La guerra comercial lanzada este año por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado incertidumbre en mercados y empresas, mermado el poder adquisitivo de los estadounidenses, elevado la tensión entre China y EE.UU y puesto contra las cuerdas el sistema que ha regido el comercio internacional durante décadas.
El líder republicano, que ya puso en marcha medidas proteccionistas durante su primer mandato (2017-2021), anunció el pasado 2 de abril una batería de aranceles con el argumento de invertir el saldo comercial con otros países, elevar la recaudación y lograr que las fábricas deslocalizadas volviesen a EE.UU.
Ese día, la Casa Blanca impuso aranceles a más de 180 países, muchos de ellos amigos y aliados de Washington: un gravamen generalizado del 10 % y tasas adicionales, mal llamados «recíprocas», especialmente elevadas a aquellos países con un gran superávit comercial con EE.UU.
Tras varios días de turbulencias en los mercados financieros, Trump dio marcha atrás: congeló los aranceles adicionales y abrió un periodo de negociación que culminó en acuerdos con varias de las principales economías del mundo. EE.UU. accedía a dejar los aranceles definitivos en torno al 10 % a cambio de concesiones.
En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, la compra de gas y petróleo a EEUU, además de hacer importantes inversiones en ese país. En el de Japón, abrir su mercado a más productos agrícolas estadounidenses y hacer inversiones millonarias en EE.UU., en sectores como la energía, los semiconductores y la construcción naval.
Escalada arancelaria con China
Con China, la situación siguió un derrotero distinto: la tasa del 34 % impuesta por Washington el 2 de abril fue contestada enseguida por Pekín, lo que generó una escalada arancelaria que acabó situando los gravámenes de EE.UU. a los productos chinos en el 145 % y los de China a las importaciones estadounidenses en el 125 %.
Tras múltiples rondas de negociaciones y una reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, la primera y segunda economía mundial alcanzaron una tregua arancelaria que actualmente sitúa el gravamen promedio estadounidense para productos chinos entre el 29 y el 48 % y el porcentaje con el que Pekín grava las mercancías estadounidenses en torno al 30–35 %.
Los expertos coinciden en que la tregua solo aplaza el problema de fondo. Julian Evans-Pritchard, de la consultora británica Capital Economics, sostiene que con el acuerdo, Pekín gana tiempo de nuevo «para desacoplarse a su propio ritmo», pero duda de que evite que el mundo siga «fracturándose en dos bloques rivales centrados en China y Estados Unidos».
En la misma línea, el economista senior para Asia de Cesce Research, Rafael Loring, subraya que el choque entre ambas potencias no es solo arancelarios, sino el reflejo «de profundos desequilibrios estructurales y de modelos económicos divergentes».
Aunque un desacoplamiento total sería «extremadamente dañino para ambas partes», China cuenta con importantes ventajas -entre ellas su papel en las cadenas globales de suministro, una mano de obra competitiva y una enorme escala de producción- para sostener con éxito un conflicto comercial prolongado, apunta en un artículo en la revista Política Exterior.
La refriega Washington-Pekín sigue acarreando, según organismos internacionales o bancos centrales, un menor crecimiento, mayores presiones inflacionistas y una reconfiguración de las cadenas de suministro globales.
Debido precisamente a las tensiones arancelarias, la Organización Mundial del Comercio (OMC) rebajó este octubre la previsión del crecimiento del comercio mundial para 2026 al situarla en un 0,5 % frente al 1,8 % pronosticado anteriormente.
La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, reconoce que el sistema multilateral de comercio «atraviesa su momento más difícil en 80 años», pero defiende que sigue siendo «resiliente» y esencial para la estabilidad de la economía global.
Aranceles como herramienta política
La Casa Blanca ha utilizado los aranceles no solo con fines económicos, sino como herramienta de presión política. Trump los ha aplicado contra China por el fentanilo, contra México por la migración irregular, contra India por comprar petróleo ruso y contra Brasil por el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.
Aunque el acercamiento entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Trump desactivó los castigos arancelarios sobre la mayor economía de Latinoamérica, a nadie se le escapa que ese alivio también obedece al impacto de la guerra comercial en la subida de los precios en EE.UU.
La semana pasada, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, atribuyó a los aranceles la persistencia de la inflación en torno al 3 %, lo que, añadió, deteriora el poder adquisitivo de los estadounidenses, quienes ya han castigado a Trump en las elecciones locales y estatales celebradas desde noviembre.
A las rebajas de aranceles al vacuno, el café o las frutas de Brasil, se han unido otras a alimentos de países latinoamericanos afines a la Administración Trump, como Argentina, El Salvador, Ecuador o Guatemala en un intento de contener los precios en la cesta de la compra, el principal caballo de batalla en este tramo final de año de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.
A esto se suma un escenario potencialmente caótico en caso de que el Tribunal Supremo considere que gran parte de los aranceles impuestos por Trump se implementaron de manera ilegal, lo que obligaría a Washington a reembolsar a los entes exportadores entre 140.000 millones y un billón de dólares, según distintas estimaciones.
