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El cierre del Gobierno Federal entró este lunes en su quinta semana con creciente inquietud sobre la continuidad del transporte aéreo en el país ante la posibilidad de que los controladores comiencen a no presentarse a sus puestos de trabajo por no recibir la nómina prevista.

«Los controladores de tráfico aéreo dejarán de cobrar a partir de mañana. ¡Esto no está bien!», escribió hoy en la red social X el secretario de Transporte, Sean Duffy, que visitó una torre de control en un aeropuerto en Cleveland, Ohio.
Según el calendario de pagos federal, los controladores deberían cobrar mañana su nómina correspondiente al periodo trabajado entre 5 y el 18 de octubre.

Sin embargo, el cierre de Gobierno, activo desde el 1 de octubre, y el hecho de que el Senado no votó hoy para intentar acabar con la suspensión de actividades federales hacen que el cobro resulte imposible mañana.

Los controladores aéreos están entre los 730.000 empleados de las agencias del Gobierno central estadounidense que continúan trabajando al considerarse que su labor es fundamental para la seguridad nacional, pero que no cobrarán hasta que termine el cierre.

A eso se une el hecho de que EE.UU. tiene desde hace tiempo escasez de controladores aéreos, algo que está intentando solventar la cartera de Duffy con programas de formación más ágiles, incrementos en las contrataciones e incentivos y bonificaciones para que la gente permanezca en el puesto más tiempo.

En el cierre federal más largo de la historia de EE.UU., el que transcurrió durante 35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019, las bajas por enfermedad que empezaron a solicitar los controladores aéreos paralizaron buena parte del tráfico aéreo nacional y fueron el detonante para que republicanos y demócratas acordaran aprobar presupuestos.

El domingo ya se reportaron más de 8.000 retrasos en todo EE.UU., y casi 3.000 este lunes, debido a las bajas médicas de algunos controladores.

Actualmente, los demócratas se niegan a apoyar el presupuesto de los republicanos si éstos no aceptan negociar la prolongación de los subsidios del programa sanitario Obamacare, mientras que los conservadores dicen que no se sentarán a conversar si antes los liberales no ponen fin al cierre federal con sus votos.

Muchos expertos creen que el próximo 1 de noviembre será también crucial, ya que ese día muchos estados se quedarán sin dinero para financiar los cupones para alimentos de los que dependen millones de estadounidenses y por primera vez se publicará la subida de primas de Obamacare para 2026, que se cree que pueden reflejar incrementos de entre el 30 y el 75 % con respecto a las de este año.

Más de 2,000 personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, debido a los efectos del paso del huracán Melissa por el Caribe, según declaró este lunes a EFE el representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, Yannig Dussart.

«Se han identificado veinte escuelas y liceos para que sirvan de refugio a las familias afectadas. Nueve de ellas acogen actualmente a 1.991 personas en los municipios de Les Cayes, Coteaux, Jean du Sud, Île-à-Vache y Les Cayes, mientras que 117 personas han encontrado refugio en albergues provisionales y centros comunitarios en Port-Salut e Île-à-Vache», afirmó Dussart.

Además, los colaboradores locales de Unicef alertan de que existen «necesidades inmediatas» de refugios de emergencia, agua potable, saneamiento y asistencia alimentaria, anotó.

De momento, en el país caribeño al menos tres personas han muerto y 16 resultaron heridas; 10 casas fueron dañadas y 450 viviendas inundadas durante el paso de Melissa por Haití, en base al último balance comunicado este domingo por la Dirección de Protección Civil (DPC).

El representante de Unicef afirmó que se reclama apoyo para una reactivación agrícola, así como medidas de protección para los hogares expuestos a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Hasta la fecha, desde que se iniciaron los efectos de la tormenta Melissa en Haití, transformada en huracán, Unicef ha prestado apoyo a unos 1.400 hogares afectados mediante la distribución de una «ayuda financiera de emergencia» de 92 dólares.

Esta ayuda está destinada a «reforzar la resiliencia de las familias afectadas y permitirles acceder rápidamente a los bienes de primera necesidad, al tiempo que se apoya la recuperación económica local», indicó Dussart.

Por otro lado, la organización suministró insumos nutricionales a 176 instituciones sanitarias, a través de las cuales se cubrieron las necesidades de 4.175 niños.

En paralelo, Unicef tiene previsto distribuir kits de salud de emergencia, que incluyen lotes para el tratamiento de la diarrea aguda y cinco kits de parto, con el fin de cubrir las necesidades de 20.000 personas, 500 partos y garantizar la atención de 400 casos de diarrea aguda.

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos en el país desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 personas fallecidas y miles de damnificados, solo seis años después del mortal terremoto de enero de 2010, que provocó unos 300.000 muertos, cerca de 1,5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura.

Melissa se encuentra actualmente a unos 200 kilómetros al suroeste de Jamaica y la velocidad máxima de sus vientos es de 280 kilómetros por hora, un récord en lo que va de temporada de huracanes en el Atlántico, que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, fue detenido esta semana por autoridades migratorias en Miami, Estados Unidos, tras permanecer prófugo desde 2021 por acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero en México.

Álvarez Puga permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención Krome, ubicado al oeste de Miami. La detención se encuentra registrada en el sistema de búsqueda de detenidos del ICE.

Aunque la agencia federal no ha divulgado públicamente los motivos exactos del arresto, su confinamiento en un centro migratorio sugiere que enfrenta un proceso de deportación hacia México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura en su contra y la de Gómez Mont desde septiembre de 2021.

A esta orden se sumó una ficha roja de Interpol girada en octubre del mismo año, solicitando la localización y aprehensión de la pareja.

Ambos están señalados por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, según las autoridades mexicanas, superan los 3,000 millones de pesos —más de $160 millones—. También se les acusa de utilizar empresas fantasma para facilitar la evasión fiscal, el desvío de fondos públicos y el lavado de dinero.

Además del matrimonio, Alejandro Álvarez Puga, hermano del empresario, figura entre los implicados. La conductora de televisión, sin embargo, ha sostenido públicamente que es “inocente” de todos los cargos.

El caso ha generado amplio interés mediático en México, debido a la popularidad de Gómez Mont en programas como Ventaneando, y en Estados Unidos, donde fue noticia internacional tras pedirle matrimonio al atleta Tom Brady en una conferencia de prensa en 2008, mientras vestía un traje de novia.

Los antecedentes judiciales de la pareja se remontan a 2010, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inspeccionaron las oficinas del despacho Álvarez Puga y Asociados. Según las autoridades fiscales, la firma habría instruido a empresas para registrar a sus empleados como socios, con el objetivo de evadir pagos de reparto de utilidades y contribuciones al seguro social.

En 2012, el diario The New York Times expuso que una empresa del empresario servía como matriz para una red de compañías fantasma.

En 2016, la propia Inés Gómez Mont enfrentó señalamientos por no declarar ingresos completos y fue obligada a pagar más de 2.6 millones de pesos —alrededor de $130,000— en impuestos omitidos.