La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió este miércoles con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como parte de una visita oficial que realizó a este país que también contempló un recorrido por la cárcel de máxima seguridad donde más de 200 migrantes, expulsados de la nación norteamericana, están detenidos.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó, en un comunicado, sobre la reunión de Noem y Bukele, e indicó que la funcionaria estadounidense «expresó su agradecimiento por la colaboración del gobierno salvadoreño en la aceptación de vuelos de deportación».
«Quiero agradecer a El Salvador y a su presidente por su colaboración con los Estados Unidos», expresó Noam de acuerdo con la nota de la sede diplomática, que no brindó más detalles sobre lo demás conversado durante el encuentro.
Antes de su reunión con Bukele, la secretaria de Seguridad recorrió la cárcel salvadoreña de máxima seguridad donde se encuentran detenidos más de 200 migrantes venezolanos, expulsados en un vuelo por las autoridades estadounidenses tras acusarlos de pertenecer a la banda de crimen transnacional Tren de Aragua.
Noem, que llegó a El Salvador al mediodía de este miércoles, se desplazó por diferentes áreas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno del presidente Bukele impulsa bajo un régimen de excepción.
A través de un video colgado en sus redes sociales, en el que habla frente a una celda repleta de reclusos tatuados, la secretaria de Seguridad agradeció a El Salvador y a su presidente por «su asociación con los Estados Unidos» para traer a terroristas y encarcelarlos, mostrándoles así las consecuencias «por la violencia que han perpetuado en Estados Unidos» y en las comunidades.
«También quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar», dijo Noam en la declaración compartida en X.
E insistió en que si alguien llega a Estados Unidos «ilegalmente», «será expulsado y será procesado».
«Sepa que esta instalación (el Cecot) es una de las herramientas de nuestro kit de herramientas que utilizaremos si comete delitos contra el pueblo estadounidense», concluyó.
Luego, Noam firmó con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, un acuerdo para compartir los antecedentes penales de fugitivos y evitar que sean liberados.
«Hoy el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y yo firmamos un Memorando de Cooperación para actualizar la Alianza de Seguridad para el Control de Fugitivos (SAFE) entre nuestras dos naciones», indicó la funcionaria estadounidense en la red social X.
Añadió que este acuerdo «garantiza que los antecedentes penales de los fugitivos se compartan entre Estados Unidos y El Salvador, para que los criminales no sean liberados inadvertidamente en las comunidades estadounidenses».
La secretaria de Seguridad concluye así su visita oficial a El Salvador y se traslada a Colombia, la segunda parada de su viaje.
Esta es la segunda visita de un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump para encontrarse con Bukele; el primero fue el secretario de Estado, Marco Rubio, a inicios de febrero pasado.
En dicha visita, el presidente salvadoreño ofreció las cárceles salvadoreñas inicialmente para encarcelar a criminales condenados y no se manejó su uso para migrantes irregulares.
El pasado 16 de marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía y fueron enviados a esta cárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, reportes de medios estadounidenses apuntan a que al menos 101 fueron detenidos en procesos migratorios.
Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa salvadoreña no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano.
