El río San Sebastián ya no tiene peces. Las aguas con desechos que recibe de una antigua mina de oro terminaron con ellos. Ahora que la minería ha vuelto a ser legal en El Salvador, el temor es que este fenómeno se reproduzca en otras partes del país.
La prohibición de la minería de metales, que regía desde 2017, fue derogada en diciembre por pedido del presidente Nayib Bukele. Según el mandatario, un estudio cuya autoría no reveló asegura que el país posee yacimientos de oro valorados en $131,000 millones, equivalentes «al 380% del PIB».
Su extracción impulsaría la economía salvadoreña, de lento crecimiento desde la dolarización en 2001.
Pero los ambientalistas dudan de estas cifras y aseguran que la minería traerá más perjuicios que beneficios. Y citan el caso del contaminado río San Sebastián.
En Santa Rosa de Lima, a 172 kilómetros de la capital, aguas servidas caen al río desde el cerro San Sebastián, donde se encuentra una mina de oro paralizada desde 2006 tras haber sido explotada durante un siglo.
La líder comunitaria Graciela Funes extrae una muestra del río y en la botella puede verse el líquido color cobre: «Aquí están los hechos», dice.
«No es posible que nosotros permitamos esta situación […], somos humanos y todos necesitamos de este vital líquido [el agua]», agrega a AFP esta mujer de 67 años.
La ambientalista Vidalina Morales, que acompaña a Funes en el río, sugiere «cerrar filas» contra la minería.
En 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indicó en un informe que esta mina había «impactado severamente sobre la calidad y disponibilidad» de agua en esa zona agrícola del departamento de La Unión.
El informe, que posiblemente contribuyó a que el Congreso ilegalizara la minería un año después, destacaba que la población aledaña a la mina «ha logrado subsistir en este entorno crítico» gracias a «la compra de agua».
La mina San Sebastián fue considerada como «la más productiva de Centroamérica» durante buena parte del siglo XX, explica en San Salvador la bióloga Cidia Cortés, autora de un estudio sobre la minería.
Entre 1904 y 1953 empresas extranjeras extrajeron al menos 32 toneladas de oro de esta mina, pero su explotación «dejó un legado de miseria, enfermedad y daños ambientales», de acuerdo al mismo informe.
En 1987 el gobierno otorgó en concesión la mina a la empresa estadounidense Commerce Group, pero le revocó la licencia en 2006. Hoy en día, algunos mineros artesanales siguen buscando oro en sus socavones.
«Resolver el daño ambiental, a la salud, que dejaron proyectos mineros era una deuda pendiente del Estado», dice Cortés a la AFP.
«Hoy esa deuda está vigente y se agrava pues de nuevo habrá minería», añade la bióloga e integrante de la Asociación de Mujeres Ambientalistas.
Los defensores del medio ambiente temen que la minería contamine por ejemplo el río Lempa, que atraviesa zonas de potencial minero y abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital.
Sin embargo, la reintroducción de la minería también tiene partidarios.
«El país está ante la oportunidad de encaminarse a un desarrollo económico con la minería y podría haber una mejor condición de vida para la población», dice a la AFP el analista político Nelson Flores, quien rechaza el «escenario apocalíptico que pintan» los ambientalistas.
«La minería ha avanzado y hay métodos más modernos de extracción, respetando el medio ambiente y protegiendo los recursos naturales», señala.
«Sería absurdo negarle al país la posibilidad de avanzar en su desarrollo económico», agrega Flores.
El presidente de la oenegé Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Ricardo Navarro, asegura que «se ha sobredimensionado» la cantidad de reservas de oro que hay en El Salvador.
Además, «la concentración de oro en el suelo salvadoreño es de un gramo por tonelada de roca: poco oro y mucho el daño», explica a AFP.
La economista Julia Martínez dice que Bukele está interesado por el «dinero que podría obtener» el erario, pero «no vemos un estudio donde se explique si en realidad existe ese oro».
«Creo que [al presidente] lo han embaucado», asegura Martínez, quien afirma que las compañías extranjeras que obtengan concesiones mineras intentarán pagar «migajas» en regalías.
