemplo para otros países, para que los ciudadanos también les exijan a su gobierno poder poner un basta ya a estas organizaciones criminales que sin duda en muchos países son los que realmente gobiernan”, indicó el ministro.
El pasado domingo en la noche, el presidente salvadoreño Nayib Bukele reveló que la Marina Nacional había incautado 6.6 toneladas de presunta cocaína, al interior de un Buque de Apoyo Multipropósito, un barco de grandes proporciones, con bandera de Tanzania, África. El operativo contra el narcotráfico se realizó a 380 millas naúticas, es decir, a 703.7 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, del estero de Jaltepeque.
En su interior, fueron detenidos 10 presuntos narcotraficantes, cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano identificados como Luis Enrique Rodelo Osorio de 59 años, Antonio José Ángulo Narváez de 59 años, Mario Alonso Pérez Hernández de 58 años y Miguel Antonio Galeano Ariaza de 71 años
Detenidos por 6.6 toneladas de drogas. / FGR.
, así como José Martín Cerda Cea de 60 años, Roberto Adolfo Día de 64 años z y Francisco Javier García Duval de 63 años (nicaragüenses), Yareth Sanir Carr Garcés de 29 años y Vicente Ramos de 60 años (panameños) y el ecuatoriano José Ramiro Valencia Fox de 59 años, dos de ellos, fueron señalados con antecedentes de narcotráfico.
Ayer, la Fiscalía General junto con la División de Análisis Técnico Científico Forense de la Policía Nacional Civil anunciaron que empezarían el peritaje de los 330 bultos de droga, para confirmar que se trata de cocaína. Al terminar el análisis, los 10 detenidos serán acusados de tráfico internacional de drogas.
La Fiscalía General de la República (FGR) apeló, el pasado viernes, la segunda absolución del caso Santa Marta, donde ocho exguerrilleros habían sido exonerados del delito de homicidio en perjuicio de una mujer, durante el conflicto armado.
Según la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, Victoria, Cabañas, el Ministerio Público Fiscal pidió a la Cámara de lo Penal de San Vicente que revoque el fallo y ordene repetir el juicio, por tercera vez.
“La Fiscalía presentó la apelación el viernes pasado, (13 de febrero) era el último día hábil durante el plazo, que son 10 días después de recibida la sentencia”, manifestó ayer el líder de ADES, Alfredo Leiva, en conferencia de prensa.
Según Leiva, la apelación fiscal no posee argumentos jurídicos para revocar el fallo, sino inconformidades. “No están satisfechos con la resolución de los jueces sin plantear mayores argumentos jurídicos que sustenten la apelación, entonces nosotros consideramos que más que buscar hacer justicia lo que tratan es con su estrategia de dilatar el proceso”, añadió.
A través de un comunicado, la asociación señaló que consideran que se trata de una manera de retardar la justicia y mantener el caso, cuando el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, que permitiría a las empresas de ese país del norte, la extracción de “minerales críticos” y “tierras raras”.
“Esto es una clara señal de que la amenaza de la minería metálica se aproxima rápidamente, poniendo en grave peligro el agua, la salud de la población y la existencia misma del país”, añade el comunicado.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente exoneró a los ocho procesados por homicidio el 24 de septiembre de 2025, levantó las órdenes de captura y absolvió de forma unánime por falta de pruebas a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a los otros cuatro Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría dado que hubo dudas en el tribunal, los jueces dijeron sobre ellos que hubo vinculación pero las pruebas no lograr quebrantar la hipótesis de la Fiscalía.
El Ministerio Público acusó a los ocho del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.
Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) busca atraer a nuevos socios extraregionales con calificación AAA para blindar su crecimiento y alcanzar la máxima categoría crediticia en los próximos años, dijo este jueves a EFE su presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez.
Tras la mejora a AA+ otorgada en 2025 por la Agencia de Calificación de Crédito de Japón (JCR), Sánchez señaló en Tegucigalpa que la institución se encuentra en un «punto de inflexión» para diversificar su cartera y capitalizarse.
“Nos encontramos en un nuevo punto de inflexión que nos permite atraer nuevos miembros, volver a diversificar nuestra cartera y, ojalá, capitalizar pronto al Banco y, lo más importante, aspirar de forma consistente a que, en los próximos meses, el Banco se convierta en un banco AAA, si es que podemos atraer a esos nuevos miembros altamente calificados”, subrayó.
Detalló que cualquier país interesado en sumarse a los 15 miembros actuales debe cumplir tres condiciones fundamentales: un alineamiento estratégico con la región, una calificación de riesgo igual o superior a la del BCIE y un compromiso firme con la transparencia y la gobernanza.
«Estamos en una nueva era del Banco (…) este nuevo punto de inflexión nos permite construir una historia positiva, de fortaleza financiera de la mano con una historia de rendición de cuentas, de transparencia, de eficiencia y excelencia operacional», enfatizó.
Hitos financieros y fondeo global
La reciente mejora crediticia, tras seis años sin cambios, responde a un manejo «prudente», optimización del balance, niveles sólidos de liquidez y una cartera diversificada con 0 % de morosidad, explicó Sánchez.
La calificación actual, añadió, es una «señal muy importante» de que las calificadoras «están confiando en la forma en la que estamos trabajando», un respaldo que permitió al BCIE concretar su mayor emisión global al colocar un bono social por $2,000 millones para proyectos de infraestructura, salud y reducción de la pobreza.
Fachada del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Tegucigalpa (Honduras). / EFE
«Es una gran noticia para Centroamérica y para el BCIE. Representa una parte muy importante del fondeo del año y nos da la tranquilidad de que, en un ambiente de incertidumbre geopolítica y constantes cambios, el banco está sólido y fondeado», afirmó.
El BCIE reforzó su presencia en el Reino Unido con una emisión de 500 millones de libras esterlinas, en condiciones similares a las obtenidas en Estados Unidos.
La operación, segunda incursión en ese mercado, le permite «diversificar geográficamente» sus fuentes de financiamiento y fortalecer su estructura multimoneda, con la expectativa de trasladar mejores condiciones a sus países miembros mediante tasas más competitivas, precisó Sánchez.
El BCIE también amplió su presencia en Asia con la reapertura de un bono en dólares y una emisión en dólares neozelandeses, con lo que suma 27 divisas en su cartera de fondeo.
Sánchez destacó al mercado japonés como aliado estratégico por el perfil de sus inversores de largo plazo y subrayó que la solidez financiera del Banco favorece la captación de capital asiático en condiciones competitivas, consolidando una relación de «ganar-ganar» entre ambas regiones.
Afirmó que la solidez financiera alcanzada entre 2024 y 2025 permite captar recursos a tasas más competitivas, trasladando mejores condiciones a los países miembros, y reiteró que la meta es convertir al BCIE en un banco AAA y en el principal motor de transformación regional hacia 2040.
La titular de BCIE dijo que la institución busca ser un “motor de transformación positiva”, con el objetivo de ofrecer financiamiento “lo más barato posible” para que los países puedan superar sus retos estructurales.
«Esperamos ser ese brazo y ese aliado que permita a los países soñar en la Centroamérica del 2040», señaló Sánchez, quien recordó que el BCIE suscribió un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para atender las causas estructurales de la migración.
Fundado en 1960, el BCIE se proyecta como la institución financiera multilateral mejor calificada de América Latina y busca consolidarse como el principal aliado estratégico para la transformación de la región hacia el 2040.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados (Ovnis), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre. El mandatario explicó que la medida busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación pública.
En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump señaló que se recopilarán y divulgarán documentos sobre asuntos “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”. La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, con el objetivo de hacer públicos expedientes que permanecen clasificados.
El anuncio surge después de declaraciones del expresidente Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde respondió preguntas rápidas sobre la existencia de vida extraterrestre.
Ante la consulta de si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: “Son reales, pero yo no los he visto”, y agregó que no existen instalaciones secretas subterráneas, salvo que hubiera una conspiración de gran escala que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.
Trump reaccionó a esos comentarios y aseguró ante reporteros a bordo del Air Force One que Obama “dio información clasificada” y cometió “un grave error”. No obstante, el propio mandatario reconoció que desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de divulgar la información oficial disponible sobre Ovnis y UAP.
Posteriormente, Obama precisó en Instagram que durante su presidencia no vio “pruebas” de contacto con extraterrestres, aunque sostuvo que, dada la vastedad del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.
El interés por estos temas no es nuevo: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron la existencia del Área 51, base militar creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2. La nueva instrucción presidencial reaviva el debate sobre transparencia gubernamental y fenómenos aéreos no identificados en Estados Unidos.
