Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal, en un país golpeado por la pobreza, la corrupción y la inseguridad.
El clima previo a la jornada de comicios ha estado marcado por tensiones, dudas sobre la transparencia del proceso y riesgo de violencia.
Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.
Incertidumbre y descontento
La transparencia del proceso ha sido cuestionada con denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, así como la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales y la posible injerencia de las Fuerzas Armadas.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Los que acaparan mayor caudal de votantes, según sondeos, son Rixi Moncada, de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria del país; Nasry Asfura, del Nacional; primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, del Liberal, segunda.
El Partido Nacional llega a las elecciones fortalecido en la víspera por el respaldo a Nasry Asfura expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha pedido a los hondureños que le voten, mientras que a Rixi Moncada y Salvador Nasralla los ha tildado de «comunistas».
Los hondureños acudirán a votar con algún grado de incertidumbre y un creciente descontento por problemas como la pobreza que afecta a más del 60 % de los diez millones de habitantes del país, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, factores que han erosionado la confianza en la clase política, según organizaciones civiles.
El analista Lester Ramírez dijo a EFE que los comicios representan más «una vuelta de hoja» que una solución a los problemas del país, y advirtió que la votación por sí sola no bastará para renovar instituciones «plagadas de corrupción».
Riesgo postelectoral y llamados a la paz
Ramírez subrayó que la rapidez y el respaldo técnico en la divulgación de los resultados preliminares por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) es vital para reducir el riesgo de violencia postelectoral.
Aunque valoró la tecnología que usará el CNE (como el GPS en las maletas electorales), el analista cuestionó la credibilidad de sus autoridades, al afirmar que están «sumamente degradadas» y que «hay muy poca confianza» entre los consejeros del órgano electoral.
Ramírez resaltó la relevancia de la observación nacional e internacional, en particular de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), para garantizar la transparencia del proceso.
Además de escoger al sucesor de Xiomara Castro, los ciudadanos votarán por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.
Bajo la candidatura de Rixi Moncada, el partido Libre, fundado en 2011, busca consolidar su proyecto de «refundación» del Estado y asegurar un segundo mandato consecutivo.
Los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal, ambos con más de un siglo de trayectoria y experiencia en la gestión pública, intentan recuperar la Presidencia y la representación parlamentaria, presentándose como la alternativa frente al malestar ciudadano provocado por la situación económica, la inseguridad y los problemas de gobernabilidad.
La atención del domingo se centrará en la afluencia a las urnas, el comportamiento de los candidatos y la rapidez y fiabilidad con la que el CNE pueda ofrecer resultados preliminares confiables, en un país donde muchos hondureños temen que haya violencia.
Organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, la UE, y organizaciones defensoras de los derechos humanos han reclamado a las autoridades hondureñas que garanticen la independencia y eficacia del ente electoral, y que el proceso se desarrolle con plena libertad y transparencia.
