El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acorrala a los migrantes con medidas para incentivar la «autodeportación», una opción no exenta de riesgos.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) advirtió esta semana que «usará todas las herramientas disponibles para obligar a los inmigrantes ilegales a deportarse a sí mismos». Para ello rescataron una norma de la legislación estadounidense que no se aplicaba desde los años 1960.
El DHS insta a los migrantes a inscribirse en un registro, con sus datos personales y huellas dactilares. Si no lo hacen se considerará «un delito» que podría sancionarse con «una multa, prisión, o ambas», informó en un comunicado. Está por ver el efecto que tiene esta decisión en los migrantes en situación irregular, que probablemente se lo piensen dos veces antes de registrarse.
Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington, afirma que los extranjeros que se encuentran en el país sin autorización «ya son deportables» de por sí, «por lo que agregar este requisito de registro y crear una posible nueva carga para el sistema judicial no crea una nueva herramienta para la expulsión».
Ayudaría al DHS «a identificar a personas de las que no está al tanto por otros medios», explica a la AFP, pero incluso «muchos estarían exentos de este requisito». Cita a aquellos acogidos a programas humanitarios, los que ya están en proceso de deportación, y los extranjeros «que se quedaron más tiempo del permitido por su visa».
Para Lee Gelernt, director adjunto del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la decisión de «resucitar un registro» no podría ser más contraria «a los valores estadounidenses».
«Rememora tiempos que nuestro país ha tratado de dejar atrás», declaró a la AFP.
Pero el gobierno estrecha el cerco.
En la red social X, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció que los migrantes solo podrán usar la aplicación de teléfono móvil CBP One, a la que Trump puso fin por decreto, para casos de autodeportación o para traslados «entre centros de detención».
Los expertos advierten que el abandono voluntario de un país debido al miedo a ser deportado o a la incertidumbre puede llevar a algunos migrantes a dar el paso, incluso para evitar sanciones, pero deben calcular las consecuencias.
Por ejemplo, dependiendo del tiempo que lleve en el país, podría exponerse a prohibiciones de entrada de 3 a 10 años o incluso de por vida en algunos casos, y también podría restarles posibilidades de conseguir una visa o un permiso de residencia en el futuro.
«La decisión de autodeportarse no debe tomarse a la ligera», afirma en su página web ATT LAW, un bufete de abogados de inmigración.
Una de las consecuencias «es el impacto en la reentrada», que «podría ser difícil, exigiendo el cumplimiento de estrictas leyes de inmigración y posibles periodos de espera», añade.
En un comunicado el DHS considera sin embargo «la autodeportación masiva obligatoria» como «un camino más seguro para los extranjeros y las fuerzas del orden».
No solo eso, sino que se felicita de que «ahorra dólares a los contribuyentes estadounidenses».
Y hacer negocio es esencial para Trump, un expromotor inmobiliario que se propone vender un nuevo tipo de permiso de residencia llamado «tarjetas doradas» por un precio de 5 millones de dólares.
Traerá, según él, a «los ricos», quienes «tendrán éxito, gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente», aseguró esta semana.
El gobierno quiere que estas tarjetas doradas sustituyan un programa similar, el EB-5, creado para aquellos extranjeros que realicen inversiones de una cierta cantidad en el país.
