La organización Cristosal denunció este jueves ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) al ministro de Salud, Francisco Alabí, y al expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar, por supuestamente haber beneficiado a empresas familiares en contrataciones durante la pandemia.
El abogado de Cristosal Jonatan Sisco explicó que acusan a los funcionarios de desvío de fondos y por conflicto de intereses en la ejecución de compras durante la pandemia por Covid-19 en 2021. Sisco aseguró que han presentado el documento de cotización de caretas de la empresa que supuestamente pertenece a la hija de Jorge Aguilar, expresidente del FONAES, donde presuntamente él también era accionista y se habría beneficiado de las compras del Estado.
Sisco dijo también que por medio del periodismo de investigación conocieron de una supuesta cotización donde la empresa habría comercializado las caretas a $1.13 pero al gobierno salvadoreño se las vendió a $2.50. Con base a este documento, Cristosal estima que el sobreprecio sería del 121 %. El contrato de compra fue suscrito por $250,000 para la adquisición de $100,000 protectores faciales.
«Los fondos que estaban destinados para la compra de mascarillas quirúrgicas certificadas no se utilizaron para eso, terminaron en manos de familiares de funcionarios y de los mismos funcionarios que eran accionistas de estas sociedades». Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.
A través de un comunicado de prensa, la organización explica que Jorge Aguilar ejercía el cargo de presidente del FONAES cuando se dio la contratación de protectores faciales y supuestamente, en ese mismo periodo «mantenía su condición de accionista y beneficiario final» de la empresa de su hija.
La organización también ha señalado que los protectores faciales comprados «no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas, según el decreto legislativo» aprobado «lo cual sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales».
Cristosal entregó en anexos a la denuncia: acuerdos ejecutivos, declaraciones patrimoniales, órdenes de compra, cotizaciones y credenciales que presuntamente relacionarían a Jorge Aguilar con la empresa de su hija y sugirió al TEG que pida informes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Ministerio de Hacienda para determinar si «recibió salarios o dividendos de dicha sociedad».
Por su parte, la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, aseguró que estos casos están casi por prescribir en el Tribunal por cumplirse el periodo de cinco años e indicó que esta denuncia se suma a la presentada el 13 de noviembre contra el ministro Alabi «por haber favorecido a sus familiares».
