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La masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español y un salvadoreño,  junto a dos mujeres salvadoreñas, ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), cumple este año 36 años sin que haya justicia plena para las víctimas. El crimen, ejecutado por un comando militar, sigue sin resolverse del todo a pesar de su calificación como crimen de lesa humanidad.

Las víctimas fueron los religiosos Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno —todos ellos españoles—, el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA, Elba Ramos, y su hija Celina, de tan solo 16 años. El asesinato fue parte de una ofensiva militar en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Conocidos como los “Mártires de la UCA”, los jesuitas son recordados por su compromiso con los sectores más pobres y por su defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado. Este aniversario está marcado por la ausencia del sacerdote José María Tojeira, principal impulsor de la causa penal, quien falleció en septiembre pasado.

A pesar de que en noviembre de 2023 el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó que 11 acusados fueran llevados a juicio, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el proceso judicial ha permanecido estancado durante un año, sin movimientos públicos y con varios imputados aún prófugos.

Entre los acusados también figura el exdiputado y abogado Rodolfo Parker, ambos señalados como autores intelectuales. La causa, que había sido archivada en 2020 por la Sala de lo Penal, fue reabierta en 2022 gracias a un fallo de la Sala de lo Constitucional, que ordenó continuar con el proceso judicial.

Hasta la fecha, el único militar que ha cumplido parte de su condena en El Salvador es el coronel Guillermo Benavides, quien fue sentenciado a 30 años de prisión. Sin embargo, en 2022 recibió libertad condicional anticipada por edad avanzada y haber cumplido un tercio de la pena. Por otro lado, en España, la Audiencia Nacional condenó al exviceministro de Seguridad, Inocente Montano, a 133 años de cárcel, pena que cumple en ese país.

Además de Cristiani, Parker y Montano, enfrentan cargos Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Rivas Mejía. Todos ellos son militares retirados o exfuncionarios del gobierno de la época.

A 36 años del asesinato, los familiares de las víctimas y organismos defensores de derechos humanos continúan exigiendo justicia ante la impunidad que persiste. El caso de los jesuitas se mantiene como un símbolo de los crímenes atroces del conflicto salvadoreño y la lucha por la verdad y reparación en el país.