Las cifras presentadas por el Gabinete de Seguridad sobre el cierre de 2025 colocan a El Salvador ante un relato contundente: solo 82 homicidios en todo el año y, según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el 100 % de esos casos resueltos y con responsables enfrentando a la justicia.
Esa afirmación se trataría de un hito histórico no solo para el país, sino para la región, acostumbrada a tasas de impunidad que erosionan la confianza ciudadana y el Estado de derecho.
El descenso sostenido de los homicidios desde 2017 hasta hoy es innegable y marca una ruptura clara con décadas en las que la violencia definía la vida cotidiana. El promedio diario de 0.2 asesinatos y una tasa de homicidios inferior a un dígito por cada 100,000 habitantes son logros que hace pocos años parecían impensables.
En ese sentido, el discurso oficial atribuye estos resultados a las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele, así como al trabajo coordinado entre Policía, Fuerza Armada y Fiscalía.
El régimen de excepción ha sido presentado como una herramienta decisiva para recuperar el control territorial y romper el “monopolio criminal” de las pandillas. El verdadero desafío para El Salvador es demostrar que la reducción histórica de homicidios puede sostenerse sin sacrificar garantías fundamentales ni convertir la excepcionalidad en norma permanente.
En síntesis, 2025 puede pasar a la historia como el año más seguro del país, pero el balance final dependerá de algo más que números. La seguridad duradera exige transparencia, institucionalidad y justicia plena que esperemos pronto se establezca.
