Los juicios masivos que se estarían desarrollando en El Salvador a personas detenidas durante la implementación del régimen de excepción contra las pandillas emitirán sentencias «injustas», sin elementos de prueba individuales, advirtió este viernes el abogado David Morales, de la organización de derechos humanos Cristosal.
Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, y elimina los procesos individuales.
A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según han denunciado organizaciones de derechos, «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.
Además, el Congreso aprobó en agosto pasado otra reforma a la ley contra el crimen organizado para ampliar a dos años más el plazo de la detención provisional de las personas capturadas en el contexto de la medida de excepción, implementada desde marzo de 2022.
El cambio establece que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra las personas detenidas durante el régimen de excepción, muchos de ellos en prisión desde marzo de 2022 y sin aún haber enfrentado juicio.
Morales explicó, durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los abogados en América Latina, que se realizó en Miami (EE.UU.), en el marco del 194 período ordinario de audiencias, que las reformas penales relacionadas con el régimen de excepción en El Salvador «han llevado al congelamiento de la instrucción penal de decenas de miles de procesos durante dos años» y «ahora hay una reforma que lleva a la posibilidad de juicios masivos sin un tribunal sentenciador independiente».
Apuntó que la Fiscalía «está dando cuenta de acumulaciones de hasta 6,000 personas en un solo caso que darán lugar a audiencias abiertas que durarán dos años».
«Las reformas permiten juicios masivos sin elementos de prueba individual con autoridades que actúan como un aparato que sistemáticamente viola en debido proceso. Entonces, sí estamos a las puertas de sentencias masivas injustas sin elementos de prueba individual en El Salvador», alertó.
La Fiscalía solicitó en agosto de 2023 al Congreso una reforma para la extensión de dos años al plazo de la detención provisional, cuando se cumplían -en ese momento- 17 meses de la implementación del régimen, lo que generó polémica debido a las implicaciones sobre derechos humanos, según diversas organizaciones.
Antes de esta reforma, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente en el país establecía que el plazo máximo de detención provisional para delitos menos graves es 12 meses y 24 para aquellos graves.
El régimen de excepción, que deja más de 89,900 detenidos, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
