La compañía de distribución de energía eléctrica DELSUR anunció la suspensión del suministro del servicio en diferentes puntos del país, debido a trabajos de mantenimiento.
La empresa detalló en su cuenta de X que «las interrupciones programadas por mantenimiento y mejora de nuestra red eléctrica a realizarse del 11 de noviembre al 18 de noviembre de 2025».
El martes las zonas afectadas serán Zacatecoluca y San Juan Nonualco, en el departamentode La Paz.
Para el 12 de noviembre la compañía suspenderá el servicio en La Libertad, San José Villanueva, Santa Tecla, distritos del departamento de La Libertad, así como en Santiago Nonualco, La Paz.
Por su parte, San Juan Opico, Jicalapa, Chiltiupán, Teotepeque, Santa Tecla, San Pablo Tacachico y Antiguo Cuscatlán, serán los lugares de La Libertad en ser intervenidos.
El día 14 la empresa trabajará en San Pablo Tacachico de La Libertad, Panchimalco en San Salvador y San Francisco Chinameca en La Paz.
DELSUR contunuará con los trabajos de mantenimiento el 17 de noviembre en un único lugar, siendo este San Juan Opico y para el día 18, las obras finalizarán en San Vicente y Panchimalco.
La empresa dio a conocer en X las colonias y sectores, así como los horarios en los que su personal trabajará durante las fechas señaladas.
Te compartimos las interrupciones programadas por mantenimiento y mejora de nuestra red eléctrica a realizarse del 11 de noviembre al 18 de noviembre de 2025.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado este lunes por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en un caso de corrupción cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico, en el norte del país.
Durante una audiencia celebrada en Bogotá, la fiscal Lucy Laborde detalló que se le acusa de seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
Según el Ministerio Público, entre 2021 y 2022, Petro Burgos habría gestionado de forma irregular la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), de los cuales se habría apropiado de al menos 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos $29,500.
La fiscal explicó que el hijo del presidente no tenía una función directa en la administración de los fondos públicos, por lo que su responsabilidad se configura como “interviniente” en el delito de peculado por apropiación, en complicidad con los administradores de los recursos.
Este proceso se suma a otro caso penal abierto en julio de 2023, donde se le señala de haber recibido hasta 500 millones de pesos (alrededor de $132,000) de personas con vínculos con el narcotráfico, como Samuel Santander Lopesierra, alias “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.
Parte de esos fondos, según la Fiscalía, habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro. No obstante, Nicolás Petro afirmó en una entrevista con la revista Semana que su padre no estaba al tanto de estas transacciones.
Un pandillero fue detenido este lunes en el distrito de Ciudad Arce, La Libertad, por presuntamente vender y distribuir droga en el lugar, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La policía señaló que el capturado fue identificad como José Alirio Méndez Jiménez, alias «Chino», miembro del programa «Hollywood» de la Mara Salvatrucha.
«Este terrorista se encargaba de vender y distribuir las drogas de su pandilla», señaló la corporación, quien añadió que desde 1998 tiene antecedentespo comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, comercio clandestino o fraudulento de droga, y agresión. Esta vez dijeron que será remitido por agrupaciones ilícitas.
La Policía publicó fotografías donde se ve al hombre con tatuajes de la MS-13 en su pecho, espalda y pantorrilas.
Temprano, la corporación también reportó la detención de otro pandillero, pero del barrio 18, facción sureños, que intentó huir a Guatemala; ahí fue arrestado y entregado a la autoridades salvadoreñas en la frontera Las Chinamas.
El presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, cumplió este lunes un mes en el cargo con la lucha contra la criminalidad organizada como su principal prioridad y un estilo que busca asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador para tratar de proyectar una imagen de firmeza.
Al contrario que su predecesora, la destituida presidenta Dina Boluarte, que evitaba exponerse ante los medios de comunicación cuando salía fuera del Palacio de Gobierno de Lima, Jerí, abogado de 36 años, no rehúye de las cámaras, frente a las que acostumbra a aparecer arremangado en impolutas camisas blancas y con un semblante muy serio en operativo contra la criminalidad.
Con un perfil mucho más político que su predecesora, tras haberse formado en el partido político Somos Perú, especialista en la política regional y municipal, Jerí pasó en apenas cuatro años de ser un candidato suplente que entró al Congreso por la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) con 11.000 votos a llegar a ascender a la Presidencia.
Pese a haber tenido una investigación abierta por una denuncia de violación hasta pocas semanas antes, el Legislativo peruano, controlado por un grupo de fuerzas conservadoras, aceptó que fuese él quien ocupase el lugar de Boluarte en su condición de presidente del Congreso.
Al estilo Bukele y Noboa
Su primera acción fuera del Palacio de Gobierno fue toda una declaración de intenciones: una intervención en una cárcel para requisar objetos prohibidos, donde los presos fueron tratados y expuestos ante las cámaras como acostumbrando a hacerlo en intervenciones carcelarias similares en El Salvador y en Ecuador, apilados unos contra otros y obligados a mirar abajo en señal de sumisión.
Los operativos en las cárceles, señaladas como origen de las extorsiones de bandas criminales, se sucedieron en los días siguientes, a la vez que Jerí trataba de formar un gabinete ministerial con dificultades, hasta conseguirlo casi una semana después, con el conservador abogado Ernesto Álvarez a la cabeza, quien no tuvo problemas para recibir el voto de confianza del Parlamento.
Con el gabinete ya constituido, la primera acción fue declarar el estado de emergencia en Lima y Callao por treinta días como medida para enfrentar el auge de extorsiones y asesinatos a manos del crimen organizado que sufren negocios como el transporte urbano.
El estado de emergencia contempla que las Fuerzas Armadas patrullen junto a la Policía y apoyen en operativos contra las bandas criminales, así como la suspensión de algunos derechos fundamentales, como a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, y un recrudecimiento de las condiciones en las cárceles, con restricciones de visitas.
Sin embargo, las denuncias de extorsiones y asesinatos se han seguido sucediendo, en especial contra conductores de autobuses, que han vuelto a convocar nuevos paros en protesta en contra del Gobierno.
Protestas apagadas con muerte
Jerí asumió también el sillón presidencial en medio de un clima de protestas de la Generación Z, que se disipó con la muerte de un manifestante, al que un policía encubierto entre los protestantes mató de un disparo después de que un grupo de participantes en la movilización lo identificara como un agente infiltrado.
En política exterior, el mayor desafío para Jerí ha sido el asilo político entregado por el Gobierno de México a Betssy Chávez, la ex primera ministra del izquierdista expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra enjuiciada junto al exmandatario por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.
El Gobierno peruano tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores debido al rechazo del Gobierno mexicano a reconocer como presidenta a Boluarte y las constantes demandas de libertad para Castillo.
Ante el requerimiento de concederle un salvoconducto a Chávez para que viaje a México, el Ejecutivo peruano ha tomado la postura de no entregarlo hasta no hacer antes una serie de consultas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la convención sobre asilo, al entender que México la ha desvirtuado.
La reciente inversión canadiense de $1.5 millones que dio origen a Cielo Norte Aviación (CNA), la filial salvadoreña del consorcio True North Airways, ha sido detallada por su fundador, John McBride y que se centrará en operaciones aéreas, con planes ambiciosos de expansión hacia servicios regionales de aviación fija, aprovechando el nuevo clima de inversión en El Salvador.
John McBride, fundador del grupo EMPODERARsv. /Foto Alexander Montes.
Impacto de la inversión y respaldo internacional
McBride enfatizó que CNA es la subsidiaria salvadoreña de True North Airways, una compañía canadiense con más de 30 años de trayectoria en aviación y parte del conglomerado Northfield Capital. Este respaldo asegura la transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, y la implementación de estándares de seguridad y mantenimiento de clase mundial.
Perspectivas operacionales y certificación
El inicio de las operaciones comerciales de CNA se encuentra en una etapa avanzada. McBride indicó que el equipo está trabajando en coordinación con las autoridades aeronáuticas salvadoreñas para la obtención de la certificación regulatoria, enfatizando un compromiso con los más altos estándares nacionales e internacionales.
En los primeros días de noviembre arribó al país el primer helicóptero de CNA, un Bell 206, que fue trasladado desde Canadá hasta El Salvador por el piloto James McBride, hijo del empresario.
La base de la nueva aeronave (Bell 206) será el helipuerto de Salamanca, consolidando la infraestructura operativa de la compañía. /Foto Alexander Montes.
La compañía espera aportar activamente en la capacitación técnica y transferencia de conocimiento aeronáutico, asegurando que esta IED tenga un impacto duradero en la calidad del capital humano del sector salvadoreño.
Compromiso con el empleo y el capital humano salvadoreño
Un pilar fundamental de la inversión es el compromiso con la generación de empleo local. McBride destacó que la política de la empresa es contratar exclusivamente a salvadoreños, a menos que se trate de una especialidad muy específica.
Empleos: la fase inicial de la operación de helicópteros ha generado alrededor de 10 a 12 empleos directos, con planes de crecimiento firme.
Talento local: el empresario destacó el talento salvadoreño, citando a Kelly, directora ejecutiva de su grupo, como socia y ejemplo del potencial humano del país.
Compromiso personal: McBride y su hijo, el piloto James McBride (quien voló el helicóptero desde Canadá en un viaje de 5 días/35 horas), han obtenido la nacionalidad salvadoreña por inversión, reforzando su vínculo con el país.
James McBride, hijo de McBride. /Foto Alexander Montes.
Clima de inversión en El Salvador
McBride atribuyó la decisión de invertir en el país a la «transformación económica histórica» liderada por el gobierno actual, destacando dos factores clave para los inversionistas:
El empresario también elogió a instituciones como Invest in El Salvador (InvestES), calificándolas de «extremadamente proactivas y constructivas» en el apoyo a los proyectos extranjeros.
Próximos pasos en operaciones
Fase I (actual): transporte de pasajeros con el helicóptero Bell 206 recién llegado. Trabajo aéreo especializado; médico, rescate, combate de incendios y programas geofísicos para el gobierno y empresas privadas.
Expansión: Servicios turísticos y de negocios. Vuelos regionales y transporte ejecutivo.
Cielo Norte Aviación se encuentra en las etapas finales de certificación con la Autoridad de Aviación Civil (AAC). Una vez obtenida la licencia de taxi aéreo, la compañía iniciará sus servicios comerciales para atender los sectores de negocios y turismo. La posterior segunda certificación permitirá la expansión hacia el lucrativo mercado de trabajo aéreo especializado y contratos gubernamentales (ej. apoyo en combate de incendios y emergencias).
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un total de nueve dictámenes, cinco de los cuales autorizan o ratifican deuda o su garantía, por un total de $666.1 millones; y cuatro reforman el presupuesto de 2025 por más de $161 millones.
Del total, autorizaron la suscripción de un nuevo crédito por $170 millones para la construcción de los mercados de Santa Tecla y del Puerto La Libertad; y autorizaron la emisión de títulos valores por hasta $344 millones, que puede ser usado para prioridades del Gobierno, pagar deudas o incluso para reforzar la caja fiscal.
Además, los diputados dictaminaron la ratificación de dos préstamos para más obras viales y de infraestructura en el Puerto de La Libertad, conocido como Surf City; y la garantía para un crédito de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que servirá para construir una cúpula en el Aeropuerto del Pacífico de La Unión.
Los diputados también reformaron la Ley del presupuesto 2025, para incorporar $161.4 millones de préstamos, para seguir con el programa de Telemedicina, $150 millones que también puede ser utilizados para “prioridades”, “obligaciones”, “transferencias” y “apoyos a la caja fiscal”; y $344,917 para un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento.
En total fueron nueve dictámenes aprobados en la reunión.
Solo uno de los dictámenes aprobados no está relacionado con deuda, sino con fondos de las contribuciones del sector privado al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF).
Parte de los fondos del INCAF van para la Dirección de Integración del Ministerio de Gobernación y, por tanto, se incorporarán $1.7 millones para la alimentación en las visitas que realiza esta institución pública a las diferentes colonias o comunidades del país.
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) mantiene la proyección de que las exportaciones de bienes y servicios cerrarán en más de $13,800 millones en 2025.
Esta proyección supera los $13,000 millones previstos en agosto pasado y se apoya en el buen desempeño de la industria turística.
“En el tema de servicios, definitivamente vamos en un incremento bonito porque el turismo sigue creciendo. Tal vez no está creciendo al mismo ritmo que el año pasado, pero sí mantiene un crecimiento significativo, esperando que lleguemos a $14,000 millones o $13,800 millones de exportaciones totales para el próximo año”, indicó Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, durante un evento organizado este lunes con empresarios.
El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que las exportaciones de bienes sumaron $5,137.6 millones entre enero y septiembre, lo que representa un incremento de $277.5 millones, equivalente al 5.7 %, frente al mismo período de 2024.
Esto significa un 79.6 % de los $6,447.5 millones exportados en todo 2024, cuando se registró una contracción de 0.8 %.
Las estadísticas de exportaciones de servicios se actualizan cada tres meses junto con la publicación del producto interno bruto (PIB), mientras que los despachos de mercancías se reportan mensualmente.
El último dato, correspondiente al primer trimestre de 2025, señala que las exportaciones de servicios se contrajeron un 9.9 % tras sumar $1,358.1 millones, al menos $148.7 millones menos que los $1,506.8 millones del mismo período de 2024, según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).
Las exportaciones de servicios están compuestas en un 54.8 % por negocios de viajes; 12.3 % por transporte; 7.9 % por telecomunicaciones, informática e información; 7.9 % por mantenimiento y reparación; 6.3 % por manufactura; y 5.5 % por asistencia empresarial.
El vicepresidente salvadoreño, Felix Ulloa, en su viaje a Bolivia el 6 de octubre a la toma de posesión del nuevo presidente Rodrigo Paz, aseveró en una entrevista que el gobierno de El Salvador ya le ganó la guerra a las pandillas.
“Esta guerra la declaramos el 27 de marzo de 2022, ese día el presidente (Nayib Bukele) dijo ‘hoy le declaramos la guerra a las pandillas’ y ya se la hemos ganado, todavía quedan algunos remanentes, algunos reductos, pero que los estamos eliminando gracias a la población, que nos dicen dónde están escondidos y qué hacen, y se va, se les captura y se les lleva adonde tienen que estar, que es en el sistema carcelario”, aseguró Ulloa en la entrevista del programa «Que no me pierda», de Red Uno de Bolivia.
El vicepresidente explicó que declarar guerra contra las pandillas fue posible a que el gobierno logró mayoría en la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2021, ya que antes, cuando Arena y el FMLN tenían el control en el Legislativo, no le apoyaron.
“Nosotros tuvimos, los primeros dos años del presidente Bukele, un congreso totalmente en contra, eran los dos partidos que administraron la posguerra, Arena 20 años y el FMLN, diez años, y, como no tuvimos apoyo de ellos, cuando tenían el control de la Asamblea Legislativa, el pueblo se enteró, entonces, son los pueblos los que van dictando el rumbo de los países, de la manera que eligen a sus gobernantes y a sus representantes”, señaló.
Fue hasta 2021 que el gobierno, con mayoría en la Asamblea, obtuvo la aprobación de $109 millones con financiamiento que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) había autorizado desde 2019, le comentó.
“En el 2021, en las elecciones legislativas, el pueblo le dio el número de diputados al presidente Bukele, que son los que permitieron obtener los recursos que ya estaban aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, un préstamo de $109 millones, para construir este centro penitenciario de gran magnitud, para equipar a nuestras fuerzas del orden que estaban en condiciones precarias, policías con tres balas en la pistola, con vehículos que había que empujarlos para que arrancara, sin chalecos antibalas, sin medios de comunicación, así se enfrentaban a estructuras criminales”, detalló el vicepresidente.
El entrevistador preguntó a Ulloa sobre el «proceso transformador» en El Salvador en seguridad. Ulloa respondió que desde junio de 2019 el gobierno implementó el Plan Control Territorial, que consta de siete etapas y que actualmente “estamos en la sexta etapa”.
También, preguntó al al vicepresidente: ¿por dónde pasa poder ordenar un régimen penitenciario?, ¿es un tema presupuestario o es un tema político? El funcionario respondió que por ambos. “Por las dos causales que has mencionado. Primero, la parte económica, hay que tener los recursos que le dé, no solo la dignidad a los internos, sino que permita que la sociedad se mantenga segura… Y la segunda y, la más importante, es tener la voluntad política de hacerlo y tener las condiciones necesarias”, aseguró.
Luego de cuatro años de espera, los comerciantes del mercado San Miguelito, en San Salvador, comenzaron a trasladarse al nuevo recinto municipal, una moderna instalación tras el incendio que arrasó con las viejas instalaciones en septiembre de 2021.
Desde tempranas horas de este lunes, entre un ambiente de ajetreo, una larga fila de vendedores esperaba su turno para poder ingresar al nuevo edificio con el objetivo de conocer sus nuevos puestos de trabajos y empezar a colocar su mercadería. Muchos cargaban sacos, cajas, carreteras con productos con los que surtirán sus nuevos puestos de venta.
Los vendedores fueron notificados el fin de semana para empezar a trasladarse este lunes. / Dania Quehl.
Una de las comerciantes era Andrea Vides, quien se dedica a la venta de flores, quien señaló que fue notificada junto al resto de los vendedores el pasado sábado que tenían que llegar este lunes para recibir su nuevo puesto de trabajo y trasladar sus productos.
«El día sábado nos notificaron que el día lunes (hoy) teníamos que acercarnos al nuevo mercado», dijo Vides, agregando que por el momento no han sido informados cuando será abierto el mercado al público.
Otra de las personas en el lugar era doña Ofelia, quien expresó que desde hace más de cuatro décadas vende pupusas y espera que, con el traslado de los vendedores a las nuevas instalaciones, las ventas mejoren. «Ahorita he empezado a acarrear para empezar a vender y primeramente Dios nos lleve con bien a nosotros».
Los vendedores empezaron a llenar sus puestos este lunes. / Dania Quehl.
La mujer de la tercera edad manifestó que la actual preocupación es el costo que se deberá cancelar cada mes, el cual, llevará incluido el Impuesto del Valor Agregado (IVA), situación que podría afectar en el costo de sus productos.
«Mi problema es el IVA, porque no todos estamos de acuerdo con el IVA porque tantos años de trabajar y no hemos trabajado el IVA; ya tenemos más de 40 años de trabajar en el Mercado de San Miguelito». Ofelia, vendedora de pupusas en el mercado San Miguelito.
Costos
Con respecto a los costos de arrendamiento, los vendedores manifestaron que deberán cancelar un costo de aproximadamente $90, en los que se incluye el servicio de vigilancia, mantenimiento del lugar y uso de servicios sanitarios. Sin embargo, el costo de los servicios de luz, agua y contador será cuenta aparte.
«Voy a pagar como $87, pero yo digo $90 que va hacer cada mes y yo pagaba entre $22 y $23, y ahora es el triple», dijo Margarita Cruz.
Otra de las vendedoras era Mónica Rivas, quien consideró que uno de los desafíos que tendrán ahora con las ventas en el nuevo mercado será el pago de mensualidad, debido al incremento señalado.
«Tanta venta china, yo quisiera que en eso nos pudieran ayudar que ya no metan a tantos (negocios) chinos porque el mercado San Miguelito funcionaba porque los (negocios) chinos no había mucho, pero miren ahora y para nosotros eso nos está afectando y nosotros vamos a probar la verdad y primero Dios funcione», expresó Rivas.
Los comerciantes explicaron que, según el tamaño del puesto, así será el costo de alquiler de los mismos; los cuales están entre los $60, $90 y $180. La mayoría de los vendedores señalaron que cancelaran $90 al mes.
Paralelamente, en las inmediaciones al mercado, los comerciantes iniciaron a desmantelar de los puestos de trabajo que en los últimos cuatro años ocuparon las calles aledañas al mercado. En dichas labores personal de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y el Ministerio de Obras Públicas ayudaban en la desinstalación de los puestos.
En agosto reciente, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inauguró el mercado San Miguelito pero no anunció fecha de apertura; ese día anunció que la nueva plaza tendrá 1,040 puestos y que costó $34 millones.
El mercado San Miguelito fue cerrado tras un voraz incendio ocurrido el 21 de septiembre de 2021, el cual consumió gran parte de la infraestructura que albergaba a cerca de 3,000 comerciantes.
