Blog

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes destituir al juez que ordenó suspender la expulsión de migrantes bajo una ley de guerra del siglo XVIII, un ataque al poder judicial que le valió una reprimenda inusual del jefe de la Corte Suprema.

«Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!», afirmó el republicano en su plataforma Truth Social.

Este «lunáticos de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por (el expresidente demócrata) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente», subrayó refiriéndose al magistrado federal de Washington James Boasberg.

«Solo hago lo que los votantes querían que hiciera» porque «la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón número uno» de la victoria electoral de noviembre, escribió usando mayúsculas, como acostumbra a hacer. El sábado, el magistrado ordenó suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Hasta ahora, solo se usó tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El juez pidió concretamente que se parara una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones «terroristas» globales por el Departamento de Estado.

La administración siguió adelante con las deportaciones. Alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense. Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien, según medios de comunicación estadounidenses, pidió al gobierno una respuesta este martes.

«Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial», afirmó en un comunicado.

El proceso de destitución de un magistrado corre a cargo del Congreso y en un país muy polarizado políticamente es altamente improbable que vaya a ocurrir.

El presidente estadounidense reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales, pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye.

«No queremos criminales»

No queremos criminales despiadados, violentos y dementes, muchos de ellos asesinos trastornados, en nuestro país», recalcó este martes. En su batalla contra la migración irregular ha sumado apoyos, como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Washington le pagó «aproximadamente seis millones de dólares» para que detenga a los migrantes expulsados, confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una miseria según ella «en comparación con el costo de vida que supondría para el contribuyente estadounidense albergar a estos terroristas en prisiones de máxima seguridad» en Estados Unidos. Bukele celebró en las redes sociales que los vuelos salieran de Estados Unidos.

«Ups … Demasiado tarde», escribió el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez. Según él llegaron al país 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, que fueron trasladados al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El lunes en la noche, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá a la ONU mecanismos de protección para los venezolanos enviados a esa prisión abierta por Bukele hace tres años como parte de su cruzada contra las pandillas.

El Sistema de Naciones Unidas en Honduras destacó este martes la participación ciudadana y su «gran compromiso democrático» en las elecciones primarias e internas del país, que estuvieron marcadas por irregularidades en la distribución del material electoral que obligaron a extender el proceso.

El proceso de comicios, programado para el 9 de marzo, terminó extendiéndose hasta el pasado día 16, debido a las irregularidades en la entrega del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, lo que devino en denuncias de fraude en el Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder).

En un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Honduras felicitó a los hondureños «por su participación en las elecciones primarias, desarrollado sin incidentes de seguridad serios, demostrando un gran compromiso democrático, así como su paciencia y resiliencia ante las dificultades logísticas enfrentadas durante la jornada electoral».

También instó a todos los actores políticos y electorales a «privilegiar el diálogo y el entendimiento» para asegurar una «conclusión satisfactoria» de los comicios primarios, que no son obligatorios y son previos a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Por razones que aún están bajo investigación por parte del Ministerio Público (Fiscalía), la demora en el traslado de las maletas con material electoral el 9 de marzo generó severos cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las Fuerzas Armadas de Honduras que, por ley, son responsables de la distribución, custodia y vigilancia del material electoral a nivel nacional.

Esa situación provocó que 5,557 hondureños de dos barrios de Tegucigalpa ejerciera el sufragio hasta el pasado domingo, ocho días después que lo hizo la mayoría, en unas votaciones para las que fueron convocados más de 5,8 millones de hondureños, de los diez millones de habitantes que tiene el país.

Además, reconoció el trabajo de las autoridades del CNE y otros actores involucrados en «superar las dificultades», con el fin de garantizar que las elecciones generales, en las que se escogerá a la persona que sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se celebren en «las mejores condiciones posibles».