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El presidente estadounidense

Donald Trump

intentará este martes convencer a su homólogo ruso

Vladimir Putin

de que apruebe su plan de alto el fuego en Ucrania, país que considera inaceptables algunas de las condiciones de Moscú.

El presidente republicano y el Kremlin han confirmado una conversación telefónica muy esperada, que sería oficialmente la segunda entre ambos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

Trump dijo el lunes que uno de sus objetivos era «salvar a los soldados (ucranianos) que están en una muy mala posición».

«La situación es mala en Ucrania, la situación es mala en Rusia», reiteró Trump, quien se niega a decantarse por uno de los países, y en particular a condenar la invasión llevada a cabo por Rusia en febrero de 2022.

Su objetivo -asegura- es alcanzar una tregua y más tarde un acuerdo de paz.

Central nuclear

El domingo Donald Trump habló de repartos entre Moscú y Kiev.

El presidente estadounidense ha mencionado recientemente negociaciones sobre las «tierras» y sobre la gran central nuclear de Zaporiyia.

Según el sitio de información

Semafor, el republicano sopesa reconocer Crimea, anexada en 2014, como una región rusa, accediendo así a una reivindicación importante de Vladimir Putin.

Donald Trump ya habló por teléfono con su homólogo ruso el 12 de febrero.

Ha iniciado un espectacular acercamiento a Moscú, rompiendo con tres años de intenso apoyo estadounidense a Ucrania durante la presidencia de su predecesor demócrata Joe Biden.

El republicano aseguró posteriormente haber hablado varias veces con Vladimir Putin.

El presidente estadounidense recibió al presidente ucraniano Volodimir Zelenski el 28 de febrero pero se enfrentaron verbalmente ante las cámaras de todo el mundo.

Poco después suspendió la ayuda militar a Kiev y el intercambio de información, hasta obtener un acuerdo de principios de Ucrania a una propuesta estadounidense de alto el fuego de treinta días.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, instó el martes a Rusia a aceptar un cese el fuego «sin condiciones».

«Ucrania ha apoyado la propuesta estadounidense de alto el fuego temporal de 30 días. Esperamos que Rusia acepte sin condiciones esta propuesta», declaró Sibiga, citado en un comunicado de la cancillería ucraniana.

«Es hora de que (Rusia) demuestre si quiere de verdad la paz», añadió poco antes de la llamada prevista entre Trump y Putin.

Relación privilegiada

Los estadounidenses han llevado a cabo discusiones paralelas con Rusia, en particular a través del enviado especial Steve Witkoff, quien ha viajado a Moscú. Pero no han dado lugar a avances espectaculares.

Rusia plantea condiciones consideradas inaceptables por Ucrania para un cese de hostilidades, como por ejemplo que Kiev ceda cinco regiones anexionadas por Moscú, abandone sus ambiciones de unirse a la OTAN y lleve a cabo un cambio de gobierno.

Ucrania, por su parte, pide garantías de seguridad de sus aliados occidentales y el despliegue de una fuerza de interposición para garantizar una eventual tregua.

Trump presume de tener una relación privilegiada con Putin. Ha asegurado varias veces que el presidente ruso quiere sinceramente la paz en Ucrania.

Eso no le ha impedido mencionar, de manera vaga hasta ahora, posibles sanciones financieras contra Rusia en ausencia de avances para el cese de los combates.

Israel prometió el martes continuar con su implacable ofensiva en Gaza hasta que regresen todos los rehenes, tras unos bombardeos que causaron más de 400 muertos, los ataques más intensos en el territorio palestino desde que comenzó la tregua con Hamás.

Los ataques suponen un duro revés para el alto el fuego que rige entre Israel y Hamás desde el 19 de enero, y amenazan con hacer descarrilar las negociaciones indirectas para prolongarlo.

El movimiento islamista palestino «aceptó el acuerdo de alto al fuego y lo aplicó completamente, pero la ocupación israelí renegó de sus compromisos… al reanudar la agresión y la guerra», afirmó un dirigente del grupo a AFP.

«La decisión de Netanyahu de reanudar la guerra es una decisión de sacrificar a los prisioneros (rehenes) de la ocupación e imponerles una sentencia de muerte», declaró Izzat al Rishq, funcionario del grupo, en un comunicado.

Los bombardeos israelíes mataron a Esam al Dalis, el jefe del gobierno de Hamás en Gaza y a otros tres dirigentes, informó el grupo islamista que gobierna el territorio palestino desde 2007.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló que al menos 413 personas fallecieron en los ataques. El balance no es definitivo, añadió, ya que «varias víctimas siguen bajo los escombros».

El gobierno israelí afirmó que los bombardeos obedecen a «la repetida negativa de Hamás de liberar» a los rehenes, y a su «rechazo de todas las propuestas que recibió del emisario estadounidense Steve Witkoff y de los mediadores».

Los ataques se producen en un contexto político agitado, después de que Netanyahu anunciara el domingo la próxima destitución de Ronen Bar, el jefe de la agencia de seguridad interior Shin Bet.

La decisión, afirmó, se debe a la necesidad de «restablecer la organización, alcanzar todos nuestros objetivos de guerra e impedir el próximo desastre», en alusión al ataque del 7 de octubre.

Al mismo tiempo, el partido ultraderechista Poder Judío del ex ministro Itamar Ben Gvir volverá a la coalición de gobierno, que había abandonado hace dos meses por su desacuerdo con la instauración de la tregua en Gaza.

«Hasta que todos los rehenes hayan regresado»

«No dejaremos de luchar hasta que todos los rehenes hayan regresado a sus casas y que todos los objetivos de la guerra se hayan cumplido», afirmó el martes el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.

El ataque de Hamás del 7 de octubre mató a 1,218 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales y que incluyen a los rehenes muertos.

Los milicianos islamistas también capturaron ese día a 251 personas, de las cuales 58 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 34 que según el ejército israelí fallecieron.

Israel, en respuesta, prometió «aniquilar» al grupo islamista y lanzó una ofensiva aérea y terrestre que ya mató a más de 48.500 personas, también civiles en su mayoría, según datos de Hamás, que la ONU considera fiables.

Tras los ataques del martes, familiares de los rehenes pidieron en Israel que Netanyahu «deje de matar» a sus seres queridos

.El Estado hebreo consultó con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, antes de lanzar los ataques, informó el lunes la Casa Blanca.

«Con su ilimitado apoyo político y militar a la ocupación [israelí], Washington carga con toda la responsabilidad de las masacres y el asesinato de mujeres y niños en Gaza», reaccionó Hamás en un comunicado.

«El suelo está sembrado de cadáveres»

El ejército israelí ordenó el martes a los gazatíes evacuar las zonas fronterizas.

«El suelo está sembrado de cadáveres y de pedazos de carne, y los heridos no encuentran un médico que los atienda», denunció Ramiz al Amarin, un desplazado palestino, desde el hospital al Ahli en Ciudad de Gaza.

Irán, que apoya a Hamás, llamó el martes a poner fin al «genocidio» de los palestinos. Los bombardeos fueron también condenados por Jordania, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, que denunció una «violación flagrante» del cese el fuego.

La presidencia palestina, desde Ramala, llamó a la comunidad internacional a actuar para poner fin a la «agresión» israelí.

El acuerdo de tregua alcanzado con mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos permitió suspender los combates y bombardeos tras 15 meses de conflicto.

En la primera etapa, que venció el 1 de marzo, Hamás entregó 33 rehenes, ocho de ellos muertos, mientras que Israel liberó a unos 1,800 palestinos de sus cárceles.

En la segunda fase se debían liberar los restantes cautivos en manos del movimiento islamista, retirar las tropas israelíes de Gaza y negociar una tregua permanente.

Pero las negociaciones se estancaron, con el llamado israelí a extender la primera etapa hasta mediados de abril por considerar que la siguiente etapa requiere la «desmilitarización total» de Gaza.

Hamás, por su parte, ha insistido en iniciar de inmediato la negociación de la segunda fase de la tregua.

El gobierno del presidente Donald Trump desmintió este lunes ante un juez haber desafiado una orden que prohibía expulsar a supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua bajo una ley de guerra de 1798.

Un juez federal celebró una audiencia para aclarar si la administración estadounidense ignoró deliberadamente sus órdenes al trasladar a más de 200 migrantes a El Salvador, país al que ha pagado para encarcelar a los deportados.

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron al juez James Boasberg que los expulsados ya habían salido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía, según los medios de comunicación estadounidenses.

También argumentan que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.

El Departamento de Justicia intentó cancelar la audiencia, esgrimiendo que el caso interfiere con «la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores».

Cuando Boasberg dijo que seguiría adelante, los abogados del gobierno presentaron una moción ante un tribunal de apelaciones para intentar que el juez sea apartado del caso.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a periodistas que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, se justifica porque Trump ha declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista global.

De los más de 200 migrantes expulsados en la operación, 137 «fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros», 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M-13, detalló Leavitt.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió «ups … Demasiado tarde» en las redes sociales el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.

Bukele informó de la llegada al país centroamericano de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y su traslado al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El lunes en la noche, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá a la ONU mecanismos de protección para los venezolanos enviados a esa prisión de máxima seguridad, que Bukele abrió hace tres años como parte de su cruzada contra las pandillas.

«Yo estoy firmando hoy una serie de comunicaciones para el Secretario General de Naciones Unidas (António Guterres), para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk» y «distintos organismos» para que «los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de venezolanos y venezolanas», aseguró.

«Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (…), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa», sostuvo.

«Ilegales»

Los grupos de defensa de los derechos humanos temen que se use como excusa para deportaciones masivas sin un debido proceso.

En declaraciones a Fox News Radio, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó que todos los migrantes enviados a El Salvador son «criminales» de MS-13 buscados en su país de origen o venezolanos que forman parte del Tren de Aragua.

«Yo diría que cada una de las personas que se encontraban en ese avión estaba en el país ilegalmente, de una forma u otra», añadió.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se invocó durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Trump reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye.

Su gobierno parece dispuesto a librar una batalla legal que posiblemente termine en la Corte Suprema, de mayoría conservadora.

Los movimientos del republicano para acumular poder en el ejecutivo han suscitado cada vez más temores de que desafíe al poder judicial, alterando o al menos reinterpretando el equilibrio constitucional de poderes en Estados Unidos.

Tres aviones procedentes de Estados Unidos llegan a El Salvador, en medio de un enorme despliegue de seguridad.

A bordo, 238 venezolanos deportados y acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, que van a parar a una cárcel de máxima seguridad.

La migración de Venezuela está en la mira del presidente Donald Trump, quien llegó al poder con la promesa de deportaciones masivas, sin importar el apoyo que recibió de la diáspora de ese país sudamericano.

Ya cientos fueron expulsados.

Aquí, cuatro claves para reconstruir esta arremetida:

Vuelos

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, cuando Trump encabezó durante su primer gobierno una ofensiva contra el presidente izquierdista Nicolás Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo al crudo y el oro de ese país.

Aunque no reconoce el tercer mandato de Maduro tras denuncias de fraude electoral de la oposición, el republicano envió a un emisario a Caracas pocos días después de regresar a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

La agenda de la negociación contempló la liberación de estadounidenses presos y, lo más importante, acordar la repatriación de venezolanos.

Venezuela envió a Texas dos aviones de la sancionada aerolínea estatal Conviasa para buscar a 190 deportados. Siguió el traslado de 176 detenidos en una recién abierta ala migrante en la cárcel de Guantánamo, en Cuba, entregados a las autoridades en Honduras en una escala previa.

No obstante, Trump consideró que Venezuela violó el «ritmo rápido» de repatriaciones «acordado», por lo que suspendió el permiso que tenía la petrolera Chevron para operar en el país suramericano.

La llegada de un avión prevista para esta semana fue pospuesta en dos oportunidades.

Tren de Aragua

Nacido en una cárcel de Venezuela en 2014, el Tren de Aragua se expandió por varios países de América Latina y luego llegó a Estados Unidos. Sus delitos van desde extorsión y homicidio hasta tráfico de drogas y de migrantes.

Trump dedicó largas horas de campaña en hablar de la «invasión» de esa banda y acusó a Maduro de enviar criminales a su país.

La declaró organización terrorista al asumir por segunda vez la presidencia y amparado en una ley de 1798 envió a un grupo de supuestos pandilleros a El Salvador de manera sumaria.

En los primeros vuelos de deportados, la Casa Blanca dijo que iban a bordo miembros del Tren de Aragua, lo que el gobierno venezolano negó.

Cecot

Los 238 migrantes fueron llevados al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que el gobierno de Nayib Bukele abrió hace tres años como parte de su cruzada contra las pandillas de ese país.

Fueron obligados a arrodillarse mientras decían sus nombres frente a agentes penitenciarios, que les raparon sus cabezas, según un video divulgado por Bukele.

Estados Unidos pagará una tarifa «muy baja» por su reclusión, dijo el mandatario salvadoreño.

Autoridades venezolanas tacharon la operación de «crimen de lesa humanidad» y al Cecot de «campo de concentración nazi», al tiempo que convocaron a manifestaciones el martes y el miércoles.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Venezuela por crímenes contra la humanidad en el control de protestas.

La líder opositora María Corina Machado apoyó la iniciativa de Trump contra miembros de organizaciones como el Tren de Aragua, aunque pidió un nuevo «régimen de protección» para los migrantes, así como evitar su «criminalización».

La diáspora

Unos 770.000 venezolanos vivían en Estados Unidos hasta 2023, según el Instituto de Política Migratoria (MPI), con sede en Washington.

La mayoría tenía un estatuto de protección temporal que otorgó el anterior presidente, Joe Biden, que Trump suspendió a finales de enero.

De acuerdo con la ONU, casi 8 millones de venezolanos dejaron su país en la última década para huir de una crisis que dejó salarios arrasados por la hiperinflación y una severa escasez de alimentos y medicinas.

Los migrantes, en principio, se instalaron en países de América Latina como Colombia, Perú y Chile, pero con las penurias que causó la pandemia de coronavirus viraron hacia Estados Unidos.

Miles cruzaron a pie la temida selva del Darién, entre Colombia y Panamá, sometidos a las amenazas de coyotes, narcotraficantes y hasta policías a lo largo de su camino en dirección a México.