La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de una misma familia en 1982, en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), informó este jueves la CIDH.
De acuerdo con un comunicado del organismo con sede en Washington, publicado en X, se trata del caso Natividad de Jesús Ramírez y familia por «las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de la familia Ramírez cometidas por agentes estatales en 1982, así como por la situación de impunidad de los hechos».
Describió que «durante el conflicto armado interno, la familia Ramírez, activa en la Iglesia católica y catalogada por el Estado como opositora política, fue víctima de allanamientos, amenazas, detenciones y agresiones por parte de agentes estatales».
Señaló que la petición, recibida por la CIDH en 2004, «trata sobre la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez y la desaparición de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen desconocidos».
En un informe, la CIDH, determinó que «el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales contra Rufino y Teresa de Jesús Ramírez fue injustificado, desproporcional y carente de fin legítimo», apuntó.
La CIDH consideró probada la desaparición forzada de Natividad de Jesús, Salvador, José Elías, Jorge Alberto y Guadalupe Robles Ramírez, «al acreditarse que agentes públicos irrumpieron en sus domicilios, los detuvieron y se negaron a revelar su paradero», indicó.
Detalló que la Comisión identificó «omisiones graves, tales como la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de autopsias, la inexistencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después, sin resultados verificables».
El Estado, concluyó, «tampoco aportó información sobre diligencias realizadas, razones para el archivo, ni evidencia de un análisis con perspectiva de género, respecto a la ejecución de Teresa de Jesús Ramírez.
En conclusión, añadió, la Comisión estableció que «el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho de niñez y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
La CIDH solicita a la CorteIDH que, entre otras medidas, «ordene al Estado reparar integralmente las violaciones, incluyendo compensación y medidas de satisfacción».
Además, «investigar y localizar a las personas desaparecidas, identificar y entregar sus restos, y acordar un plan de búsqueda y «garantizar atención en salud física y mental para los familiares, con enfoque diferencial» y «adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral».
