La Asamblea Legislativa ratificó, en una segunda sesión plenaria de este mismo martes, dos reformas a la Constitución de la República para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otra para eliminar el mínimo de presupuesto que debe recibir el Órgano Judicial.
Los diputados completaron las dos reformas constitucionales en menos de siete horas, en un proceso que inició poco después de las 12 del mediodía y concluyó a las 6:55 p.m. de este martes.
Casi a las 6:00 de la tarde, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que tenía en su poder las constancias de publicaciones del Diario Oficial de los acuerdos de reforma constitucional número 4 y 5, sobre las reformas a los artículos 208 y 172 de la Constitución, respectivamente. Por ello, solicitó introducir la ratificación de ambas reformas constitucionales aprobadas al inicio de la tarde de este mismo martes.
La dispensa de trámites y la ratificación de la reforma constitucional al artículo 208, sobre el TSE, fue aprobada con 57 votos y 3 en contra, de Arena y Vamos.
La primera reforma indica que los cinco magistrados del TSE “durarán seis años en sus funciones” y ya no cinco años. Transitoriamente el periodo de los actuales magistrados del TSE iniciado el 26 de septiembre de 2024 y que concluía el 1 de julio de 2029 “finalizará anticipadamente el 1 de julio de 2027, con el propósito de lograr una sincronía temporal con el periodo para el que resulte elegido el presidente y vicepresidente de la república”.
La segunda reforma constitucional ratificada elimina la disposición que ordenaba que el Órgano Judicial debía recibir al menos el 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Esa disposición, del artículo 172, fue sustituida por: “El Órgano Judicial dispondrá anualmente, según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.
Las reformas fueron calificadas de inconstitucionales e ilegítimas, además de que señalaron que no queda garantía para la independencia judicial.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que las reformas no están publicadas materialmente en el sitio web del Diario Oficial ya que el último Diario Oficial publicado es del 10 de diciembre.
«No es válido hacer una ratificación de los acuerdos aprobados en este mismo día. Eso solo es en tema de procedimiento. ¿Cuál es la prisa?, ¿cuál es el miedo?», exclamó Ortiz. Consideró que este cambio es «inconstitucional, ilegítimo e ilegal».
La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el mecanismo de ratificación de las reformas constitucionales permitido con el nuevo artículo 248 reformado por Nuevas Ideas que habilitó la reforma constitucional en una sola legislatura.
«Nosotros como Asamblea Legislativa, según la Constitución y porque fuimos electos por el pueblo salvadoreño de manera directa, tenemos facultades para proponer un acuerdo de reforma constitucional como para ratificarlo en este mismo periodo siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 248», indicó Callejas.
Callejas también defendió la reforma que extiende el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para homologarlo al periodo presidencial.
La diputada Ortiz indicó que Callejas «no ha respondido» a su observación sobre la falta de publicación en el Diario Oficial. «La publicación y no solo el mero acto formal, sino la publicación efectiva, es un requisito indispensable para que este proceso de reforma constitucional sea legítimo y sea legal», indicó.
En respuesta, Callejas enfatizó en que se «ha y se está cumpliendo» con la Constitución ya que han visto la certificación del Diario Oficial y por la legitimidad que la población les ha dado.
En la votación de la ratificación del segundo acuerdo constitucional, la diputada Ortiz insistió en que el proceso de reforma constitucional aprobado este 16 de diciembre «es inconstitucional» y que «no es algo inocente».
«Alteran el diseño básico de un Estado de derecho, alteran definitivamente un sistema donde existen pesos y contrapesos al poder político, y hace que El Salvador avance hacia una peligrosa concentración de poder», indicó Ortiz.
Según la diputada de Vamos, los inversionistas en El Salvador que entren en una disputa con el Estado «estarán sometido a un juez que puede tener el temor de no fallar con base al derecho porque a la vuelta del año siguiente su plaza puede ser suprimida por recortes presupuestarios».
