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  • Alcalde de San Salvador dice que mercadería decomisada en puntos no autorizados ya no será devuelta a comerciantes

    Alcalde de San Salvador dice que mercadería decomisada en puntos no autorizados ya no será devuelta a comerciantes

    El alcalde San Salvador Centro, Mario Durán, aseguró la tarde de este martes que toda mercadería decomisada de puntos no autorizados ya no será devuelta a los comerciantes.

    Pese a no detallar si la medida aplica para los cinco distritos del municipio de San Salvador Centro, es bien conocido que el avance del ordenamiento de las ventas ha sido una de las principales iniciativas ejecutadas por Durán durante su gestión para el Centro Histórico de San Salvador.

    El edil capitalino dijo que antes se decomisaban los productos de vendedores que comercializaban en zonas no permitidas, y luego los llevaban al punto del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

    Según Durán, los vendedores recobraban el producto y “volvían al lugar” de donde los habían retirado.

    “Hacemos el anuncio de decirle a la población que, de aquí en adelante, vamos a retirar productos que se estén vendiendo en la calle, en lugares donde no se debe de vender, y va a ser decomisado de manera definitiva”.
    Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro.

    Los productos perecederos serán donados por la alcaldía a hogares de niños, asilos y fundaciones.

    “No nos vamos a detener hasta establecer el orden que debe ser”, añadió el funcionario municipal.

     

    Orden

    Durán aseguró que encuestas en redes sociales, publicadas por la alcaldía, han revelado que la población prefiere el “orden” por parte de las ventas ambulantes.

    Debido a esto, la comuna decidió convocar a los comerciantes, dialogaron, realizar notificaciones y mostraron las ordenanzas, pero no funcionó, según el alcalde.

    El reordenamiento y la “recuperación” del centro histórico es una iniciativa que inició hace una década, en el período 2015-2018, por el entonces alcalde Nayib Bukele.

    En ese momento, se recuperaron las plazas Gerardo Barrios, Libertad y Morazán.

    La medida se retomó por Durán a partir del 2021, cuando inició la fase 2 con la movilización de más de 1,000 comerciantes de la calle Rubén Darío, a la que se le agregaron varias calles en los últimos tres años.

  • Año 2026 iniciará con régimen de excepción: Asamblea aprobó la 46ª prórroga

    Año 2026 iniciará con régimen de excepción: Asamblea aprobó la 46ª prórroga

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la 46a prórroga del régimen de excepción, que iniciará el 1 de enero y concluirá el 30 de enero de 2026.

    Según el gobierno, bajo régimen de excepción, implementado desde el 27 de narzo de 2022, se han capturado 90,600 personas vinculadas a pandillas.

    Con esto, el estado de excepción mantiene suspendidas tres garantías constitucionales, relacionadas al derecho de defensa, máximo plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

    «Los diputados tenemos la responsabilidad de legislar siempre a favor de los salvadoreños… Desde la implementación en el año 2022 del régimen de excepción, hemos sido testigos de una transformación sin precedentes en nuestro país y ya esta Asamblea Legislativa lleva 46 meses continuos que hemos logrado a través de estos votos aprobar el régimen de excepción y, por ende, se han salvado vidas», expuso el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    Navarro señaló que solo el que se beneficiaba con las extorsiones de las pandillas o apoyan criminales no están de acuerdo con la extensión del régimen de excepción.

    «La extensión del régimen de excepción es crucial en estos momentos para evitar la reorganización de estructuras criminales. Solo aquel que apoya criminales no está de acuerdo con el régimen de excepción, solo aquella persona, solo aquel ciudadano que se beneficiaba de la extorsiones, no está de acuerdo con el régimen de excepción», enfatizó.

    Luego tomó la palabra la diputada Sharon Salazar, de Nuevas Ideas, quien dijo que ella vota por el régimen porque quiere que El Salvador viva en paz.

    «Con el poder que nos ha conferido el pueblo quiero decirles que con toda convicción y responsabilidad, yo voto por el régimen de excepción, porque ahora El Salvador vive en paz y porque quiero que esta paz se mantenga, se fortalezca y continúe mejorando para todas las familias salvadoreñas en una época tan significativa como nuestra Navidad», dijo.

    Según Salazar, el hecho de que «una artista de talla mundial como Shakira esté queriendo tener su residencia en El Salvador para su gira es gracias a la imagen turística y positiva que ahora tiene El Salvador» y que por ello vota por el régimen de excepción.

    El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, hizo uso de la palabra para señalar que no pueden dejar atrás cuál fue la coyuntura que inició a partir del sábado 26 de marzo del 2022, cuando se convocó a una plenaria extraordinaria para aprobar el régimen de excepción.

    «No podemos olvidar lo que nos llegó a eso, fue el fin de semana más trágico de la historia de nuestro país. Las pandillas, las maras comenzaron a asesinar desde el día anterior a la plenaria extraordinaria, a asesinar a los salvadoreños. El día sábado, creo que la cifra andaba entre 84 u 86 salvadoreños que habían asesinado. Las maras estaban haciendo esto porque querían que este gobierno hiciera lo que hicieron los gobiernos anteriores que era negociar con las pandillas, transar con ellos», señaló.

    Reiteró que la medida del régimen de excepción está en la Constitución de la República y que ningún gobierno de los anteriores la quiso implementar… «El régimen de excepción es la medida más humana que ha existido en la historia de este país porque se están salvando vidas», indicó.

    El diputado presidente agradeció al presidente de la república, Nayib Bukele, al gabinete de seguridad, a la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, a quienes llamó «héroes» por ejecutar el régimen y dio gracias a las comunidades «que han decidido no dar marcha atrás».

    La prórroga fue aprobada en votación nominal y pública con 57 votos a favor del oficialismo y sus aliados, la diputada Claudia Ortiz votó en contra y los diputados de Arena no estaban presentes.

  • 31 pandilleros fueron condenados hasta 650 años de prisión por varios delitos como planear el asesinato de un policía

    31 pandilleros fueron condenados hasta 650 años de prisión por varios delitos como planear el asesinato de un policía

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 31 pandilleros con penas que ascendieron hasta a 650 años de cárcel, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    Las autoridades fiscales identificaron a los imputados como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que delinquieron en San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, entre el 2016 y 2017.

    La FGR dijo que la sentencia más alta, de 650 años, la recibió Gerber Natividad López Mejía, condenado por homicidio agravado y extorsión agravada.

    A este le siguió Melquisedec Jiménez Zavala, sentenciado a 630 años de prisión por el delito de homicidio agravado, extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

    Entre las sentencias también hay 260 años para Fidel Enemias Mejía Chicas, por el delito de extorsión agravada, así como 128 años para Nixón Edgardo Vásquez Vásquez, a quien el Tribunal encontró culpable de organizaciones terroristas y homicidio agravado.

    Casos

    La Fiscalía señaló que junto al resto de condenas, los procesados recibieron penas por extorsión agravada, organizaciones terroristas, homicidio agravado, proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y cohecho activo y evasión.

    Entre los casos está el homicidio de una mujer a la que los mareros asesinaron en enero de 2016.

    Además, los sujetos están relacionados con los preparativos para un intento de asesinato de una gente policial, en el 2017. Este mismo año, los pandilleros intentaron ayudar a un grupo de delincuentes a fugarse de un centro penitenciario donde estaban recluidos.

    Antecedentes

    En mayo de 2021, la FGR dijo que se emitieron siete órdenes administrativas contra un grupo de pandilleros entre los que se encontró Melquisedec Jiménez Zavala, acusados de lavar más de $400,000.

    En agosto de 2024, Jiménez Zavala fue condenado a 644 años de cárcel luego de encontrarse culpable de 12 homicidios agravados y tres casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado.

    En esta sentencia también se incluyó el esclarecimiento de 12 casos de extorsión agravada y organizaciones terroristas.

    Para junio de 2025, Jiménez Zavala recibió otra condena de 663 años de prisión. Según la FGR, junto Herbert Luis Sánchez Cruz y Franklin Antonio Trejo Chavarría, cometió un caso de privación de libertad, 24 homicidios agravados, 12 extorsiones agravadas, dos casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, cuatro casos de actos preparatorios, proposición, conspiración en el delito de tráfico ilícito de drogas y asociaciones delictiva con agravación especial.

    Solo con estas dos condenas y la emitida este mes, Jiménez Zavala ya acumula 1,937 años de prisión.

    Esta última sentencia no es la única para López Mejía pues, según la FGR, en agosto de 2025 recibió una pena de 296 años de prisión por asesinar a seis personas, dos feminicidios agravados, tres privaciones de libertad, seis casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y una extorsión agravada.

  • Decomisan más de 2,700 silbadores y 360 fulminantes en puestos de pólvora en San Salvador Centro

    Decomisan más de 2,700 silbadores y 360 fulminantes en puestos de pólvora en San Salvador Centro

    El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la alcaldía municipal de San Salvador Centro y la Dirección Municipal de Protección Civil decomisaron  2,780 silbadores y 360 fulminantes durante una inspección en el barrio Santa Anita, sobre la calle Francisco Menéndez y 17 avenida Sur del distrito capital.

    Estos productos fueron identificados por la la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, en coordinación con la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC).

    De acuerdo con la unidad de Prensa de la alcaldía de San Salvador Centro, estos comerciantes infringieron el artículo 78 de la “Ordenanza para la Convivencia Ciudadana”, que estipula penalizaciones por guardar mercancías peligrosas en sitios inapropiados.

    Como resultado, los comerciantes que incumplieron las normas perdieron  el permiso municipal y las licencias para vender productos pirotécnicos. Tras el decomiso de los pirotécnicos, miembros del CAM clausuraron el lugar.

     


    La alcaldía de San Salvador Centro realizó este martes una inspección en 17 puntos de venta de pólvora autorizados en los cinco distritos del municipio (San Salvador, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Cuscatancingo). 

     

    El objetivo de la inspección es para garantizar  la «seguridad de las personas que compran productos pirotécnicos». Según Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la comuna, la inspección se centró en verificar las medidas de seguridad de los puestos de venta de pólvora.

    Por ello, elementos de la comuna, evaluaron la existencia y el estado de los extintores, así como si se estaban comercializando pirotécnicos prohibidos.

    Las autoridades habían informado con anterioridad a la ciudadanía sobre los productos pirotécnicos prohibidos, entre los que se encontraban: morteros de más del número 5, bomba de mezcal, fulminantes, triángulo de la muerte, pelotas de fútbol explosivas, destructor, mina de mar, botellita de champán, silbador, misil chino y rocket chino.

     

     

  • Reportaje no emitido de CBS: casi ningún venezolano enviado a CECOT cometió delitos graves

    Reportaje no emitido de CBS: casi ningún venezolano enviado a CECOT cometió delitos graves

    El documental que el programa estadounidense ’60 minutes’ tenía previsto emitir sobre las condiciones en el CECOT, la prisión de máxima seguridad salvadoreña, revela que prácticamente ninguno de los venezolanos enviados ahí por el Gobierno estadounidense de Donald Trump había cometido crímenes violentos y que casi la mitad de ellos no tenía antecedentes penales.

    El segmento, de casi 14 minutos y que denuncia la violencia y condiciones inhumanas dentro del CECOT, apareció en diferentes plataformas online después de que la cadena CBS, argumentando que requería mayor investigación periodística, lo aplazara el domingo antes de su emisión.

    Uno de los expertos entrevistados, Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch, participó en la redacción de un informe que revela que un 48.8 % de los hombres venezolanos encarcelados no tenían antecedentes penales y que solo el 3,1 % de ellos cometieron crímenes violentos.

    Esto contradice las afirmaciones de la Administración Trump, que argumentó que estaba deportando criminales violentos ligados a bandas organizadas como Tren de Aragua cuando trasladó, sin el debido proceso, a unos 200 venezolanos a esta prisión levantada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en 2022.

    Pappier afirmó que el estudio se ha basado en información obtenida de los propios registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de los arrestos y deportaciones de indocumentados en EE.UU.

    El equipo de ’60 minutes’ contrastó esta información y confirmó los hallazgos a pesar de la falta de datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

    En una conversación con la reportera Sharyn Alfonsi, Luis Muñoz, estudiante venezolano que ahora vive en Colombia, recuerda los abusos sufridos en el centro: «Lo primero que nos dijeron fue ‘bienvenidos al infierno’ y que nunca más volveríamos a ver la luz del día ni de la noche».

    El reportaje documenta el hacinamiento y las brutales condiciones que sufren los prisioneros: literas de cuatro pisos sin sábanas ni colchones, la luz siempre encendida, temperaturas extremas y ni siquiera acceso a agua limpia.

    Otro de los entrevistados, William Losada, relata cómo les obligaban a permanecer de rodillas las 24 horas del día: «Nos vigilaban para que no nos moviésemos. Si lo hacíamos nos llevaban a ‘la isla’. Una habitación sin luz y sin ventilación donde nos pegaban cada media hora y golpeaban la puerta con palos para traumatizarnos».

    La propia Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal que hizo el reportaje, ha rechazado que el documental necesitara más investigación y ha tachado de «censura» la decisión de CBS, cuyo editor jefe, según la periodista, se mostró preocupado por el hecho de que la Casa Blanca, pese a haber sido consultada al respecto, no ofreciera su versión de los hechos en el documental.

    Ayer mismo, un juez federal dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez, alegando que el Gobierno negó el debido proceso a cerca de los 200 venezolanos deportados al CECOT.

  • Diputada Villatoro pidió derogar Ley General de Minería: sin votos

    Diputada Villatoro pidió derogar Ley General de Minería: sin votos

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este martes modificar la agenda de la sesión plenaria para introducir una iniciativa mediante la cual se derogaría la Ley General de Minería.

    «Lo que buscamos mi colega Francisco Lira y yo es derogar la Ley de Minería, que justamente este día cumple un año. Nos han estado escribiendo varias personas, varias organizaciones para que se buscara la forma de que ya no existiese la minería metálica en nuestro país, nosotros también pensamos que es importante», inició la legisladora.

    La diputada de Arena argumentó sobre los daños al medio ambiente que ocasiona la minería metálica.

    «Contamina el agua, destruye los ecosistemas, nuestro país se encuentra en estrés hídrico, los riesgos a la salud que se ha tenido por parte de los países que explotan la minería y también el impacto medioambiental”, argumentó para pedir la modificación de agenda.

    Villatoro recordó que la Iglesia católica entregó 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para derogar la Ley de Minería.

    “Gracias, diputada, por favor, haga llegar su solicitud a esta presidencia”, le respondió el diputado Ernesto Castro.

    Al momento de la votación, la petición de la diputada Villatoro no tuvo los votos del oficialismo, solo contó con los dos votos de Arena.

    Momentos después, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, se incorporó a la plenaria y pidió se agregara su voto a favor de la iniciativa de Arena. Sin embargo, esto fue negado por el diputado presidente, quien argumentó que ella no estaba cuando fue la votación.

    «Señor presidente, quiero solicitarle que se incorpore mi voto a favor de la propuesta que hizo la diputada Marcela Villatoro. Es una ley que fue probada hace un año de una forma abusiva y exprés, y que no le da ningún beneficio a la población… Así que pido se incorpore mi voto», expuso la diputada Ortiz.

    «Gracias diputada, con todo gusto lo haríamos pero, en ese momento, usted no estaba conformando pleno, por lo tanto, no podemos incorporarla», respondió Castro, y continuó con el desarrollo de la plenaria.

    El 23 de diciembre de 2024, hace un año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería Metálica con 57 votos: 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN y uno del PDC, y derogó la Ley de Prohibición de Minería Metálica que estuvo vigente en el país desde 2017. Arena y Vamos votaron en contra.

    En esa ocasión, la diputada Elisa Rosales dijo que están «garantizando que en el centro de la toma de decisiones estará el bienestar de los salvadoreños y el bienestar del país» y que «esta es una apuesta de mediano y largo plazo, no es que ahora aprobaremos esta ley y que el día de mañana ya se estará generando la extracción de estos recursos».

  • 49ers, Broncos, Ravens y Seahawks, los equipos con más llamados al Pro Bowl de la NFL

    49ers, Broncos, Ravens y Seahawks, los equipos con más llamados al Pro Bowl de la NFL

    Los San Francisco 49ers, Denver Broncos, Baltimore Ravens y Seattle Seahawks encabezan la lista de franquicias con más jugadores seleccionados para el Pro Bowl 2025, que se celebrará el próximo 3 de febrero en el Área de la Bahía de San Francisco.

    Cada uno de estos equipos contará con seis representantes en el tradicional Juego de Estrellas de la NFL, que enfrentará a los mejores talentos de la Conferencia Nacional (NFC) contra los de la Conferencia Americana (AFC). Las leyendas de los 49ers Steve Young y Jerry Rice, ambos miembros del Salón de la Fama, serán los entrenadores.

    Entre los más votados por los aficionados y expertos figuran Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, George Kittle, Trent Williams, Jon Weeks y Luke Gifford, todos de los 49ers. Por los Seahawks estarán Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba, Demarcus Lawrence, Leonard Williams, Devon Witherspoon y Rashid Shaheed.

    En la AFC, los Broncos también tendrán seis seleccionados: Nik Bonito, Zach Allen, Quinn Meinerz, Pat Surtain II, Garett Bolles y Courtland Sutton. Por su parte, los Ravens estarán representados por Kyle Hamilton, Patrick Ricard, Roquan Smith, Tyler Linderbaum, Zay Flowers y Jordan Stout.

    Otros equipos destacados fueron Los Angeles Chargers, Dallas Cowboys, Detroit Lions y los campeones Philadelphia Eagles, que sumaron cinco seleccionados por equipo.

    Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, fue el jugador más votado y estará acompañado por sus compañeros Chris Jones, Creed Humphrey y Trey Smith. En la NFC, los mariscales de campo elegidos fueron Sam Darnold (Seahawks), Matthew Stafford (Rams) y Dak Prescott (Cowboys); mientras que en la AFC figuran Josh Allen (Bills), Justin Herbert (Chargers) y Drake Maye (Patriots).

    Desde 2023, el Pro Bowl se disputa en formato flag football, una modalidad sin contacto físico que busca evitar lesiones tras la larga temporada regular. El deporte, que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se juega retirando una cinta del cinturón del rival en lugar de derribarlo.

    El evento servirá como antesala del Super Bowl LX, que también se celebrará en el Levi’s Stadium, casa de los 49ers.

  • Trump y su esposa Melania presentan su sobria postal navideña desde la Casa Blanca

    Trump y su esposa Melania presentan su sobria postal navideña desde la Casa Blanca

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, han revelado su postal oficial de Navidad 2025, marcada por una estética sobria, tonos oscuros y una imagen de formalidad. En la foto aparecen ambos de pie, tomados de la mano, vestidos de negro y flanqueados por banderas oficiales bajo el emblemático sello presidencial en el interior de la Casa Blanca.

    La instantánea fue capturada el domingo 7 de diciembre por Andrea Hanks, fotógrafa oficial de la presidencia, en el Cross Hall, el histórico pasillo central que conecta la Sala Este con el Comedor de Estado. El mensaje que acompaña la postal es breve y tradicional:
    «Feliz Navidad de parte del presidente Donald J. Trump y de la primera dama Melania Trump».

    Elegancia sobria y espíritu navideño
    Donald Trump luce un esmoquin negro clásico con solapa de raso y pajarita a juego, mientras que Melania lleva un vestido negro largo, sin mangas y de corte recto, completado con una pulsera discreta. Ambos posan con gesto serio frente a la cámara, reforzando un estilo solemne y ceremonial.

    La decoración navideña destaca por su elegancia clásica: luces blancas, guirnaldas verdes y, al fondo, parcialmente desenfocado, se puede ver el tradicional árbol de Navidad del Salón Azul.

    Estas son las primeras celebraciones navideñas de los Trump desde su regreso a la Casa Blanca. La primera dama ha supervisado una decoración compuesta por 51 árboles de Navidad, más de 200 metros de guirnaldas y alrededor de 2.000 luces blancas, resaltando una estética tradicional y refinada para estas fiestas.

     

  • Un tribunal declara ilegal el recorte del Gobierno Trump de fondos contra el terrorismo

    Un tribunal declara ilegal el recorte del Gobierno Trump de fondos contra el terrorismo

    Una coalición de estados demócratas celebra este martes una victoria en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haber recortado millones de dólares destinados a la lucha contra el terrorismo, tras negarse a usar fondos del estado para apoyar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

    Los demandantes alegaron ante un tribunal federal de Rhode Island que el recorte del DHS les colocó en «riesgo de sufrir daños irreparables» por los fondos que se asignaban a gobiernos estatales y locales para mejorar la preparación ante amenazas como el terrorismo, desastres naturales y otras emergencias.

    En concreto, los fondos pertenecían al Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP) y fueron reasignados a otros estados.

    «El tribunal no tiene ninguna duda en concluir que los demandantes corren el ‘riesgo de sufrir un daño irreparable’ porque el efecto de la pérdida de los fondos de emergencia y para casos de desastre no puede ser reparado posteriormente, y las consecuencias a largo plazo para la respuesta ante desastres y la seguridad pública son reales e irreparables», señaló la jueza Mary McElroy.

    McElroy ordenó al DHS modificar las adjudicaciones del HSGP emitidas a los estados demandantes para reflejar los niveles de financiación que esta agencia había declarado previamente que asignaría, antes de los cambios de último momento en su decisión.

    Igualmente, dictó que otros cambios significativos en los programas de preparación para emergencias, también implementados a última hora al final del año fiscal en septiembre, eran ilegales, y los anuló.

    «Dado que el tribunal ha determinado que las acciones de los demandados son ilegales, el interés público favorece la adopción de medidas cautelares, ya que generalmente no existe interés público en la perpetuación de acciones ilegales por parte de una agencia gubernamental», indica el documento legal.

    Los demandantes argumentaron que desde el comienzo de la segunda administración de Trump, el poder ejecutivo ha intentado repetidamente vincular la financiación federal de programas a la colaboración de los gobiernos estatales y locales con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

    El pasado 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que «garantizara que las jurisdicciones denominadas ‘santuario’ no recibieran fondos federales».

    Otra orden ejecutiva del 19 de febrero ordenó además a todos los departamentos ejecutivos que «garanticen, de conformidad con la legislación aplicable, que los pagos federales a los estados y las localidades no fomenten las llamadas políticas de ‘ciudades santuario’».

    «Dado que los demandantes han prevalecido en sus reclamaciones, dado que se enfrentan a un daño irreparable y dado que el equilibrio de intereses y el interés público les favorecen, el tribunal considera que procede dictar una medida cautelar permanente», afirmó la jueza McElroy.

    La demanda fue presentada por los fiscales de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, y el gobernador de Pensilvania.

  • Prolongan plazo para que transportistas sustituyan unidades que cumplan 20 años en 2024, 2025 y 2026

    Prolongan plazo para que transportistas sustituyan unidades que cumplan 20 años en 2024, 2025 y 2026

    La Asamblea Legislativa extendió, por 18 meses más, el periodo que tendrán los concesionarios y permisionarios para que culminen el proceso de renovación de unidades de transporte, sustituyendo las unidades que cumplieron 20 años de fabricación en 2024, 2025 y 2026.

    El decreto explica que “actualmente varios concesionarios y permisionarios no han culminado el procedimiento de renovación de unidades”, por lo que es necesario habilitarlos para que renueven sus unidades y regularicen sus contratos de concesión. El plazo vencía el 17 de julio de 2026

    El decreto mantiene las líneas activas de los buses o microbuses que van cumpliendo 20 años de fabricación aunque estos salgan de circulación.

    La dispensa de trámite y el decreto se aprobó con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Hace un año, el diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas, hizo un llamado a los transportistas “para que se puedan poner al día”.

    La reforma se hizo a las «Disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales», aprobadas en el decreto legislativo 774 del 20 de junio de 2023.

    El decreto otorgó originalmente 18 meses para que los concesionarios o permisionarios de las unidades de trnasporte público tipo colectivo que no renovaron las unidades de 20 años de antigüedad en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, como lo dicta el artículo 34 inciso primero de la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, lo hagan.

    “Los concesionarios y permisionarios de unidades que cumplan los 20 años de antigüedad durante la vigencia del presente decreto podrán continuar provisionalmente con la operación de la línea durante el plazo de un año a efecto de realizar la correspondiente sustitución”, indica el artículo 1 del decreto.

    La autorización será emitida por la Dirección General de Transporte Terrestre luego de la presentación de la revisión técnica vehicular y documentación de gestión de financiamiento.

    Con la reforma, el Viceministerio de Transporte otorgará 18 meses adicionales para los contratos de concesión vencidos en 2024, 2025 o que venzan en 2026.

    El decreto también suspendió los juicios ejecutivos civiles y mercantiles de embargo a las unidades de transporte público de pasajeros tipo colectivo en contra de los concesionarios o permisionarios beneficiarios.