Blog

Hasta hace pocos años, en estas tres palabras se resumían las principales realidades de alto riesgo que marcaban la dura y difícil vida de la adolescencia y la juventud que poblaba los territorios donde perennemente se han paseado –como parte de un injusto entorno– la pobreza extendida y la patente falta de oportunidades en las que han permanecido estos grupos poblacionales, en notoria discordancia con las condiciones diametralmente distintas que caracterizan la existencia suntuosa y derrochadora propia de quienes dentro de los mismos rangos etarios nacieron en «cuna de oro» dentro de El Salvador.

Es la descarnada desigualdad que encierra el contraste marcado entre dos ambientes históricamente configurados en nuestra sociedad: el segundo corresponde al de las minorías platudas y el primero al de las mayorías populares.

Con el «bukelato» inaugurado el 1 de junio del 2019, cabe preguntar si ahora que nos estamos encaminando hacia el primer aniversario de su inconstitucionalidad plena oficialmente coronada, continúan vigentes esas tres condiciones que afectan negativamente la existencia de esa buena parte de nuestra población. ¿Sí o no? ¿Por qué? Veamos.

La primera ha crecido en decenas de miles de personas privadas de libertad desde el 27 de marzo del 2022 cuando, tras la matazón ocurrida ese fin de semana, arrancó el régimen de excepción decretado por la anterior legislatura del todo sumisa a los dictados de Bukele; obediente esa igual que la actual, dicho teatro militarizado se ha ido renovando mensualmente y está a punto de cumplir sus primeros tres años sin que asomen en el horizonte señales de su final, ni en el mediano plazo y mucho menos en el corto. Con semejante escenario vigente, este país se convirtió en el que hoy puede «presumir» el oficialismo de ocupar el primerísimo lugar mundial en cuanto a población encarcelada por cada cien mil habitantes: 1659 a marzo del 2024. A estas alturas, esa cifra ha crecido. Human Rigths Watch denunció en julio del mismo año «graves abusos en contra de niños, niñas y adolescentes» cuya detención tuvo lugar en «comunidades de bajos ingresos».

Sobre el destierro, según autoridades migratorias de México, en el 2023 fueron detenidas en ese país 774 personas salvadoreñas menores de dieciocho años de edad; en el 2024 la cifra creció bastante: alcanzó las 3046. De esta última cantidad, 1458 tenían entre cero y once años; 814, estaban comprendidas entre los doce y los diecisiete.

Acerca del entierro, sería una pendejada de mi parte negar la reducción evidente de muertes violentas intencionales en nuestra comarca. Esa tendencia inició durante la segunda mitad del periodo presidencial de Sánchez Cerén y se profundizó sustancialmente luego de que Bukele lo sustituyera, dejando atrás la estrategia que incluía las llamadas «medidas extraordinarias» y el sicariato que asesinaba o desaparecía a quienes señalaban como integrantes de maras. Bukele retomó las negociaciones y los acuerdos con los liderazgos de estos grupos criminales, tal como pasó durante la administración Funes, hasta que ocurrió lo que ocurrió el fin de semana sangriento que «justificó» la imposición del citado régimen «excepcional», totalmente normalizado un trienio después.

Pero las muertes violentas inaceptables ‒independientemente de si la víctimas es golpeada, agredida con algún tipo de arma o desatendida clínicamente‒ continúan en las prisiones salvadoreñas. No en «la más grande de América Latina», el Centro de Confinamiento del Terrorismo más conocido como «el CECOT», motivo de orgullo y jactancia por parte del inconstitucional usurpador de la silla presidencial. No. Esas defunciones imputables a las autoridades estatales se consuman en las jaulas que integran el infernal sistema penitenciario nacional, inmundas y saturadas de carne humana en proceso de descomposición. Recientemente circularon las conmovedoras y duras escenas de un ciudadano indignado denunciando esas crueldades, ante los restos humanos de un familiar fallecido en chirona sin haber pertenecido a alguna agrupación pandilleril del país.

Y también estamos presenciando el entierro de la educación estatal primaria, secundaria y universitaria de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Luego de haberse llenado la boca alardeando que remodelaría o reconstruiría las más de cinco mil escuelas públicas existentes, estamos presenciando otra cosa totalmente diferente: las están cerrando, desmantelando o utilizando para otros fines. Y la única casa de estudios superiores al alcance de los sectores populares, la está asfixiando. Ni con las maras se incrementó tanto como hoy la deserción del alumnado a todo nivel.

Esa es nuestra realidad actual, abajo y adentro del país que Bukele ofrece arriba y afuera a inversionistas millonarios de otras nacionalidades y en ocasiones de dudosas trayectorias, con todas las extremidades abiertas para su desguace y destace. ¿Lo vamos a seguir permitiendo? En nuestra conciencia y capacidad de indignación, que no debemos perder, está la respuesta.