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El reciente informe de la Procuraduría General de la República (PGR) deja en evidencia una realidad tan persistente como preocupante: más de 27 mil demandas por incumplimiento de cuotas alimenticias en un solo año. Detrás de cada cifra hay una historia de abandono, de niños y niñas cuyos derechos básicos se ven vulnerados por la irresponsabilidad de quienes deberían garantizar su bienestar.

El dato de que el 97 % de los demandados son hombres revela un patrón estructural que trasciende lo individual y refleja una cultura aún marcada por la desigualdad de género y la evasión de responsabilidades paternas. No se trata solo de un problema jurídico, sino de una crisis ética y social que perpetúa ciclos de pobreza y desprotección infantil. Cuando un padre o una madre incumple con su deber alimentario, no solo infringe la ley, sino que traiciona el principio más elemental de la paternidad: el cuidado.

Pese a las cifras alarmantes, también hay luces que destacar. El hecho de que la PGR haya recibido y gestionado más de $31 millones en cuotas alimenticias, beneficiando a más de 37 mil menores de edad, refleja la relevancia del papel institucional y la efectividad de los mecanismos de cobro. La creación del Registro de Pensión Alimenticia (RPA) constituye un avance significativo hacia la transparencia y eficiencia, al centralizar información y agilizar los trámites mediante herramientas tecnológicas. Este tipo de innovaciones fortalecen la confianza ciudadana en el sistema de justicia y colocan al Estado como garante activo de los derechos de la niñez.

Sin embargo, la magnitud del problema obliga a ir más allá de la gestión administrativa. Es urgente fomentar una cultura de corresponsabilidad parental. El cumplimiento de una pensión alimenticia no debería depender del temor a una demanda o una sanción penal, sino de la comprensión de que alimentar, educar y cuidar a los hijos es un deber humano innegociable.

El Código de Familia es claro: los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos en función de su capacidad económica y las necesidades del menor. Pero ninguna ley, por sólida que sea, puede sustituir la conciencia ni el compromiso.

En un país donde miles de niños y niñas dependen del cumplimiento de estas obligaciones para sobrevivir, cada demanda no solo representa un caso judicial, sino un llamado a la empatía y a la responsabilidad colectiva. El verdadero progreso se medirá no solo por los millones recuperados o los registros creados, sino por el día en que estas estadísticas empiecen a disminuir, porque los padres cumplen por convicción, no por obligación.