Redacción DEM ADMIN HC

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  • Ver un partido de Brasil en el Mundial le costará al menos $2,100 a cada aficionado

    Ver un partido de Brasil en el Mundial le costará al menos $2,100 a cada aficionado

    Viajar desde Brasil a Estados Unidos para ver el debut de la selección brasileña en el Mundial 2026 puede costar un mínimo de $2,100 por aficionado, según estimaciones de agencias de viaje y plataformas de hospedaje. Esa cifra equivale a siete salarios mínimos en Brasil, lo que hace del sueño mundialista una experiencia exclusiva para pocos.

    El partido inaugural del equipo dirigido por Carlo Ancelotti será el 11 de junio en Nueva Jersey, ante Marruecos, por el Grupo C. Luego, enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la fase de grupos el 24 de junio en Miami, todas sedes en Estados Unidos, lo que encarece los traslados entre encuentros.

    El costo estimado del viaje a Nueva Jersey parte de un boleto aéreo ida y vuelta de $950, dos noches de hotel de tres estrellas por $450, y $600 adicionales para comida y transporte. A esto se suma el precio de la entrada más económica, $105, lo que eleva el gasto mínimo para un solo partido a más de $2,100.

    Para quienes deseen seguir a la selección brasileña durante toda la fase de grupos, el costo asciende hasta $11,000 por persona, de acuerdo con paquetes ofrecidos por agencias de viajes, sin incluir alimentación. Este precio puede aumentar dependiendo de los niveles de comodidad elegidos en hospedaje y restaurantes.

    Los hinchas que buscan opciones más económicas podrían trasladarse en tren o por carretera entre Nueva Jersey y Filadelfia, debido a su cercanía. Sin embargo, el último partido en Miami implica recorrer más de 1,900 kilómetros, lo que añade complejidad logística y más gastos.

    Pese a los altos costos, el entusiasmo no se detiene. Brasil figura como el cuarto país con más solicitudes de entradas al Mundial, con más de 101,500 boletos pedidos a través del sitio oficial de la FIFA, según datos divulgados en diciembre pasado.

    La afición mantiene la esperanza en que Ancelotti logre recuperar el rendimiento de la ‘verde-amarela’, que llega al torneo con los peores resultados en unas eliminatorias sudamericanas: solo 8 victorias en 18 partidos, 6 derrotas y 17 goles encajados, ocupando el quinto lugar en la clasificación.

    Desde que se instauró el formato de todos contra todos en 1998, Brasil solo había quedado fuera del primer lugar en dos ocasiones, pero nunca había registrado un desempeño tan bajo. Aun así, la pasión por la camiseta amarilla sigue moviendo multitudes, sin importar el precio.

     

  • Exiliados en Miami anhelan una intervención contra régimen cubano

    Exiliados en Miami anhelan una intervención contra régimen cubano

    Entre la música de salsa y el aroma a puros en las calles de Miami, una parte del exilio cubano respalda la posibilidad de una intervención extranjera en Cuba, similar a la que permitió la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, llevado ante la justicia en Estados Unidos el pasado 3 de enero.

    La propuesta, que gana fuerza entre sectores de la diáspora más conservadores, fue planteada por Luis Zúñiga, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), con sede en Doral, Florida. “Aparte de la presión económica, la presión política, la presión militar, si hace falta una operación quirúrgica para sacar a los opresores, a los que mantienen el poder en Cuba, bendita sea”, expresó.

    Aunque muchos exiliados prefieren guardar silencio por temor a represalias contra familiares que aún viven en la isla, algunos, sin reservas, consideran que la situación actual justifica una acción internacional directa. Para Zúñiga, el resultado del operativo contra Maduro confirma que existe un “derecho a la intromisión” cuando se trata de dictaduras represivas.

    “Hay derecho a la intromisión en los asuntos internos de Cuba porque la dictadura aplasta, abusa, criminaliza a los cubanos arbitrariamente”, sostuvo. Además, argumentó que, así como la revolución cubana se consolidó con ayuda de la Unión Soviética, otras potencias, como Estados Unidos, tendrían legitimidad para apoyar la liberación de Cuba.

    La llegada del presidente Donald Trump nuevamente al poder ha endurecido la postura de Washington hacia La Habana. Una de las primeras acciones de su gobierno fue devolver a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que activó nuevas sanciones económicas y financieras contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

    Para José Ramón Pérez Campos, hijo de exiliados cubanos, la caída de Maduro representa un golpe clave para el régimen cubano. “Este corte con Venezuela lo pone en una situación sumamente difícil. Obviamente es el tipo de situación que, o buscas alternativas de cierta diplomacia conversacional, o no sé realmente a dónde van a parar”, opinó.

    Pérez Campos considera que la solución pasa por abandonar el modelo comunista, pero duda que el régimen acepte perder el control. “Que ellos asuman de verdad su incapacidad y traten de hacer un cambio, o realmente no quedará más remedio que obligarlos a hacer ese cambio”, añadió. De darse una transición, afirmó que la comunidad exiliada estaría lista para apoyar la reconstrucción del país.

    En la popular Calle Ocho, Álex Arellano elogió el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, a quien definió como “el mejor secretario de Estado desde (Henry) Kissinger”, y aseguró que su papel podría ser determinante para el fin del castrismo. Más radical fue José Ramón Cardona, un comerciante que incluso vaticinó: “Queremos ya terminar esto” y predijo que “Cuba sería libre a finales del próximo mes de abril”.

    Pese a lamentar el impacto de las sanciones en la población, Cardona señaló que “esa es la única forma” de ejercer la presión necesaria para que el régimen finalmente colapse. Mientras tanto, la comunidad cubana en Miami mantiene viva la esperanza de un cambio que, aseguran, ya no puede esperar más.

  • Condenan hasta 90 años a pandilleros en La Libertad

    Condenan hasta 90 años a pandilleros en La Libertad

    Nueve pandilleros de la MS-13 fueran condenados a penas de hasta 90 años de prisión por una serie de delitos cometidos en distintos sectores de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad, informó la Fiscalía General de la República (FGR)..

    Entre los crímenes atribuidos a los condenados se encuentran el asesinato de un trabajador y de un comerciante, hechos que generaron temor entre los habitantes de la zona por la violencia ejercida por estas estructuras criminales.

    Además, los pandilleros fueron responsables de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos, quienes se dirigían a su lugar de trabajo cuando fueron interceptados por los delincuentes, armados con armas de fuego, y obligados a trasladarse a un sitio desolado.

    En ese lugar, las víctimas fueron asesinadas, según lo probado por la Fiscalía durante el proceso judicial, que permitió establecer la participación directa de los imputados en los hechos violentos.

    Los condenados a las penas más altas son Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, quienes recibieron sentencias de 90 años de cárcel. Por su parte, Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez fueron sentenciados a 60 años de prisión.

    El resto de los pandilleros implicados recibió condenas que oscilan entre 20 y 30 años de cárcel, de acuerdo con su grado de participación en los distintos delitos.

    Todos los sentenciados pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos, estructuras de la MS-13 que mantenían control criminal en estas zonas de La Libertad.

    La Fiscalía destacó que estas condenas representan un golpe significativo contra las estructuras criminales que operaban en el occidente del país y reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos.

     

  • PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió el viernes a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de justicia transicional integral que garantice reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), a propósito del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

    La institución subrayó que esta normativa debe tener como prioridad a las víctimas y no debe incluir “amnistías de facto ni encubiertas, ni obstáculos procesales que perpetúen la impunidad”, según expresó en un comunicado publicado en redes sociales.

    Además, la PDDH insistió en que la futura ley debe crear las condiciones necesarias para la investigación de crímenes de guerra, sancionar a los responsables, garantizar reparación integral y promover medidas para evitar que estos hechos se repitan.

    En octubre de 2024, sobrevivientes del conflicto y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional, con el fin de establecer un marco legal que reconozca los derechos de las víctimas y genere mecanismos efectivos de reparación.

    La iniciativa representó el tercer intento por legislar en esta materia. La primera propuesta fue archivada en 2021 por la Asamblea dominada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele. Una segunda iniciativa tampoco fue discutida durante el período legislativo siguiente.

    Hasta el momento, se desconoce si la Asamblea Legislativa estudia el anteproyecto presentado el año pasado. La falta de información ha generado preocupación entre víctimas y organizaciones sociales que denuncian la ausencia de voluntad política para avanzar en el tema.

    Durante el conflicto armado salvadoreño se registraron al menos 75,000 muertes, 8,000 desapariciones y cientos de masacres, incluyendo las de El Mozote y la de cuatro periodistas holandeses.

    La PDDH destacó que avances judiciales como la condena por el asesinato de los periodistas y el proceso contra ex altos mandos por la masacre de El Mozote “demuestran que cuando existe voluntad judicial, debida diligencia reforzada y respeto, la impunidad puede ser enfrentada”. Añadió que “estos procesos confirman que la justicia es posible, aún después de décadas”.

     

  • Salvadoreña enfrenta juicio en California por la muerte de su hija durante un «exorcismo»

    Salvadoreña enfrenta juicio en California por la muerte de su hija durante un «exorcismo»

      Una mujer salvadoreña ha sido acusada en California por la muerte de su hija Arely, de tres años, ocurrida durante un supuesto “exorcismo” familiar, y ahora solicitó a un juez que desestime el proceso penal al alegar que es víctima de persecución por sus creencias religiosas.

    La acusada, identificada como Claudia Elisa Hernández, a finales de sus 20 años, comparecerá ante un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara el próximo 22 de enero, más de tres años después de la muerte de su hija Arely, según documentos judiciales citados por el medio estadounidense Daily Beast.

    De acuerdo con los reportes policiales, Hernández participó junto a su padre y su hermano en la agresión contra la menor, a quien creían “poseída por un espíritu maligno” luego de que la niña despertara gritando. Las autoridades señalan que el supuesto ritual se prolongó durante horas y terminó con la muerte de la menor.

    “Llegaron a las 6:30 a.m. [24 de septiembre de 2022], y durante las siguientes 12 horas, la inmovilizaron violentamente y le metieron los dedos en la garganta para hacerla vomitar, lo que creían que la ayudaría a expulsar el espíritu”, escribieron los agentes en el informe policial.

    Arely, de tres años, la presunta víctima de su madre, Claudia Elisa Hernández.

    Durante el ataque, la niña suplicó en repetidas ocasiones que se detuvieran y le decía a su madre: “Te amo”, según han detallado las autoridades.

    Antes de ser arrestada, Hernández publicó un video en YouTube en el que defendió sus acciones ante las críticas. “No puedo cambiar lo que es. Es lo que es”, expresa la madre en esta grabación.

    La defensa legal de Hernández, junto a la de su padre y hermano —ambos coacusados— presentó una moción conjunta argumentando que las autoridades los investigaron y procesaron debido a su religión y origen cultural. Los abogados invocaron la Ley de Justicia Racial de California, vigente desde 2021, que permite impugnar procesos judiciales si se considera que hubo sesgo por raza, etnia u origen nacional, incluso sin probar discriminación intencional.

    Según el documento, la familia profesa el cristianismo pentecostal y sostiene creencias sobre posesión demoníaca y sanación divina. El padre de Hernández, un pastor que emigró desde El Salvador, había participado anteriormente en rituales de oración para expulsar espíritus malignos.

    Los abogados alegan que los investigadores mostraron prejuicios al cuestionar reiteradamente a la familia sobre supuestas enfermedades mentales y al referirse a su iglesia como un lugar de culto “improvisado” o ilegítimo.

    No obstante, expertos legales descartaron que la solicitud prospere ya que la libertad religiosa no ampara actos que pongan en riesgo la vida de un menor.

    La Fiscalía solicita 25 años de prisión a cadena perpetua para los acusados por la muerte de la menor.

     

  • Vivienda levanta restricción a Salazar Romero tras indemnizar a familias afectadas en Ciudad Marsella II

    Vivienda levanta restricción a Salazar Romero tras indemnizar a familias afectadas en Ciudad Marsella II

    El Ministerio de Vivienda levantó, esta semana, la restricción de construcción impuesta a la empresa Salazar Romero luego de que, según el Gobierno, indemnizara al 100 % a las 16 familias afectadas por inundaciones en Ciudad Marsella II.

    La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que la medida fue revertida tras comprobar que la empresa cumplió con la compensación económica a las familias damnificadas, uno de los principales compromisos exigidos por la cartera de Estado.

    “Ya se les levantó la primera restricción porque les cumplieron a las familias con la indemnización. Hubo una falla, una inundación, un error, y a nosotros nos interesaba que las familias estuvieran tranquilas; ese era el objetivo principal”, afirmó la funcionaria. Estas declaraciones fueron dadas en la conferencia de prensa que la funcionaria ofreció el jueves en la tarde.

    Sol reconoció que, aunque la empresa contaba con todos los permisos ambientales y legales para desarrollar el proyecto habitacional, incurrió en una falta grave al entregar viviendas sin que las obras urbanas estuvieran concluidas.

    “Ellos tenían todos los permisos ambientales y los que debían tener. La falla fue que se adelantaron a entregar viviendas sin haber terminado las obras urbanas”, señaló.

    La ministra aseguró que, pese al levantamiento de la restricción, la empresa está obligada a finalizar todas las obras pendientes, entre ellas los trabajos de mitigación y limpieza de drenajes, para evitar que se repitan situaciones de riesgo.

    “Van a seguir trabajando porque tienen la obligación y se han comprometido a terminar todas las obras urbanas y de mitigación. No queremos que vuelva a pasar algo con obras inconclusas; esa fue una de las condiciones que se les puso en la reunión de trabajo”, explicó.

    Sol indicó que el Ministerio de Vivienda mantendrá la supervisión sobre las obras en Marsella y sobre las futuras viviendas que la empresa entregue, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos.

    Además, confirmó que existen quejas de familias del sector Quartier 9 relacionadas con la misma empresa, aunque no detalló los reclamos. Según dijo, estas inconformidades ya fueron trasladadas a Salazar Romero, que deberá responder ante los afectados.

  • Estas serán las calles cerradas por el Tour El Salvador este sábado

    Estas serán las calles cerradas por el Tour El Salvador este sábado

    Al menos ocho calles del Centro Histórico de San Salvador estarán cerradas este sábado, a partir de las 2:00 de la tarde, debido al Tour El Salvador, anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

    Las restricciones se extenderán desde las 2:00 hasta las 4:00 de la tarde desde la calle Rubén Darío, pasará por la 11a avenida Norte,  la 5a calle Poniente, la 2a avenida Norte, que ahora es parte del parque lineal que conecta la plaza Morazán y la plaza Gerardo Barrios, seguirá por  la 2a avenida Norte -que es la calle que conecta hacia la plaza Libertad desde la plaza Barrios-, pasará por la 6a avenida Sur, la 4a calle Oriente, que pasa frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), y terminará frente al Palacio Nacional.

    La alameda Juan Pablo II estaría totalmente habilitada según lo previsto por el Viceministerio de Transporte (VMT), para utilizarse como ruta alterna.

    El tour fue inaugurado la noche del viernes con un concierto del colombiano Mike Bahía y durante su desarrollo -11 fechas en total- habrá cierres y restricciones en diferentes calles del país.

    Encuentre aquí el listado de restricciones con sus fechas:

    El domingo 18 de enero habrá otro cierre de calles que iniciará en la 6a-10a calle Poniente, detrás del parque Cuscatlán, se extenderá por la 49 avenida Sur y se desplazará por el bulevar de Los Héroes hasta llegar a la autopista Norte cerca de la Universidad de El Salvador (UES) y retornará sobre la 25 avenida Norte hasta llegar a un costado del parque Cuscatlán.

    Ese cierre está programado desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

    La tercera jornada de cierres, del lunes 19 de enero, se alejará del Gran San Salvador e iniciará en el redondel Surf City y recorrerá toda la carretera Litoral hasta llegar a la carretera a Acajutla y culminará en Sonsonate, calle Acaxual. Comenzará el cierre a las 9:00 de la mañana.

    Sin embargo, el martes 20 de enero desde las 9:00 de la mañana habrá un cierre desde Walmart, Constitución. La carrera se extenderá hacia el paso multinivel Integración por la calle a Quezaltepeque, pasará por el redondel Claudia Lars hasta llegar al lago de Coateque y retornará por la calle al Cerro Verde hasta llegar al periférico Claudia Lars.

    El miércoles 21 de enero habrá otra restricción en Santa Ana y Metapán. Los ciclistas recorrerán desde Santa Ana la carretera que conduce hacia Metapán en ida y regreso. Desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

    Pero las restricciones vuelven en vías principales para el sábado 24 de enero que se prevé el paso desde el monumento del Cristo de la Paz y recorrerá la autopista a Comalapa hasta el paso a desnivel de Comalapa y se incorporará a la carretera Litoral  hasta llegar al Triángulo Santa Cruz.

    Luego se incorporará en la calle a Panchimalco hasta llegar a la Puerta del Diablo. Esta circulación controlada se tiene prevista desde las 9:00 de la mañana.

    El domingo 25 de enero habrá también cierre temporal de calles en ida y vuelta en todo el bulevar Luis Poma, desde la incorporación en la carretera al Puerto de La Libertad hasta la Plaza Bicentenario. Iniciará a las 9:00 de la mañana y terminará a las 12:00 del mediodía.

    Para el martes 27 de enero la circulación controlará iniciará a las 9:00 de la mañana en el desvío de Amayo y se extenderá toda la carretera Longitudinal del Norte hasta Metapán, donde retornará en la misma carretera hasta llegar a Nueva Concepción.

    El miércoles 28 de enero la competición iniciará en El Carmen, cerca del Aeropuerto Internacional de El Salvador y transitará por la carretera Litoral pasando por Zacatecoluca, San Nicolás Lempa y Jiquilisco hasta llegar a Usulután.

    Para el viernes 30 de enero la competición iniciará en el parque Cerro Verde recorriendo la carretera al Cerro Verde, luego incorporándose a la carretera a Sonsonate hasta llegar al Periférico Claudia Lars.

    Luego tomará la carretera a Opico hasta llegar a la calle a Quezaltepeque hasta Walmart Constitución. El cierre temporal empezará a las 9:00 de la mañana.

    La competencia terminará el 31 de enero con una carrera que iniciará en el bypass Surf City y llegará hasta el redondel de Surfcity y en esa misma calle retornará al punto inicial. Se prevé que el cierre esté vigente de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

  • Estas alcaldías y entidades públicas informan que ya pagaron la Quincena 25

    Estas alcaldías y entidades públicas informan que ya pagaron la Quincena 25

    Las alcaldías de San Salvador Centro, Santa Ana Centro, San Salvador Sur, Cabañas Este, Cuscatlán Norte, La Paz Este, Santa Ana Oeste, San Salvador Este, San Vicente Sur, Usulután Este, La Unión Norte y La Paz Oeste también anunciaron que han aplicado el decreto 499.

    El alcalde de La Unión Norte, Edwin Serpas, aseguró el viernes que había un “compromiso de esta municipalidad de salvaguardar, dignificar y reconocer a quienes a quienes desempeñan sus funciones con responsabilidad y vocación de servicio hacia nuestra población”.

    “Acompaño y respaldo esta iniciativa impulsada por el presidente @nayibbukele, reafirmando nuestro compromiso municipal de fortalecer el ingreso económico de quienes cada día sirven con dedicación a nuestra población santaneca”, indicó el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, en X.

    También, el gobierno municipal de La Paz Oeste informó, hace dos días, que habían hecho el pago. «Apoyamos el bienestar laboral y el desarrollo económico de nuestros colaboradores y del país», indicó en su cuenta oficial de Facebook.

    La Ley especial Quincena 25 aprobada mediante el decreto legislativo 499 el pasado 14 de enero autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir cualquier tipo de acuerdo o resolución para garantizar su “correcta y adecuada aplicación”.

    El decreto 499 obliga a todas las instituciones del Estado, incluidas las 44 municipalidades, a pagar a los empleados que tengan un salario mensual hasta de $1,500, a pagar un equivalente al 50 % de su salario a más tardar el 25 de enero de 2026.

    No todas las instituciones públicas informaron en redes sociales si habían cancelado la quincena 25 a sus empleados; hasta ayer, entre las instituciones que sí lo hicieron están algunos ministerios y municipalidades.

    La aplicación efectiva del decreto en el Estado ha sido comunicada, poco a poco, por algunas instituciones públicas.

    De los 126,820 empleados que laboran en el Gobierno, Educación tiene 46,400 plazas y Seguridad, 34,191. Le sigue el Ministerio de Salud, con 15,677 y el Órgano Judicial, con 10,716. La medida solo aplica para los empleados que perciban un salario de $1,500 o menor.

    El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, anunció el viernes que “ya se hizo efectivo el pago de la Quincena 25 a los miembros” de la Fuerza Armada que cumplen las disposiciones exigidas. No informó el monto que se erogó ni la fuente de financiamiento.

    El Ministerio de Vivienda, así como el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), anunciaron la aplicación del decreto a través de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. También lo anunciaron empresas estatales como la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal).

    El decreto 499 inició su vigencia el 14 de enero, el mismo día de su aprobación, ya que será publicado bajo esa misma fecha según el Diario Oficial.

    EL decreto permite hacer los pagos entre los días 15 y 25 de enero de cada año, es decir, hasta el domingo próximo.

    A las empresas privadas el pago les permitirá deducir el 100 % del monto pagado en el Impuesto sobre la Renta; pero en 2026, si lo hacen voluntariamente, podrán obtener créditos tributarios contra el Impuesto sobre la Renta por el equivalente erogado.

  • Precio del café cerró diciembre en $3.04 por libra, 1.6 % más que un año atrás

    Precio del café cerró diciembre en $3.04 por libra, 1.6 % más que un año atrás

    La libra de café se vendió a un promedio de $3.04 en el mercado internacional en diciembre de 2025, un valor que marcó una desaceleración frente a los niveles históricos de inicios del año pasado, pero que se mantuvo por encima del cierre de 2024, revela el último informe de la Organización Internacional del Café (OIC).

    La organización elabora desde la década de 1960 el precio indicativo compuesto (I-CIP), una referencia para el mercado internacional que representa la cotización de los granos suaves colombianos, otros suaves, naturales brasileños y robusta.

    Según el informe, la libra de café se cotizó a un promedio de $3.04, unos $0.26 (7.8 %) menos en comparación con noviembre de 2025. El registro de la OIC detalla que fue el precio más bajo en cuatro meses y que se alejó de los récords registrados a inicios del año, cuando alcanzó $3.53 en febrero.

    Pese a la desaceleración, el precio fue un 1.6 % mayor en relación con los $2.99 registrados en diciembre de 2024.

    Al margen del mercado, la cotización del café depende de factores coyunturales, como la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, así como de las condiciones climáticas de los principales productores mundiales, especialmente Brasil.


    “Esta caída se debió a una mejora en las perspectivas de la oferta mundial, la reducción de la incertidumbre política y la depreciación del real brasileño, lo que alentó las ventas de los productores”, sostuvo la OIC en su reporte mensual.

    Vaivén del mercado

    La organización sostiene que el precio del café sufrió una depreciación acelerada desde agosto de 2025, una tendencia reforzada por factores de “política económica auxiliar”, como la prórroga por un año de la vigencia del Reglamento sobre Deforestación (EUDR), lo que se traduce en un alivio para los productores de café que deben cumplir la norma para mantener las exportaciones a la Unión Europea.

    En la cotización también influyó la decisión de la Administración Trump de derogar los aranceles recíprocos a un paquete de productos, incluido el café, lo que significó un respiro para Brasil.

    “Estas medidas disiparon parte de la incertidumbre que pesaba sobre el mercado”, agregó la OIC.

    También influyó una “perspectiva más favorable” de la oferta mundial, ya que la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil aumentó su proyección de cosecha en 2025 a un crecimiento del 2.5 %, mientras que el Departamento de Agricultura de EE. UU. vaticinó una producción mundial de 178.8 millones de sacos.

    La depreciación del real brasileño frente al dólar estadounidense también influyó, ya que cuando la moneda local pierde valor aumentan los ingresos para los productores y se reduce el costo contractual.

  • Más de 779,000 salvadoreños laboran en el sector informal en el área urbana

    Más de 779,000 salvadoreños laboran en el sector informal en el área urbana

    Más de 779,000 salvadoreños laboran en el sector informal en el área urbana no agrícola del país, según un análisis presentado por la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM).

    La información, divulgada en sesión del 10 de julio de 2025 y obtenida a través de un recurso de acceso a la información pública, señala que el sector urbano no agrícola reporta el nivel de informalidad más crítico.

    “Más de 779,000 personas se encuentran en la informalidad, representando una tasa del 45.2 %”, indicó el documento.

    La Unidad de Inteligencia indicó que, a nivel general, la tasa de informalidad laboral rondó los 66.5 % durante el 2023, una variable que se constituyó como la cuarta más alta a nivel centroamericano.

    Según el equipo técnico del gobierno, la tasa de informalidad en El Salvador se constituye como la undécima más alta a nivel mundial.

     

    Más afectados

    El acta 100 del CNSM indica que los grupos etarios más afectados con la informalidad suelen ser jóvenes de entre 25 y 29 años.

    Dentro de esta porción, la representación es más amplia en el caso de las mujeres que realizan actividades informales, de forma particular en labores relacionadas con trabajo doméstico y de cuidado.

    Este último dato fue externado en agosto de 2025 por el MTPS, cuando aseguró que entre la población más vulnerable en el tema de la informalidad se encuentran las personas mayores de 55 años.

    El ministro de Trabajo, Rolando Castro, indicó en ese momento que estas personas suelen ser más perjudicadas porque no gozan de políticas públicas impulsadas por el Estado y se encuentran alejados del sistema bancario.

    La Unidad de Inteligencia señaló en su discurso ante el CNSM que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la principal causa de la informalidad se encuentra en la “limitada capacidad de la economía formal” para generar empleos de calidad, que incluyan a toda la masa laboral.

    Entre los factores que inciden en que la informalidad se encuentra una infraestructura institucional limitada, trámites burocráticos complejos, corrupción, baja cobertura de seguridad social, entorno macroeconómico poco favorable, inclusión financiera deficiente y debilidades normativas.

    Tras el planteamiento, el ministro Castro señaló en la sesión del CNSM la importancia de abordar con urgencia el tema, porque la situación impide acceder al sistema financiero y deja a “miles de trabajadores” fuera del sistema de protección social.

    En ese momento, Castro propuso abordar la transición a la formalidad por el lado económico y del empleo con enfoque de protección social.

    Tanto el CNSM como el Consejo Superior del Trabajo (CST) trabajan en formular una propuesta de normativa que empuje a la transición a la economía formal.

    El gobierno y voceros del CST externaron el año pasado que cuando el documento esté listo será entregado al presidente Nayib Bukele para su análisis.