El Gobierno de Honduras presentó este jueves una querella por injurias y calumnias contra el periodista
Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), por la publicación de un reportaje sobre
presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La querella fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el secretario de Finanzas, Christian Duarte,
acompañado del tesorero general, Salomón Hernández.
Duarte explicó a periodistas que el director de RCV ha sido acusado de injuria por la «difusión sistemática de
información falsa e inexacta», lo cual causa «graves consecuencias en la dignidad, respeto y honorabilidad de
quienes hemos interpuesto la denuncia».
Esto también tiene «graves efectos» en la percepción de la institución y la capacidad para «cumplir con los
compromisos financieros del gobierno, lo cual constituye un grave riesgo para los activos de la República»,
subrayó.
Destacó que la querella incluye el delito de calumnia, ya que se nos ha «acusado públicamente, a mí y al
tesorero general, de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude, sin ningún tipo de
pruebas, evidencia o documentos que lo sustenten; por el contrario, hay un temerario desprecio por la verdad».
Según Duarte, el director de RCV lo acusa de un sobregiro de 6,500 millones de lempiras ($253,7 millones)
para «financiar las elecciones internas» del partido Libertad y Refundación (Libre).
Sin embargo, el funcionario afirmó que esto es «completamente falso», explicando que al inicio de la jornada
electoral, programada para el 9 de marzo y que terminó extendiéndose hasta el pasado día 16, debido a las
irregularidades en la entrega del material, la caja única del Tesoro tenía un saldo de 6.984 millones de
lempiras ($276,6 millones) y al cierre, 8.200 millones de lempiras ($320 millones), contradiciendo así las
afirmaciones del medio.
Duarte también se refirió a la afirmación de Radio Cadena Voces de que estos recursos fueron transferidos a
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y al Programa Red Solidaria a través del Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola (Banadesa), señalando que «dichas instituciones han recibido a lo largo de todo el año
únicamente 248,5 millones de lempiras ($9.7 millones)».
Según la radio hondureña, el sobregiro ocurrió el 6 de marzo, pero Duarte aseguró que “ni una sola
transferencia” se hizo a esas instituciones durante este mes.
El Gobierno que preside Xiomara Castro es «sumamente respetuoso y promueve la libertad de prensa, muestra de
ello es el amplio debate sobre las diversas políticas de Estado que se han promovido, la vocación por hacer
pública cualquier tipo de información, pero una cosa es la libertad de prensa y otra es este tipo de
fabricación, este tipo de difusión falsa de información, de información inexacta con un objetivo político
establecido», afirmó Duarte.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó el pasado miércoles de intimidación una demanda penal del
Gobierno hondureño contra Rodríguez «en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas
irregularidades en el manejo de fondos públicos».
Se trata de «un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares
internacionales de libertad de expresión», declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
