Blog

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este martes la imposición de aranceles del 25 % sobre las importaciones estadounidenses en respuesta a lo que ha calificado como la «guerra comercial» desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, una batalla ante la que reinvindicó el carácter canadiense: «no nos detendremos».

Trudeau, que se ha dirigido a la nación en una rueda de prensa en la que ha admitido que vienen tiempos «difíciles», aseguró que el Gobierno «defenderá los trabajos de los canadienses» y ha abogado por «desafiar» las «acciones ilegales» de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Asimismo, explicó que estos aranceles afectarán a $30,000 millones de importaciones estadounidenses y ha dado 21 días a Washington para retirar los gravámenes del 10 por ciento sobre las importaciones de energía. En caso contrario, ha amenazado con imponer tarifas adicionales a otros $125,000 millones de productos estadounidenses.

«Las tarifas de Estados Unidos han entrado en vigor y Canadá tiene que responder. … Vamos a demostrar que no hay ganadores en una guerra comercial. Tal y como hice hace un mes, quiero hablar directamente al pueblo estadounidense: no queremos esto», aseguró, al tiempo que ha mostrado su deseo de «entender».

«Los canadienses son razonables y educados, pero no nos detendremos una vez empiece la lucha», ha puntualizado. «Me gustaría entender. Pero nuestro mayor aliado está hablando ahora de forma cercana con un dictador y asesino: Putin», lamentó. «No recularemos si nuestro país está en juego», sostuvo.

En este sentido, ha incidido en su disposición a «trabajar» de forma conjunta con el que aún considera un país «amigo» y «aliado». «No queremos que el pueblo estadounidense sufra las consecuencias, pero el Gobierno estadounidense ha elegido hacerles esto», dijo antes de alertar del «dramático aumento» de la inflación y del «cierre de los mercados».

«Vuestro gobierno ha elegido poner a los trabajadores estadounidenses en peligro», ha lamentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que las fronteras canadienses «ya son seguras». Asimismo, ha acusado a Washington de elegir «sabotear su propia agenda» al «optar por socavar el increíble trabajo realizado de forma conjunta para luchar contra la lacra del fentanilo».

Medidas injustificadas entre aliados

Trudeau, que se dirigió directamente a Trump, al que ha recordado que «hicieron grandes cosas juntas en el pasado», ha manifestado que las tarifas carecen de «justificación alguna». En este sentido, ha afirmado que desconoce los verdaderos motivos del presidente estadounidense, al que insta a dar explicaciones.

«Tenemos que fijarnos en lo que parece haber dicho todo este tiempo, que quiere un completo colapso de la economía canadiense porque eso haría más fácil anexionarse Canadá. Esto nunca va a pasar, nunca vamos a ser el estado 51, pero sí, puede provocar daños a la economía canadiense, y ya ha empezado esta mañana», dijo.

No obstante, ha vuelto a recordar que «las familias estadounidenses también lo van a notar». «Esto va a dañar a la población a ambos lados de la frontera. Los estadounidenses van a pagar más por todo porque siempre hemos hecho las cosas mejor trabajando juntos, es como nos va mejor. Estamos abiertos a negociar para revisar la aduana, pero no seamos ingenuos», ha continuado.

Sus palabras llegan después de que la Administración Trump haya impuesto aranceles del 25 por ciento a las importaciones de productos canadienses en el marco de la nueva política comercial de la Casa Blanca, que ha suscitado numerosas críticas a nivel internacional.

Trudeau ya había adelantado el lunes a última hora que aplicaría medidas en represalia a las medidas arancelarias de Trump, que ha impuesto tasas del 25 por ciento a las importaciones de productos canadienses y mexicanos a pesar de haber pospuesto temporalmente la introducción de estos gravámenes a cambio de medidas contra el tráfico de drogas.

«Canadá no dejará que esta decisión injustificada quede sin respuesta. Responderemos con aranceles del 25 por ciento contra $155.000 millones de productos estadounidenses, comenzando con aranceles sobre $30.000 millones de forma inmediata y sobre los $125.000 millones restantes en 21 días», dijo entonces.

Bajo una fuerte presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la firma Hutchison de Hong Kong anunció el martes que acordó ceder su participación en la operación del Canal de Panamá y otras instalaciones portuarias a un consorcio estadounidense.

CK Hutchison Holdings venderá el 90% de sus acciones en Panama Ports Company (PPC) y otra serie de puertos a un grupo liderado por el gigante gestor de activos BlackRock por $19.000 millones, según un comunicado conjunto.

La venta del PPC «se llevará a cabo por separado una vez que el gobierno de Panamá confirme los términos propuestos para la compraventa«, indicó el comunicado.

Desde que asumió el poder el 20 de enero, Trump ha denunciado el supuesto control del Canal de Panamá por parte de China.

Trump incluso amenazó con retomar el control de la vía interoceánica, causando protestas en el país centroamericano.

Desde el 2000, la Autoridad del Canal de Panamá, una agencia del gobierno, gestiona y ha modernizado con éxito las vías navegables y esclusas, de más de un siglo de antigüedad, para permitir el paso de buques cada vez más grandes.
Un 5% del comercio mundial atraviesa el canal.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obliga al gobierno salvadoreño a publicar los informes sobre el uso de fondos públicos en la adopción del bitcoin, así como liquidar el monedero Chivo Wallet, cuyo dinero de los clientes pasará a resguardo del Banco Central de Reserva (BCR).

Como era de esperarse, el FMI afianzó varios compromisos sobre el bitcoin ante la petición de un programa por $1,400 millones en una carta de intención firmada por el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, y el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada.

El informe publicado por el FMI desgrana el paquete de compromisos asumidos por el gobierno para reducir al mínimo la exposición de la economía salvadoreña a los riesgos del bitcoin, el tema polémico que frenó por casi cuatro años las negociaciones.

Desde la adopción de la criptomoneda, en septiembre de 2021, el gobierno reservó una parte de la información sobre la adopción de la criptomoneda y lo poco que se ha conocido públicamente ha derivado de informes de calificadoras o reportes del FMI.

Para que el FMI realice los desembolsos del financiamiento acordado, además de la liberación de $3,500 millones con otros multilaterales, el gobierno de Nayib Bukele debe cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo en materia fiscal, transparencia y bitcoin.

Transparencia

El gobierno salvadoreño se comprometió a publicar los estados financieros resumidos sobre la billetera Chivo, donde se incluyan las políticas de gestión de liquidez y las transferencias hacia y desde el gobierno.

Además, publicará las direcciones públicas de todos los monederos electrónicos fríos de bitcoin en propiedad o bajo control del gobierno, previo a una segregación de los activos de los clientes.

Para julio de 2025, el gobierno tiene que publicar y adoptar un plan de negocios para poner fin al uso de fondos públicos y su participación en la Chivo Wallet, que, según el FMI, tiene un costo de 0.1 % del PIB cada año. Para ese mes también debe publicar los estados financieros de Chivo revisados por un auditor independiente, que permita la privatización de los servicios.

De igual manera, el gobierno liquidará el Fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin), creado en septiembre de 2021 para conversión de la criptomoneda y emisión de títulos valores después de la publicación de auditorías por parte de la Corte de Cuentas.

“Los dólares estadounidenses de los clientes de Chivo se resguardarán en el BCR y la participación pública en Chivo finalizará (a finales de julio de 2025)”, indica el FMI.

Freno a las compras

Como se había anticipado, el acuerdo también contempla que el gobierno limitará las compras de criptomonedas. “A lo largo del programa, las autoridades se han comprometido a no acumular bitcoins y a no emitir ni garantizar ningún tipo de deuda pública indexada o denominada en bitcoin o instrumentos tokenizados que impliquen una responsabilidad para el gobierno”, señala el informe del FMI.

Esto pone freno a una promesa del presidente Bukele de construir la Bitcoin City en La Unión, junto a minería de bitcoin, que se financiarían con la emisión de los “Bonos Volcán” por $1,000 millones.

Sin embargo, en la antesala de este acuerdo, la Oficina del Bitcoin continuó este lunes con las compras diarias de bitcoin, hasta alcanzar una reserva de 6,101 monedas.

El Fondo Monetario detalló que además existe el compromiso por parte de las autoridades salvadoreñas de publicar trimestralmente los estados financieros de otros fondos fiduciarios y empresas estatales involucradas en el proyecto de bitcoin, como la CEL que destinó un tramo de un pozo geotérmico para minería de bitcoin.

Tampoco se crearán nuevas entidades públicas que participen en operaciones de bitcoin, excepto si es necesario para administrar los activos existentes y de acuerdo con el personal.

Para mantener el “entorno adecuado a la innovación”, el gobierno entregará en agosto de 2025 una reforma para revisar la regulación y la supervisión de las actividades de criptoactivos de todos los agentes involucrados en el mercado.

“Las reformas legales serán fundamentales para fortalecer la integridad del mercado y las políticas de protección al consumidor (antifraude, antimanipulación, transparencia), así como para desarrollar la gobernanza, los marcos de datos, la solvencia, la liquidez, la segregación y otros requisitos prudenciales”, sostiene el FMI.